Las elecciones municipales y regionales del presente año deben estar rodeadas de las máximas garantías de imparcialidad por parte del gobierno nacional y de los regionales y locales. Elegir a nuestras autoridades es práctica democrática regular, por lo que los procesos respectivos no deben significar interrupciones ni alteraciones de ninguna clase. Es una muestra de madurez cívica y un indicador de crecimiento, pues apunta a la consolidación de mecanismos que requieren ser sólidos y permanentes.
Es con ese objetivo que el gobierno alista un marco normativo para garantizar la absoluta neutralidad de los funcionarios del Estado durante el proceso electoral regional y local que se avecina. Quienquiera que lo viole, utilizando los recursos y bienes del Estado para algún propósito de carácter electoral, se hará pasible de sanciones, incluyendo la destitución. Limpios, imparciales, transparentes y libres de todo cuestionamiento deben ser estos comicios, como adelanto de los generales que se celebrarán en el 2011.
Pero no sólo se trata de normas sino de señales claras que el gobierno está en la obligación de dar, más aún si desde diversos sectores y no pocas veces se le ha acusado de hacer proselitismo político con los programas sociales y otras actividades de gobierno. La reiterada aparición de Carlos Arana, por ejemplo, no ha hecho si no echar más leña al fuego. Por ello es un reto contra su propia maquinaria partidaria la aseveración del premier Javier Velásquez Quesquén de que el gobierno va a ser severo en expulsar en la administración pública a aquel funcionario que pretenda desnaturalizar el proceso electoral interviniendo interesadamente. A los servidores nombrados se les aplicará las sanciones previstas en el DL 76 y a los de confianza se les separará inmediatamente.
El primer interesado en que los comicios de este año y del próximo no tengan la más mínima sombra es el propio gobierno. Por eso debe extremar las medidas de precaución y demostrar con acciones que no tolerará ni menos alentará cualquier intervención del poder político en los procesos electorales. Por cierto eso no significa que dejará de gobernar; al contrario, tiene que seguir haciéndolo porque para ello fue elegido. Gobernar sin distraerse ni supeditar su accionar al desenvolvimiento de los procesos electorales.
Es en este contexto y con estos antecedentes, que resulta bienvenida la normatividad anunciada. Pero no sólo ella sino su aplicación efectiva cuando sea menester. De esta forma, nuestra democracia ganará y las elecciones municipales, regionales y generales ad portas serán fiel reflejo de lo que a nivel político pretende este año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú.
EXPRESO
Es con ese objetivo que el gobierno alista un marco normativo para garantizar la absoluta neutralidad de los funcionarios del Estado durante el proceso electoral regional y local que se avecina. Quienquiera que lo viole, utilizando los recursos y bienes del Estado para algún propósito de carácter electoral, se hará pasible de sanciones, incluyendo la destitución. Limpios, imparciales, transparentes y libres de todo cuestionamiento deben ser estos comicios, como adelanto de los generales que se celebrarán en el 2011.
Pero no sólo se trata de normas sino de señales claras que el gobierno está en la obligación de dar, más aún si desde diversos sectores y no pocas veces se le ha acusado de hacer proselitismo político con los programas sociales y otras actividades de gobierno. La reiterada aparición de Carlos Arana, por ejemplo, no ha hecho si no echar más leña al fuego. Por ello es un reto contra su propia maquinaria partidaria la aseveración del premier Javier Velásquez Quesquén de que el gobierno va a ser severo en expulsar en la administración pública a aquel funcionario que pretenda desnaturalizar el proceso electoral interviniendo interesadamente. A los servidores nombrados se les aplicará las sanciones previstas en el DL 76 y a los de confianza se les separará inmediatamente.
El primer interesado en que los comicios de este año y del próximo no tengan la más mínima sombra es el propio gobierno. Por eso debe extremar las medidas de precaución y demostrar con acciones que no tolerará ni menos alentará cualquier intervención del poder político en los procesos electorales. Por cierto eso no significa que dejará de gobernar; al contrario, tiene que seguir haciéndolo porque para ello fue elegido. Gobernar sin distraerse ni supeditar su accionar al desenvolvimiento de los procesos electorales.
Es en este contexto y con estos antecedentes, que resulta bienvenida la normatividad anunciada. Pero no sólo ella sino su aplicación efectiva cuando sea menester. De esta forma, nuestra democracia ganará y las elecciones municipales, regionales y generales ad portas serán fiel reflejo de lo que a nivel político pretende este año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú.
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