Habida cuenta del respaldo que el Tribunal Constitucional ha dado al fuero castrense, es pertinente y oportuno que el Tribunal Supremo Militar Policial haya anunciado que presentará al Ejecutivo un proyecto de nuevo código de justicia militar que actualice el vigente y que dé a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales el más moderno instrumento legal para su labor.
La justicia militar es uno de los soportes institucionales de nuestras Fuerzas Armadas. En este sentido, un nuevo código, además de sustituir al actual que se encuentra desfasado, dará a los soldados y custodios del orden seguridad jurídica efectiva, de tal suerte que sus delitos sean juzgados y castigados pero bajo una óptica distinta, supuesto que fueron cometidos en circunstancias que el fuero común no puede evaluar adecuadamente. En este sentido son pertinentes las declaraciones del presidente del tribunal, Carlos Mesa Angosto, quien señala que muchas veces los militares que combaten en el VRAE a terroristas y narcotraficantes son juzgados como asesinos. Esa acción mina la moral de militares y policías que a cambio de su labor reciben el menosprecio de instituciones que deberían ser tutelares de su integridad. Orden y disciplina, sí. Castigo ejemplar para quienes cometen delitos de función, también. Pero de ninguna manera cacería de brujas ni juicios mediáticos anticipados en los cuales se puede apreciar claramente la mano de algunas ongs políticas que, desgraciadamente, se han enseñoreado en el Poder Judicial aprovechando su influencia para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y pretender direccionar los juicios en que se ven envueltos algunos de sus miembros.
A la presentación del nuevo código, se sumará la unificación de las zonas judiciales y un estímulo especial al tema de capacitación, de tal manera de proveer a todos cuantos integran y laboran en el fuero de las herramientas necesarias para un mejor desempeño profesional.
La justicia castrense ha sufrido en los últimos años la indiferencia cuando no el ataque de grupos interesados en su desaparición, bajo el discriminador enfoque que supone hablar de “sociedad civil” en soterrada exclusión de la que sería la “sociedad militar”. No hay tal. Sólo hay una sociedad, en la que civiles y militares están llamados por igual a la defensa de las instituciones y de la democracia. Pero en la estrategia global y local del extremismo y la de sus tontos útiles, separar a los militares de los civiles es el primer paso para aislar a las Fuerzas Armadas de la población. En esa línea han impulsado desde hace tiempo la desaparición del fuero militar-policial, objetivo insano que felizmente no ha calado en la opinión pública ni ha recibido el respaldo de la gran mayoría de instituciones del país.
EXPRESO
La justicia militar es uno de los soportes institucionales de nuestras Fuerzas Armadas. En este sentido, un nuevo código, además de sustituir al actual que se encuentra desfasado, dará a los soldados y custodios del orden seguridad jurídica efectiva, de tal suerte que sus delitos sean juzgados y castigados pero bajo una óptica distinta, supuesto que fueron cometidos en circunstancias que el fuero común no puede evaluar adecuadamente. En este sentido son pertinentes las declaraciones del presidente del tribunal, Carlos Mesa Angosto, quien señala que muchas veces los militares que combaten en el VRAE a terroristas y narcotraficantes son juzgados como asesinos. Esa acción mina la moral de militares y policías que a cambio de su labor reciben el menosprecio de instituciones que deberían ser tutelares de su integridad. Orden y disciplina, sí. Castigo ejemplar para quienes cometen delitos de función, también. Pero de ninguna manera cacería de brujas ni juicios mediáticos anticipados en los cuales se puede apreciar claramente la mano de algunas ongs políticas que, desgraciadamente, se han enseñoreado en el Poder Judicial aprovechando su influencia para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y pretender direccionar los juicios en que se ven envueltos algunos de sus miembros.
A la presentación del nuevo código, se sumará la unificación de las zonas judiciales y un estímulo especial al tema de capacitación, de tal manera de proveer a todos cuantos integran y laboran en el fuero de las herramientas necesarias para un mejor desempeño profesional.
La justicia castrense ha sufrido en los últimos años la indiferencia cuando no el ataque de grupos interesados en su desaparición, bajo el discriminador enfoque que supone hablar de “sociedad civil” en soterrada exclusión de la que sería la “sociedad militar”. No hay tal. Sólo hay una sociedad, en la que civiles y militares están llamados por igual a la defensa de las instituciones y de la democracia. Pero en la estrategia global y local del extremismo y la de sus tontos útiles, separar a los militares de los civiles es el primer paso para aislar a las Fuerzas Armadas de la población. En esa línea han impulsado desde hace tiempo la desaparición del fuero militar-policial, objetivo insano que felizmente no ha calado en la opinión pública ni ha recibido el respaldo de la gran mayoría de instituciones del país.
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