La abierta acusación hecha por el presidente Alan García de que presidentes regionales y alcaldes no hacen obras ni las permiten hacer a los núcleos ejecutores, debe ser respondida de inmediato por los implicados.
Y algo más: debe el Ejecutivo dejar perfectamente aclarado que los núcleos ejecutores están libres de manipulación política y que las obras que llevarán a cabo recogen el sentir mayoritario de la población regional y local.
Sin embargo, hay una cifra que quita autoridad moral a las autoridades políticas regionales y ediles: en general no han podido invertir más del 60 por ciento de sus presupuestos. Al respecto, ellas alegan que las normas del Ejecutivo son una verdadera camisa de fuerza que les impide concretar sus proyectos de inversión. Sin embargo con esas mismas normas, el gobierno central ha sobrepasado la valla del 80 por ciento. Por cierto, la lejanía y la falta de capacidades en provincias del medio rural, son un factor a considerar pero también lo es una natural inercia y dependencia en los medios locales que a veces bloquean las iniciativas.
Hay, además, otro hecho que debemos evaluar. Desde octubre en que el Ejecutivo lanzó oficialmente la iniciativa legal para que por medio de grupos organizados de vecinos, denominados núcleos ejecutores, se realicen obras de infraestructura en todo el país, la respuesta de gobiernos regionales y municipios ha sido muy pobre. ¿Por qué ha sido así si lo que falta son, precisamente, obras y qué mejor que éstas sean impulsadas por la propia población?
No puede ensayarse una respuesta apropiada si no se reconocen dos cosas. De un lado, las autoridades electas desconfían de las iniciativas gubernamentales porque ven en ellas un intento de aprovechamiento político. De otro, también desconfían de la población y cuestionan su rol fiscalizador.
El proceso de descentralización es arduo y complejo y va dejando varias enseñanzas. La principal es que deben crearse nuevos modelos de gestión y de participación que dobleguen la inercia y favorezcan la vigilancia ciudadana, única forma para controlar cualquier manipulación desde los niveles nacional, regional y local. Los núcleos ejecutores per se son una buena modalidad para impulsar las inversiones del desarrollo, pero pueden ser desnaturalizados por el clientelismo político. Sin embargo, con participación de la ciudadanía es posible garantizar su efectividad y continuidad.
Presidentes regionales y alcaldes deben responder al jefe del Estado, pero más que con palabras con obras, el gran lenguaje del desarrollo que tenemos que acostumbrarnos a hablar en el país como una política de Estado.
EXPRESO
Y algo más: debe el Ejecutivo dejar perfectamente aclarado que los núcleos ejecutores están libres de manipulación política y que las obras que llevarán a cabo recogen el sentir mayoritario de la población regional y local.
Sin embargo, hay una cifra que quita autoridad moral a las autoridades políticas regionales y ediles: en general no han podido invertir más del 60 por ciento de sus presupuestos. Al respecto, ellas alegan que las normas del Ejecutivo son una verdadera camisa de fuerza que les impide concretar sus proyectos de inversión. Sin embargo con esas mismas normas, el gobierno central ha sobrepasado la valla del 80 por ciento. Por cierto, la lejanía y la falta de capacidades en provincias del medio rural, son un factor a considerar pero también lo es una natural inercia y dependencia en los medios locales que a veces bloquean las iniciativas.
Hay, además, otro hecho que debemos evaluar. Desde octubre en que el Ejecutivo lanzó oficialmente la iniciativa legal para que por medio de grupos organizados de vecinos, denominados núcleos ejecutores, se realicen obras de infraestructura en todo el país, la respuesta de gobiernos regionales y municipios ha sido muy pobre. ¿Por qué ha sido así si lo que falta son, precisamente, obras y qué mejor que éstas sean impulsadas por la propia población?
No puede ensayarse una respuesta apropiada si no se reconocen dos cosas. De un lado, las autoridades electas desconfían de las iniciativas gubernamentales porque ven en ellas un intento de aprovechamiento político. De otro, también desconfían de la población y cuestionan su rol fiscalizador.
El proceso de descentralización es arduo y complejo y va dejando varias enseñanzas. La principal es que deben crearse nuevos modelos de gestión y de participación que dobleguen la inercia y favorezcan la vigilancia ciudadana, única forma para controlar cualquier manipulación desde los niveles nacional, regional y local. Los núcleos ejecutores per se son una buena modalidad para impulsar las inversiones del desarrollo, pero pueden ser desnaturalizados por el clientelismo político. Sin embargo, con participación de la ciudadanía es posible garantizar su efectividad y continuidad.
Presidentes regionales y alcaldes deben responder al jefe del Estado, pero más que con palabras con obras, el gran lenguaje del desarrollo que tenemos que acostumbrarnos a hablar en el país como una política de Estado.
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