En la medida en que importantes grupos de ciudadanos estén al margen de los beneficios de la ley, no podremos garantizar la gobernabilidad del país
Por: Beatriz Boza
Un fin de mes complicado, interna y externamente. Dos policías muertos en el desalojo de los invasores del Bosque de Pomac en Lambayeque, después de seis años de invasión en los que no se ha hecho nada. 86 nuevos 'petroaudios' que aparecen 'así no más' esta semana --¿por qué no antes?-- cuando se discute la ley contra el 'chuponeo'. Una sentencia del máximo tribunal constitucional permite que un trabajador de limpieza asista borracho a trabajar por ser la primera vez. Todo ello en un contexto de creciente descrédito del principio de autoridad, sensación de inseguridad ciudadana y poca confianza en la administración de justicia en el país.
El mensaje es claro: "Si te invaden tienes que esperar seis años para recuperar tu propiedad, y eso solo si logras voluntad política. Además, en el Perú, no hables por teléfono porque no está garantizada la confidencialidad de las telecomunicaciones. Y las empresas no pueden despedir a un trabajador que va a trabajar en estado de ebriedad". No sorprende pues que solo 18% de la población tenga confianza en el Poder Judicial según la Universidad de Lima y que solo 21% crea en la palabra de un abogado, 18% de un juez, 14% de un funcionario público y 5% de un político, según Ipsos.
Un grupo de abogados 'top' del país han decidido contribuir a transformar esa realidad. 22 de los principales estudios de abogados están sumando esfuerzos para articular un sistema que potencie la labor de las entidades públicas y privadas ya existentes que ofrecen servicios legales gratuitos, franqueando así acceso a la justicia para las personas más pobres y vulnerables. Esta iniciativa no tiene precedentes en nuestro medio y por su naturaleza y potencial alcance aporta un importante grano de esperanza en medio de tanto descrédito y corrupción. Implica que 600 abogados 'top' den asesoría legal gratuita, contando así con una oferta de más de 12 mil horas de trabajo profesional calificado gratis cada año. Es un compromiso concreto que evidencia la responsabilidad social del abogado en nuestro medio.
Es que en la medida en que importantes grupos de ciudadanos estén al margen de los beneficios de la ley por carecer de los medios para hacer valer sus derechos, no podremos garantizar la gobernabilidad del país y sin un adecuado funcionamiento del sistema de justicia no podemos lograr el desarrollo de nuestra sociedad. Los abogados 'top' están 'mojándose' para contribuir a cambiar esta realidad.
EL COMERCIO
Por: Beatriz Boza
Un fin de mes complicado, interna y externamente. Dos policías muertos en el desalojo de los invasores del Bosque de Pomac en Lambayeque, después de seis años de invasión en los que no se ha hecho nada. 86 nuevos 'petroaudios' que aparecen 'así no más' esta semana --¿por qué no antes?-- cuando se discute la ley contra el 'chuponeo'. Una sentencia del máximo tribunal constitucional permite que un trabajador de limpieza asista borracho a trabajar por ser la primera vez. Todo ello en un contexto de creciente descrédito del principio de autoridad, sensación de inseguridad ciudadana y poca confianza en la administración de justicia en el país.
El mensaje es claro: "Si te invaden tienes que esperar seis años para recuperar tu propiedad, y eso solo si logras voluntad política. Además, en el Perú, no hables por teléfono porque no está garantizada la confidencialidad de las telecomunicaciones. Y las empresas no pueden despedir a un trabajador que va a trabajar en estado de ebriedad". No sorprende pues que solo 18% de la población tenga confianza en el Poder Judicial según la Universidad de Lima y que solo 21% crea en la palabra de un abogado, 18% de un juez, 14% de un funcionario público y 5% de un político, según Ipsos.
Un grupo de abogados 'top' del país han decidido contribuir a transformar esa realidad. 22 de los principales estudios de abogados están sumando esfuerzos para articular un sistema que potencie la labor de las entidades públicas y privadas ya existentes que ofrecen servicios legales gratuitos, franqueando así acceso a la justicia para las personas más pobres y vulnerables. Esta iniciativa no tiene precedentes en nuestro medio y por su naturaleza y potencial alcance aporta un importante grano de esperanza en medio de tanto descrédito y corrupción. Implica que 600 abogados 'top' den asesoría legal gratuita, contando así con una oferta de más de 12 mil horas de trabajo profesional calificado gratis cada año. Es un compromiso concreto que evidencia la responsabilidad social del abogado en nuestro medio.
Es que en la medida en que importantes grupos de ciudadanos estén al margen de los beneficios de la ley por carecer de los medios para hacer valer sus derechos, no podremos garantizar la gobernabilidad del país y sin un adecuado funcionamiento del sistema de justicia no podemos lograr el desarrollo de nuestra sociedad. Los abogados 'top' están 'mojándose' para contribuir a cambiar esta realidad.
EL COMERCIO
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