Frente a decisión del juez penal de investigarlos por el “chuponeo telefónico”
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Los presuntos autores intelectuales del sonado caso de los “petroaudios”, identificados por el fiscal provincial especializado contra el crimen organizado, Walter Milla López, fugaron del país entre gallos y medianoche, luego de haber sido alertados de que el juez Edwin Yalico Contreras había dispuesto comprenderlos en la investigación judicial.
Nos estamos refiriendo al propietario y presidente ejecutivo de la empresa petrolera Petro-Tech, el ciudadano norteamericano William Kallop, quien viajó a Miami en los primeros minutos de la madrugada del viernes 16 de los corrientes acompañado de su esposa, Cristina Nevall Vásquez de Velasco.
También, su brazo derecho, el director ejecutivo de Petro-Tech, el abogado Alberto Varillas Cueto, quien emprendió acelerada partida del país al borde de la medianoche el lunes 19 con destino a México, seguido de su esposa, la periodista Rosa María Augusta Palacios Mac Bride, quien explicó al cerrar su programa del canal 4 TV, la noche del viernes, que se iba de vacaciones por unos días.
Pero en realidad su explicación no convenció a nadie porque es público que tomó vacaciones en la segunda quincena de Navidad en Santiago de Chile, donde se dio tiempo para transmitir un despacho noticioso vía satélite.
Estrategia al descubierto
El precipitado abandono del país de Kallop y Varillas confirmó plenamente las informaciones exclusivas de LA RAZÓN sostenidas diariamente desde el 6 de octubre, al día siguiente de la difusión de los cuatro primeros del total de 13 entregas.
En estas ediciones revelamos que PetroTech había ordenado los “chuponeos telefónicos” para vengarse de Perupetro, porque le había apretado la billetera obligándole a pagar 36 millones de dólares por impuestos impagos, traerse abajo a las empresas estatales Perupetro y Petroperú por haber apoyado la fórmula de alianza con Discover que le ganó cinco lotes petroleros en un concurso, y acelerar sus privatizaciones.
Y también castigar a Rómulo León Alegría por supuestamente haber facilitado la alianza de la empresa estatal con la noruega Discover Petroleum y contra Alberto Químper por supuestamente haber facilitado información privilegiada a los noruegos en su condición de ex abogado tributario de Petro-Tech, a la que renunció por desavenencias salariales.
Business Track SAC
Los nuevos protagonistas del “petroescándalo” se suman de esta manera a Alberto Químper Herrera, detenido desde el pasado 7 de octubre; Rómulo León Alegría, igualmente privado de su libertad desde el 14 de noviembre y a siete miembros de la empresa Business Track SAC, encausados como autores materiales de los “chuponeos telefónicos”, encarcelados desde el ocho de los corrientes.
Estos son: el contralmirante (r) Carlos Manuel Ponce Feijoo, conocido como “Chito “Ponce”; el capitán de navío (r) Carlos Alberto Tomasio de Lámbarri; los oficiales de mar en actividad Martín Fernández Vírhuez y Jesús Manuel Ojeda Angles, el oficial de mar (r) Jesús Juan Tirado Seguín; y la civil Giselle Mayra Giannotti Grado, analista de inteligencia, especializada en sistemas de seguridad de información.
La decisión del juez Edwin Yalico cogió de sorpresa a los ejecutivos de Petro-Tech. Kallop se hallaba en la noche del jueves 15 disfrutando de una cena, acompañado de su esposa, en el restaurante “La Gloria” de Miraflores, cuando recibió la inesperada visita de un conocido que se acercó y le dijo al oído más o menos lo siguiente: “El juez te ha comprendido en la investigación a ti y a Alberto (Varillas)”. El petrolero pidió la cuenta y habló algunos minutos con su esposa.
Luego, ambos se dirigieron al aeropuerto internacional “Jorge Chávez”, donde sin pérdida de tiempo abordaron una nave de LAN Chile, y salieron a las 0.55 de la madrugada del viernes 16 con destino a Miami.
“Arreglénselas”
Antes de viajar Kallop, según las fuentes, se comunicó telefónicamente con otros dos personajes, que estarían también involucrados igualmente en los “petroaudios”: el abogado Rafael Fernández Stoll, subgerente general de Petro-Tech y Rosie Gadea Benavides, adjunta al presidente ejecutivo, a los que les dijo secamente: “Ustedes arréglenselas como puedan”.
La fuga de Kallop no ha constituido ninguna sorpresa, porque ya estaba advertido de que se iba a producir el desenlace, tanto que se había adelantado y programado la venta de su empresa por 1,500 millones de dólares en la bolsa de Estados Unidos, a un consorcio conformado por una empresa coreana (50%) y la diferencia a un consorcio internacional aún no plenamente identificado.
El desenlace de esta historia en realidad se veía venir desde que el presidente de Perupetro, Daniel Saba, advirtiera en las páginas de LA RAZÓN, el 23 de octubre del año pasado, que detrás del espionaje se encontraba “una empresa que durante mi gestión se ha visto obligada a pagar millones de dólares y que está relacionada con el medio de comunicación que hizo la denuncia”.
Primera revelación
Saba se refirió así a la pugna que sostuvo su empresa con Petro-Tech para que esta pague una millonaria deuda por impuestos impagos, y que dos administraciones anteriores de Perupetro, sometidas a Petro-Tech, no hicieron ningún esfuerzo por cobrarle. La empresa fue amenazada por Saba con rescisión de la concesión y finalmente pagó a regañadientes, primero US$ 22’358,179.15 en julio y 16’273,471.34 en octubre, inmediatamente después del escándalo.
Respecto al medio comunicación mencionado por Saba, no había necesidad de ser criptógrafo para entender que se refería a América Televisión, donde labora la periodista Rosa María Palacios, esposa de Varillas.
LA RAZÓN reveló en los días siguientes que se pagó un millón de dólares a la empresa ‘chuponeadora’. Ahora se sabe que es Business Track SAC, la que habría utilizado un abogado conocido, que falta ser identificado, aunque todo indica que se trataría de José Ugaz Sánchez Moreno, quien ha estado ligado estrechamente con Petro-Tech, por haber sido su abogado entre el 2003 y 2005 con el sueldo dorado de 30,000 mil dólares mensuales.
Según fuentes a las que accedió nuestra Unidad de Investigación, Ugaz habría recomendado a Fernández Stoll y Rosie Gadea la contratación de Business Track para realizar los “chuponeos” a León y Químper, y una vez que los audios estuvieron listos, el propio Ugaz se encargó de contactar al periodista Fernando Rospigliosi, y luego ambos los editaron y entregaron, en total 13 audios, a los integrantes de la Unidad de Investigación de “El Comercio”.
Ugaz en la escena
El propio Ugaz fue visto en compañía de un periodista de esa casa editora que ha sido comprendido en la investigación penal. Este preparó un informe periodístico que debió ser publicado el 28 de setiembre, pero un día antes el nuevo director, Francisco Miró Quesada Rada, suspendió la publicación al darse cuenta de las características mafiosas de los promotores de la difusión y despidió a los periodistas responsables y al propio Ugaz, que se desempeñaba como asesor legal.
En vista de la defección del diario decano, Ugaz y Rospigliosi entregaron cuatro audios al programa “Cuarto Poder” de América Televisión, donde también trabaja María Palacios, esposa de Varillas, realizándose su difusión en la noche del domingo 5 de octubre. Fue el inicio del escándalo.
LA RAZÓN, en su serie de 11 capítulos titulada “La historia secreta del chuponeo”, puso al descubierto la participación de otros alfiles de la empresa petrolera, como Cecilia Blume, ex viceministra de Economía durante la gestión del ex titular del MEF, Pedro Pablo Kuczynski
Red al descubierto
Blume, sin que se haya producido el estallido del petroescándalo, salió a los medios de comunicación a desacreditar el triunfo de la empresa noruega Discover Petroleum, asociada con Petroperú, en el concurso de 22 lotes petroleros organizado por Perupetro, donde ganó cinco lotes apetecidos por Petro-Tech.
En su columna de un diario local dijo: “El chuponeo se justifica porque permitió descubrir delitos” y reclamó la privatización de las empresas Perupetro y Petroperú.
Pero la demanda de Blume no era gratuita, porque conforme lo reveló LA RAZÓN en sus ediciones del primero al cinco de noviembre, compartía estudio con el abogado Rafael Fernández Stoll, consultor, empresario, gerente de Petro-Tech y socio fundador de la ONG “Proética”, juntamente con el abogado José Ugaz.
Fernández Stoll era un alfil muy importante de Kallop, al que estaba allegado familiarmente porque su sobrina Marcela Modenesi está casada con Brent Kallop, hijo del petrolero. Hace pocos meses, ingresó a trabajar en Petro-Tech.
Nuestras publicaciones de esos días eran objeto de reiteradas cartas aclaratorias suscritas por Rosie Gadea Benavides, adjunta al presidente ejecutivo de Petro-Tech, y descubrimos que su hermano Héctor Gadea forma parte del Estudio Ugaz, el mismo que aparece como cordón umbilical de todos los enredos del escándalo en los que la empresa ha terminado metida hasta el cogollo.
Con la soga al cuello
Tal como informó en su momento LA RAZÓN, la comisión investigadora de los hechos relacionados con la red de interceptaciones telefónicas habría hallado información para presumir que el estudio de abogados de José Ugaz y su socio Fernando Rospigliosi tendrían relación con temas de interceptación telefónica, entre ellos el de los "petroaudios".
Desde fines de noviembre, el grupo de trabajo presidido por Oswaldo Luízar, en sesión reservada acordó solicitar al Poder Judicial levantar el secreto de las comunicaciones, bancario y tributario a Rospigliosi y Ugaz, debido a que habría fundadas sospechas que conocerían a los responsables de las interceptaciones telefónicas, es decir a los marinos detenidos.
Según la información recabada por la comisión Luízar, habría indicios razonables de que Ugaz estaría supuestamente detrás no solo del 'chuponeo' que en el 2008 se realizó al ex ministro aprista Rómulo León y al ex directivo de Perúpetro Alberto Químper sino también del que, según diversas denuncias periodísticas, se ha realizado a políticos, empresarios y periodistas.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Los presuntos autores intelectuales del sonado caso de los “petroaudios”, identificados por el fiscal provincial especializado contra el crimen organizado, Walter Milla López, fugaron del país entre gallos y medianoche, luego de haber sido alertados de que el juez Edwin Yalico Contreras había dispuesto comprenderlos en la investigación judicial.
Nos estamos refiriendo al propietario y presidente ejecutivo de la empresa petrolera Petro-Tech, el ciudadano norteamericano William Kallop, quien viajó a Miami en los primeros minutos de la madrugada del viernes 16 de los corrientes acompañado de su esposa, Cristina Nevall Vásquez de Velasco.
También, su brazo derecho, el director ejecutivo de Petro-Tech, el abogado Alberto Varillas Cueto, quien emprendió acelerada partida del país al borde de la medianoche el lunes 19 con destino a México, seguido de su esposa, la periodista Rosa María Augusta Palacios Mac Bride, quien explicó al cerrar su programa del canal 4 TV, la noche del viernes, que se iba de vacaciones por unos días.
Pero en realidad su explicación no convenció a nadie porque es público que tomó vacaciones en la segunda quincena de Navidad en Santiago de Chile, donde se dio tiempo para transmitir un despacho noticioso vía satélite.
Estrategia al descubierto
El precipitado abandono del país de Kallop y Varillas confirmó plenamente las informaciones exclusivas de LA RAZÓN sostenidas diariamente desde el 6 de octubre, al día siguiente de la difusión de los cuatro primeros del total de 13 entregas.
En estas ediciones revelamos que PetroTech había ordenado los “chuponeos telefónicos” para vengarse de Perupetro, porque le había apretado la billetera obligándole a pagar 36 millones de dólares por impuestos impagos, traerse abajo a las empresas estatales Perupetro y Petroperú por haber apoyado la fórmula de alianza con Discover que le ganó cinco lotes petroleros en un concurso, y acelerar sus privatizaciones.
Y también castigar a Rómulo León Alegría por supuestamente haber facilitado la alianza de la empresa estatal con la noruega Discover Petroleum y contra Alberto Químper por supuestamente haber facilitado información privilegiada a los noruegos en su condición de ex abogado tributario de Petro-Tech, a la que renunció por desavenencias salariales.
Business Track SAC
Los nuevos protagonistas del “petroescándalo” se suman de esta manera a Alberto Químper Herrera, detenido desde el pasado 7 de octubre; Rómulo León Alegría, igualmente privado de su libertad desde el 14 de noviembre y a siete miembros de la empresa Business Track SAC, encausados como autores materiales de los “chuponeos telefónicos”, encarcelados desde el ocho de los corrientes.
Estos son: el contralmirante (r) Carlos Manuel Ponce Feijoo, conocido como “Chito “Ponce”; el capitán de navío (r) Carlos Alberto Tomasio de Lámbarri; los oficiales de mar en actividad Martín Fernández Vírhuez y Jesús Manuel Ojeda Angles, el oficial de mar (r) Jesús Juan Tirado Seguín; y la civil Giselle Mayra Giannotti Grado, analista de inteligencia, especializada en sistemas de seguridad de información.
La decisión del juez Edwin Yalico cogió de sorpresa a los ejecutivos de Petro-Tech. Kallop se hallaba en la noche del jueves 15 disfrutando de una cena, acompañado de su esposa, en el restaurante “La Gloria” de Miraflores, cuando recibió la inesperada visita de un conocido que se acercó y le dijo al oído más o menos lo siguiente: “El juez te ha comprendido en la investigación a ti y a Alberto (Varillas)”. El petrolero pidió la cuenta y habló algunos minutos con su esposa.
Luego, ambos se dirigieron al aeropuerto internacional “Jorge Chávez”, donde sin pérdida de tiempo abordaron una nave de LAN Chile, y salieron a las 0.55 de la madrugada del viernes 16 con destino a Miami.
“Arreglénselas”
Antes de viajar Kallop, según las fuentes, se comunicó telefónicamente con otros dos personajes, que estarían también involucrados igualmente en los “petroaudios”: el abogado Rafael Fernández Stoll, subgerente general de Petro-Tech y Rosie Gadea Benavides, adjunta al presidente ejecutivo, a los que les dijo secamente: “Ustedes arréglenselas como puedan”.
La fuga de Kallop no ha constituido ninguna sorpresa, porque ya estaba advertido de que se iba a producir el desenlace, tanto que se había adelantado y programado la venta de su empresa por 1,500 millones de dólares en la bolsa de Estados Unidos, a un consorcio conformado por una empresa coreana (50%) y la diferencia a un consorcio internacional aún no plenamente identificado.
El desenlace de esta historia en realidad se veía venir desde que el presidente de Perupetro, Daniel Saba, advirtiera en las páginas de LA RAZÓN, el 23 de octubre del año pasado, que detrás del espionaje se encontraba “una empresa que durante mi gestión se ha visto obligada a pagar millones de dólares y que está relacionada con el medio de comunicación que hizo la denuncia”.
Primera revelación
Saba se refirió así a la pugna que sostuvo su empresa con Petro-Tech para que esta pague una millonaria deuda por impuestos impagos, y que dos administraciones anteriores de Perupetro, sometidas a Petro-Tech, no hicieron ningún esfuerzo por cobrarle. La empresa fue amenazada por Saba con rescisión de la concesión y finalmente pagó a regañadientes, primero US$ 22’358,179.15 en julio y 16’273,471.34 en octubre, inmediatamente después del escándalo.
Respecto al medio comunicación mencionado por Saba, no había necesidad de ser criptógrafo para entender que se refería a América Televisión, donde labora la periodista Rosa María Palacios, esposa de Varillas.
LA RAZÓN reveló en los días siguientes que se pagó un millón de dólares a la empresa ‘chuponeadora’. Ahora se sabe que es Business Track SAC, la que habría utilizado un abogado conocido, que falta ser identificado, aunque todo indica que se trataría de José Ugaz Sánchez Moreno, quien ha estado ligado estrechamente con Petro-Tech, por haber sido su abogado entre el 2003 y 2005 con el sueldo dorado de 30,000 mil dólares mensuales.
Según fuentes a las que accedió nuestra Unidad de Investigación, Ugaz habría recomendado a Fernández Stoll y Rosie Gadea la contratación de Business Track para realizar los “chuponeos” a León y Químper, y una vez que los audios estuvieron listos, el propio Ugaz se encargó de contactar al periodista Fernando Rospigliosi, y luego ambos los editaron y entregaron, en total 13 audios, a los integrantes de la Unidad de Investigación de “El Comercio”.
Ugaz en la escena
El propio Ugaz fue visto en compañía de un periodista de esa casa editora que ha sido comprendido en la investigación penal. Este preparó un informe periodístico que debió ser publicado el 28 de setiembre, pero un día antes el nuevo director, Francisco Miró Quesada Rada, suspendió la publicación al darse cuenta de las características mafiosas de los promotores de la difusión y despidió a los periodistas responsables y al propio Ugaz, que se desempeñaba como asesor legal.
En vista de la defección del diario decano, Ugaz y Rospigliosi entregaron cuatro audios al programa “Cuarto Poder” de América Televisión, donde también trabaja María Palacios, esposa de Varillas, realizándose su difusión en la noche del domingo 5 de octubre. Fue el inicio del escándalo.
LA RAZÓN, en su serie de 11 capítulos titulada “La historia secreta del chuponeo”, puso al descubierto la participación de otros alfiles de la empresa petrolera, como Cecilia Blume, ex viceministra de Economía durante la gestión del ex titular del MEF, Pedro Pablo Kuczynski
Red al descubierto
Blume, sin que se haya producido el estallido del petroescándalo, salió a los medios de comunicación a desacreditar el triunfo de la empresa noruega Discover Petroleum, asociada con Petroperú, en el concurso de 22 lotes petroleros organizado por Perupetro, donde ganó cinco lotes apetecidos por Petro-Tech.
En su columna de un diario local dijo: “El chuponeo se justifica porque permitió descubrir delitos” y reclamó la privatización de las empresas Perupetro y Petroperú.
Pero la demanda de Blume no era gratuita, porque conforme lo reveló LA RAZÓN en sus ediciones del primero al cinco de noviembre, compartía estudio con el abogado Rafael Fernández Stoll, consultor, empresario, gerente de Petro-Tech y socio fundador de la ONG “Proética”, juntamente con el abogado José Ugaz.
Fernández Stoll era un alfil muy importante de Kallop, al que estaba allegado familiarmente porque su sobrina Marcela Modenesi está casada con Brent Kallop, hijo del petrolero. Hace pocos meses, ingresó a trabajar en Petro-Tech.
Nuestras publicaciones de esos días eran objeto de reiteradas cartas aclaratorias suscritas por Rosie Gadea Benavides, adjunta al presidente ejecutivo de Petro-Tech, y descubrimos que su hermano Héctor Gadea forma parte del Estudio Ugaz, el mismo que aparece como cordón umbilical de todos los enredos del escándalo en los que la empresa ha terminado metida hasta el cogollo.
Con la soga al cuello
Tal como informó en su momento LA RAZÓN, la comisión investigadora de los hechos relacionados con la red de interceptaciones telefónicas habría hallado información para presumir que el estudio de abogados de José Ugaz y su socio Fernando Rospigliosi tendrían relación con temas de interceptación telefónica, entre ellos el de los "petroaudios".
Desde fines de noviembre, el grupo de trabajo presidido por Oswaldo Luízar, en sesión reservada acordó solicitar al Poder Judicial levantar el secreto de las comunicaciones, bancario y tributario a Rospigliosi y Ugaz, debido a que habría fundadas sospechas que conocerían a los responsables de las interceptaciones telefónicas, es decir a los marinos detenidos.
Según la información recabada por la comisión Luízar, habría indicios razonables de que Ugaz estaría supuestamente detrás no solo del 'chuponeo' que en el 2008 se realizó al ex ministro aprista Rómulo León y al ex directivo de Perúpetro Alberto Químper sino también del que, según diversas denuncias periodísticas, se ha realizado a políticos, empresarios y periodistas.
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