A propósito del affaire Business Track y la interceptación telefónica, estamos en una inmejorable oportunidad para que el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) ratifique ante millones de peruanos que nos encontramos en un estado de derecho, donde nadie tiene corona para obtener prebendas, tratos especiales o encubrimientos.
Qué queremos decir con esto: que el país necesita saber quiénes contrataron los servicios de los “chuponeadores” para espiar a empresas, entidades del Estado, funcionarios públicos o ciudadanos comunes y corrientes. Porque tan ilegal como “chuponear” es pagar para que alguien más lo haga.
De manera que la ley y la magistratura deberían repudiar tanto a los autores materiales que “pinchan” teléfonos o husmean correos electrónicos, como a quienes desembolsaron sumas de dinero (no por gusto ni por hobby) a cambio de recibir esos servicios delictivos. ¿De quién fue el interés de interceptar, por ejemplo, el teléfono del embajador Allan Wagner Tizón? Esta pregunta no debe quedar sin respuesta frente a los órganos oficiales o ante la opinión pública. Igualmente debe conocerse, lo más pronto posible y con total transparencia, quién pago para “chuponear” a otras personas entre las que se encuentran, por obvias razones, Rómulo León, Alberto Quimper y Ernesto Arias Schreiber.
Por ello, más que criticar leyes que podrían exigir que los periodistas recurran primero a los fiscales antes de publicar un documento obtenido ilícitamente, se debe respetar el principio de la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones. En ese sentido, la Justicia –incluyendo al Ministerio Público– deben actuar de inmediato ante el primer indicio que puedan recibir de alguna investigación periodística, por ejemplo, para evitar que bajo una falsa prudencia o reserva de las investigaciones –en el caso bajo comentario– alguien pueda ocultar el nombre de quienes pagaron a Business Track para espiar ilegalmente. De suceder ello, lo único que conseguirán las autoridades judiciales es dar pésimas señales ante el país de encubrimiento e incongruencia con la aplicación de la ley.
Nos preguntamos, ¿es que la “confidencialidad de un caso” puede quebrarse cuando se trata de un ciudadano de a pie, pero es “blindada” cuando se trata de gerentes de empresas o corporaciones que fueron clientes de Business Track? Tengamos bien en claro que una cosa es llevar las pesquisas de un caso con seriedad y otra es buscar la impunidad de los autores intelectuales del 'chuponeo'. Hacerlo es grave porque así se estaría intentando evitar el reproche público sobre los que contrataron las ilícitas interceptaciones telefónicas. Sólo conociendo quiénes son los que “pagaron” a los miembros de Business Track para espiar a terceros se sabrá la verdadera magnitud de la red mafiosa de husmeo que se ha extendido por el país. Reto en el cual la Fiscalía tendrá que estar a la altura de las circunstancias
EXPRESO
Qué queremos decir con esto: que el país necesita saber quiénes contrataron los servicios de los “chuponeadores” para espiar a empresas, entidades del Estado, funcionarios públicos o ciudadanos comunes y corrientes. Porque tan ilegal como “chuponear” es pagar para que alguien más lo haga.
De manera que la ley y la magistratura deberían repudiar tanto a los autores materiales que “pinchan” teléfonos o husmean correos electrónicos, como a quienes desembolsaron sumas de dinero (no por gusto ni por hobby) a cambio de recibir esos servicios delictivos. ¿De quién fue el interés de interceptar, por ejemplo, el teléfono del embajador Allan Wagner Tizón? Esta pregunta no debe quedar sin respuesta frente a los órganos oficiales o ante la opinión pública. Igualmente debe conocerse, lo más pronto posible y con total transparencia, quién pago para “chuponear” a otras personas entre las que se encuentran, por obvias razones, Rómulo León, Alberto Quimper y Ernesto Arias Schreiber.
Por ello, más que criticar leyes que podrían exigir que los periodistas recurran primero a los fiscales antes de publicar un documento obtenido ilícitamente, se debe respetar el principio de la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones. En ese sentido, la Justicia –incluyendo al Ministerio Público– deben actuar de inmediato ante el primer indicio que puedan recibir de alguna investigación periodística, por ejemplo, para evitar que bajo una falsa prudencia o reserva de las investigaciones –en el caso bajo comentario– alguien pueda ocultar el nombre de quienes pagaron a Business Track para espiar ilegalmente. De suceder ello, lo único que conseguirán las autoridades judiciales es dar pésimas señales ante el país de encubrimiento e incongruencia con la aplicación de la ley.
Nos preguntamos, ¿es que la “confidencialidad de un caso” puede quebrarse cuando se trata de un ciudadano de a pie, pero es “blindada” cuando se trata de gerentes de empresas o corporaciones que fueron clientes de Business Track? Tengamos bien en claro que una cosa es llevar las pesquisas de un caso con seriedad y otra es buscar la impunidad de los autores intelectuales del 'chuponeo'. Hacerlo es grave porque así se estaría intentando evitar el reproche público sobre los que contrataron las ilícitas interceptaciones telefónicas. Sólo conociendo quiénes son los que “pagaron” a los miembros de Business Track para espiar a terceros se sabrá la verdadera magnitud de la red mafiosa de husmeo que se ha extendido por el país. Reto en el cual la Fiscalía tendrá que estar a la altura de las circunstancias
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