29.1.09

¿Qué pasa con la ética y la responsabilidad pública?

No podemos pasar por alto los casos del ministro del Interior, Remigio Hernani, que tan obcecadamente se aferra al sillón ministerial, ni el de la contralora designada Ingrid Suárez, de tan desastrosa actuación para justificar algo tan elemental como su perfil profesional.


En cuanto al primero, resulta particularmente chocante que, en su presentación al Congreso para responder sobre los luctuosos sucesos de Pomac, haya dicho que las muertes de dos policías "servirán para corregir errores" y variar "algunas formas de actuación policial" e insistió en que la presencia de francotiradores fue imprevisible.


¿Considera Hernani que con esta declaración se corrige el despropósito? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que seguir soportando los exabruptos de una autoridad que hace pocos días, tratando de justificarse, dijo también: "El presidente Kennedy, con toda la inteligencia, con todos los superagentes, fue asesinado"?


En el ámbito político, esas desafortunadas expresiones lo descalifican totalmente para el cargo. Y en lo funcional, debemos preguntarnos: ¿Dónde están, si existen, las propuestas de corrección de los hechos? ¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la institucionalidad de la PNP?


Lo cierto es que en el desalojo de Pomac, si realmente hubo trabajo de inteligencia, este fue absolutamente deficiente y dice muy mal de sus responsables. Y respecto de la logística, claramente fue desastrosa, pues ni siquiera había agua o comida para la numerosa dotación. Además, si dos policías murieron no solo fue por la sevicia de los francotiradores sino también por la falta de ambulancias y de auxilio médico oportuno.


En lo que se refiere a la señorita Suárez, al no poder levantar las observaciones básicas sobre su currículum profesional, está demostrando incapacidad total para el cargo. Ante la comisión evaluadora del Congreso que hizo notar la falta de solidez de su perfil académico, ella ha permitido que su propio nombre, así como la respetabilidad y majestad del primer poder del Estado, que en un momento llegó a ratificarla, se pongan en entredicho al no aclarar desde el primer momento su condición académica.


Con esta imagen mellada, aun cuando posteriormente pudiese aclarar el tema, no debe asumir un cargo como el de contralor, que tiene la obligación de controlar las finanzas y hasta la ética del quehacer público. Menos aun cuando el contralor goza de tan amplia autonomía y no está sujeto a mandato imperativo.


En tales circunstancias, se torna mucho más urgente y clamoroso el cambio en la conducta política y ética de los personajes públicos, que tienen tanta incidencia en la estabilidad y el desarrollo del país.


El presidente Alan García, quien ha reiterado su apoyo a Hernani, y el jefe de Gabinete, Yehude Simon, quien a sabiendas de estos escándalos ha mantenido su respaldo al ministro y a la candidata a contralora, deben entender que con su actitud solo se debilita al Gobierno y al mismo Estado. Acá lo único que cabe, por la estabilidad política y por la salud ética de la nación, es que Hernani se vaya y que la candidata Suárez, por su demostrada incapacidad, sea separada del concurso por la contraloría.

EL COMERCIO

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