Por: Anibal Sierralta Ríos. Abogado
Toda inversión extranjera está vinculada con su Estado. Así ha sido desde que las compañías de las Indias, inglesa, francesa y holandesa, controlaron las materias primas. Lo fue durante el siglo XX propiciando la expansión de Francia, Reino Unido y, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de los Estados Unidos de América. Ahora, sucede lo mismo, con las transnacionales de minería y telecomunicaciones.
Esta situación obliga a identificar los intereses de los países receptores y el tema de la seguridad, dentro de un plan de desarrollo, ya que se trata de una interrelación entre transnacionales con los estados anfitriones.
Ambos actores contraponen visiones distintas sin un deslinde por parte del mercado, pues la libertad de movimiento posibilita que actúen de acuerdo con sus voluntarias decisiones.
Es aconsejable que ambos conozcan de antemano las normas que la regulan. En caso contrario, no cabe duda de que el inversionista intentará influir en la política del receptor; en tanto que el anfitrión buscará imponer condiciones pues no está comprometido con regla alguna. Vale decir las políticas claras y previas sobre los sectores a los cuales se deben de orientar las inversiones, así como las reglas de su recepción y tratamiento, son saludables para ambas partes.
A pesar del desarrollo del libre comercio la realidad nos muestra las presiones de las empresas transnacionales que permiten avizorar que hay todavía un largo camino por recorrer para ver el declive del proteccionismo y más aun el fin del Estado.
Las naciones conviven en una economía globalizada integrada por economías con distintos niveles de desarrollo. Esa disparidad proporciona un sólido argumento para defender los intereses nacionales.
Los mecanismos de mercado no son los apropiados para proteger la economía nacional. Incluso la dinámica del mercado puede ser perjudicial para su seguridad. Por consiguiente, el Estado debe intervenir con el propósito de lograr sus objetivos como son la protección de la industria, la conservación de los recursos naturales, la promoción de las exportaciones, superar el desempleo, amparar la industria infante y la identidad nacional.
Dentro de los padrones o estándares internacionales de tratamiento a la inversión extranjera, se han previsto excepciones en razón de la seguridad nacional, el interés público, el orden público, la moral, la salud pública y las exigencias medioambientales.
De tal manera que los estados receptores siguen manteniendo su condición soberana de establecer algunas restricciones.
Esta es una condición admitida por todos los países, pero que se ha soslayado en el Perú a partir del D.L. 662, que posibilita la inversión en cualquier sector, sin registro ni control; y lo que es más preocupante, alienta únicamente la inversión extranjera y no la nacional, razón por la que las empresas peruanas han establecido asociaciones con capitales extranjeros lo cual desnacionaliza su accionar y limita su expansión a otros mercados
EL COMERCIO
Toda inversión extranjera está vinculada con su Estado. Así ha sido desde que las compañías de las Indias, inglesa, francesa y holandesa, controlaron las materias primas. Lo fue durante el siglo XX propiciando la expansión de Francia, Reino Unido y, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de los Estados Unidos de América. Ahora, sucede lo mismo, con las transnacionales de minería y telecomunicaciones.
Esta situación obliga a identificar los intereses de los países receptores y el tema de la seguridad, dentro de un plan de desarrollo, ya que se trata de una interrelación entre transnacionales con los estados anfitriones.
Ambos actores contraponen visiones distintas sin un deslinde por parte del mercado, pues la libertad de movimiento posibilita que actúen de acuerdo con sus voluntarias decisiones.
Es aconsejable que ambos conozcan de antemano las normas que la regulan. En caso contrario, no cabe duda de que el inversionista intentará influir en la política del receptor; en tanto que el anfitrión buscará imponer condiciones pues no está comprometido con regla alguna. Vale decir las políticas claras y previas sobre los sectores a los cuales se deben de orientar las inversiones, así como las reglas de su recepción y tratamiento, son saludables para ambas partes.
A pesar del desarrollo del libre comercio la realidad nos muestra las presiones de las empresas transnacionales que permiten avizorar que hay todavía un largo camino por recorrer para ver el declive del proteccionismo y más aun el fin del Estado.
Las naciones conviven en una economía globalizada integrada por economías con distintos niveles de desarrollo. Esa disparidad proporciona un sólido argumento para defender los intereses nacionales.
Los mecanismos de mercado no son los apropiados para proteger la economía nacional. Incluso la dinámica del mercado puede ser perjudicial para su seguridad. Por consiguiente, el Estado debe intervenir con el propósito de lograr sus objetivos como son la protección de la industria, la conservación de los recursos naturales, la promoción de las exportaciones, superar el desempleo, amparar la industria infante y la identidad nacional.
Dentro de los padrones o estándares internacionales de tratamiento a la inversión extranjera, se han previsto excepciones en razón de la seguridad nacional, el interés público, el orden público, la moral, la salud pública y las exigencias medioambientales.
De tal manera que los estados receptores siguen manteniendo su condición soberana de establecer algunas restricciones.
Esta es una condición admitida por todos los países, pero que se ha soslayado en el Perú a partir del D.L. 662, que posibilita la inversión en cualquier sector, sin registro ni control; y lo que es más preocupante, alienta únicamente la inversión extranjera y no la nacional, razón por la que las empresas peruanas han establecido asociaciones con capitales extranjeros lo cual desnacionaliza su accionar y limita su expansión a otros mercados
EL COMERCIO
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