LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Por Walter Gutiérrez. Decano del Colegio de Abogados de Lima
La justicia en el Perú se desarrolla en un ambiente de sobrecarga y morosidad procesal, situación que muchas veces sirve de telón de fondo a la corrupción: 2.500 millones de causas, 5 millones de litigantes y 2.000 millones de nuevos soles que el presupuesto nacional destina al sistema de justicia, así lo evidencia. Se trata de un servicio público caracterizado por una gran demanda y la limitación de recursos.
El arbitraje popular es una respuesta a esta situación, consistente en un cambio de enfoque sobre el servicio de administración de justicia, que propicia el abandono del monopolio estatal sobre la justicia y promueve la participación de los particulares en la solución de los conflictos legales, principalmente los de carácter económico. La propuesta consiste básicamente en forjar una alianza entre las municipalidades y los colegios de abogados, para que en la mayor parte de distritos funcionen centros de arbitraje popular, que por una tarifa accesible resuelvan este tipo de conflictos.
El Ministerio de Justicia ha tenido la iniciativa de tomar esta propuesta pero de un modo nominal, es decir, solo ha recogido el nombre, pues su programa insiste en una visión tradicional, antitécnica y centralista de la justicia. La propuesta del ministerio no entiende que no se trata de más Estado sino de más participación privada en este servicio público.
El Decreto Supremo 016-2008-JUS denominado "programa de arbitraje popular", concentra en manos del Ministerio de Justicia la organización y regulación de este tipo de arbitraje dándole protagonismo a un centro arbitral del Estado. Esta decisión es cuestionable, porque el arbitraje en cualquiera de sus formas es un mecanismo de solución de conflictos de particulares, no estatal, tanto en su administración como en su aspecto jurisdiccional.
Asimismo, contradictoriamente, la propia norma autoriza la creación de centros de arbitraje sin mayor control, lo que hará que estos centros se multipliquen en un marco de desorden absoluto. Esta es la misma visión que se tuvo cuando se implementó la conciliación en nuestro país, que como todos sabemos ha fracasado y se ha convertido en un trámite más, que lejos de reducir los litigios ha generado un sobrecosto en la administración de justicia.
Una vez más queda demostrado que los temas de justicia no pueden ser ganados por el cortoplacismo, para un verdadero cambio se necesita visión de futuro, y entender que no hay solución inmediata para los problemas de la justicia, que toda reforma pasa necesariamente por un cambio de enfoque.
EL COMERCIO
Por Walter Gutiérrez. Decano del Colegio de Abogados de Lima
La justicia en el Perú se desarrolla en un ambiente de sobrecarga y morosidad procesal, situación que muchas veces sirve de telón de fondo a la corrupción: 2.500 millones de causas, 5 millones de litigantes y 2.000 millones de nuevos soles que el presupuesto nacional destina al sistema de justicia, así lo evidencia. Se trata de un servicio público caracterizado por una gran demanda y la limitación de recursos.
El arbitraje popular es una respuesta a esta situación, consistente en un cambio de enfoque sobre el servicio de administración de justicia, que propicia el abandono del monopolio estatal sobre la justicia y promueve la participación de los particulares en la solución de los conflictos legales, principalmente los de carácter económico. La propuesta consiste básicamente en forjar una alianza entre las municipalidades y los colegios de abogados, para que en la mayor parte de distritos funcionen centros de arbitraje popular, que por una tarifa accesible resuelvan este tipo de conflictos.
El Ministerio de Justicia ha tenido la iniciativa de tomar esta propuesta pero de un modo nominal, es decir, solo ha recogido el nombre, pues su programa insiste en una visión tradicional, antitécnica y centralista de la justicia. La propuesta del ministerio no entiende que no se trata de más Estado sino de más participación privada en este servicio público.
El Decreto Supremo 016-2008-JUS denominado "programa de arbitraje popular", concentra en manos del Ministerio de Justicia la organización y regulación de este tipo de arbitraje dándole protagonismo a un centro arbitral del Estado. Esta decisión es cuestionable, porque el arbitraje en cualquiera de sus formas es un mecanismo de solución de conflictos de particulares, no estatal, tanto en su administración como en su aspecto jurisdiccional.
Asimismo, contradictoriamente, la propia norma autoriza la creación de centros de arbitraje sin mayor control, lo que hará que estos centros se multipliquen en un marco de desorden absoluto. Esta es la misma visión que se tuvo cuando se implementó la conciliación en nuestro país, que como todos sabemos ha fracasado y se ha convertido en un trámite más, que lejos de reducir los litigios ha generado un sobrecosto en la administración de justicia.
Una vez más queda demostrado que los temas de justicia no pueden ser ganados por el cortoplacismo, para un verdadero cambio se necesita visión de futuro, y entender que no hay solución inmediata para los problemas de la justicia, que toda reforma pasa necesariamente por un cambio de enfoque.
EL COMERCIO
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