Finalmente, la tortuosa saga del nombramiento de la nueva contralora parece haber llegado a un lamentable término. Tal como estamos informando en esta edición, ha quedado confirmado que la Srta. Suárez no es ingeniera industrial, como había consignado en su currículum y como figuraba en los oficios que firmaba.
Si bien no se puede negar que el haber participado en clases como alumna 'oyente’ le puede haber dado conocimientos de la materia, el haberse presentado formalmente como ingeniera fue un intento por sorprender o una increíble muestra de falta de criterio. A estas alturas del partido, no importa tanto el determinar a ciencia cierta si fue un engaño o un error. En cualquiera de los dos casos ella se ha descalificado para ejercer tan importante cargo.
Por otro lado, lo más lamentable de este penoso incidente es que con el traspiés se intentará desacreditar el proceso de concurso abierto y transparente para designar a los funcionarios públicos. Incluso, todos aquellos que lucran con el padrinazgo político –de ellos hay muchos en el Congreso– estarán encantados con el fracaso y resaltarán las bondades del nombramiento a dedo. Peor aún, este fiasco podría alentar a algunos compañeros a tratar de restablecer a la contralora que fue nombrada hace veinte años, quien en el tiempo que ocupó el cargo lo hizo con mucha pena y nada de gloria.
Esperamos que se vuelva a realizar un proceso de amplia convocatoria o que se busque al contralor entre los más de cien candidatos que postularon al anterior. Sería un retroceso que al igual que en los gobiernos anteriores –ninguno de los cuales fue un buen ejemplo– se nombre directamente a un allegado. El solo hecho de haber realizado un concurso público ya fue un gran paso y no se debe perder lo avanzado.
Por ello se debe seguir intentando por todos los medios de introducir la cultura de la meritocracia. Incluso, el costo político para el gobierno de haberse equivocado con la primera propuesta para contralor se absorbe rápido. Basta ver la larga lista de metidas de pata –solo en lo que va del año– que ya se han olvidado. Sin embargo, ceder en el intento de introducir una revolución en la forma como se realizan los nombramientos en el Estado sería una equivocación que al país le costaría caro.
Si bien no se puede negar que el haber participado en clases como alumna 'oyente’ le puede haber dado conocimientos de la materia, el haberse presentado formalmente como ingeniera fue un intento por sorprender o una increíble muestra de falta de criterio. A estas alturas del partido, no importa tanto el determinar a ciencia cierta si fue un engaño o un error. En cualquiera de los dos casos ella se ha descalificado para ejercer tan importante cargo.
Por otro lado, lo más lamentable de este penoso incidente es que con el traspiés se intentará desacreditar el proceso de concurso abierto y transparente para designar a los funcionarios públicos. Incluso, todos aquellos que lucran con el padrinazgo político –de ellos hay muchos en el Congreso– estarán encantados con el fracaso y resaltarán las bondades del nombramiento a dedo. Peor aún, este fiasco podría alentar a algunos compañeros a tratar de restablecer a la contralora que fue nombrada hace veinte años, quien en el tiempo que ocupó el cargo lo hizo con mucha pena y nada de gloria.
Esperamos que se vuelva a realizar un proceso de amplia convocatoria o que se busque al contralor entre los más de cien candidatos que postularon al anterior. Sería un retroceso que al igual que en los gobiernos anteriores –ninguno de los cuales fue un buen ejemplo– se nombre directamente a un allegado. El solo hecho de haber realizado un concurso público ya fue un gran paso y no se debe perder lo avanzado.
Por ello se debe seguir intentando por todos los medios de introducir la cultura de la meritocracia. Incluso, el costo político para el gobierno de haberse equivocado con la primera propuesta para contralor se absorbe rápido. Basta ver la larga lista de metidas de pata –solo en lo que va del año– que ya se han olvidado. Sin embargo, ceder en el intento de introducir una revolución en la forma como se realizan los nombramientos en el Estado sería una equivocación que al país le costaría caro.
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