El asesinato de los suboficiales de la Policía Nacional Fernando Hidalgo y Carlos Alberto Peralta suscita doble reacción: 1. El repudio hacia los asesinos y 2. La condenación por la negligencia que facilitó ese crimen y por la cual debe responder el ministro del Interior, Remigio Hernani.
Este último es responsable de que los policías fueran enviados a una misión peligrosa sin elementos como chalecos antibalas, y hasta sin alimentos.
En el origen de la tragedia están unos traficantes de tierras, que antes incitaron a la invasión del Santuario del Bosque de Pómac y luego, ante la amenaza de desalojo, tramaron la acción de sicarios armados.
Entre las lecciones de este hecho no debe omitirse una sumamente grave: la presencia de provocadores en los movimientos reivindicativos.
En los días de la huelga agraria, una persona seria y neutral me informó que en una marcha de huelguistas en Palpa había dos sectores. Uno era el de campesinos inconfundibles; otro, el de sujetos que más parecían delincuentes extraídos de una cárcel.
De todo hay en la Viña del Señor. Del Señor Gobierno en algunos casos. En otros pueden intervenir forajidos a soldada.
El Bosque de Pómac es uno de los cuatro santuarios que, por su importancia histórica y cultural, existen en el Perú. Los otros son Machu Picchu, las Pampas de Junín y las Pampas de Ayacucho.
En esa área surgió el complejo de alfarería más antiguo y refinado de América del Sur. Las 34 pirámides que allí se levantan dan testimonio del papel descollante que desempeñó en la costa norte ese sector, decisivo en el período prehispánico.
Cuando escribimos estas líneas, el desalojo de los invasores de Pómac se ha cumplido. Pero el afán de propiedad puede convocar a otras formas de resistencia. Las autoridades tienen la obligación de ofrecer alternativas viables.
Injusto y contraproducente sería emprender una cacería de brujas. El régimen de Alan García, tan propenso a la represión, debe comprender que, al margen de los hechos de sangre, hay una demanda social, un hambre de tierras.
Queda pendiente, por otra parte, la investigación plena de los hechos que condujeron a la muerte de dos policías. Los familiares de los caídos, así como la opinión pública, exigen esclarecimiento y sanción para quienes hicieron posible el desmán.
Hernani tiene culpa no sólo por la forma como fueron sacrificados dos policías. También le cabe responsabilidad por no haber emprendido las acciones preventivas a que obligaban los datos de inteligencia que obraban desde febrero del 2008 en su ministerio. Revelaban éstos un dispositivo armado.
Junto con el pésame a los familiares de las víctimas hay que persistir en la exigencia de que Hernani deje un cargo que debería brindar seguridad a los ciudadanos -y a los policías-.
Este último es responsable de que los policías fueran enviados a una misión peligrosa sin elementos como chalecos antibalas, y hasta sin alimentos.
En el origen de la tragedia están unos traficantes de tierras, que antes incitaron a la invasión del Santuario del Bosque de Pómac y luego, ante la amenaza de desalojo, tramaron la acción de sicarios armados.
Entre las lecciones de este hecho no debe omitirse una sumamente grave: la presencia de provocadores en los movimientos reivindicativos.
En los días de la huelga agraria, una persona seria y neutral me informó que en una marcha de huelguistas en Palpa había dos sectores. Uno era el de campesinos inconfundibles; otro, el de sujetos que más parecían delincuentes extraídos de una cárcel.
De todo hay en la Viña del Señor. Del Señor Gobierno en algunos casos. En otros pueden intervenir forajidos a soldada.
El Bosque de Pómac es uno de los cuatro santuarios que, por su importancia histórica y cultural, existen en el Perú. Los otros son Machu Picchu, las Pampas de Junín y las Pampas de Ayacucho.
En esa área surgió el complejo de alfarería más antiguo y refinado de América del Sur. Las 34 pirámides que allí se levantan dan testimonio del papel descollante que desempeñó en la costa norte ese sector, decisivo en el período prehispánico.
Cuando escribimos estas líneas, el desalojo de los invasores de Pómac se ha cumplido. Pero el afán de propiedad puede convocar a otras formas de resistencia. Las autoridades tienen la obligación de ofrecer alternativas viables.
Injusto y contraproducente sería emprender una cacería de brujas. El régimen de Alan García, tan propenso a la represión, debe comprender que, al margen de los hechos de sangre, hay una demanda social, un hambre de tierras.
Queda pendiente, por otra parte, la investigación plena de los hechos que condujeron a la muerte de dos policías. Los familiares de los caídos, así como la opinión pública, exigen esclarecimiento y sanción para quienes hicieron posible el desmán.
Hernani tiene culpa no sólo por la forma como fueron sacrificados dos policías. También le cabe responsabilidad por no haber emprendido las acciones preventivas a que obligaban los datos de inteligencia que obraban desde febrero del 2008 en su ministerio. Revelaban éstos un dispositivo armado.
Junto con el pésame a los familiares de las víctimas hay que persistir en la exigencia de que Hernani deje un cargo que debería brindar seguridad a los ciudadanos -y a los policías-.
LA PRIMERA
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