En lo formal, el referéndum constitucional celebrado el domingo pasado en Bolivia ha sido un triunfo de una mayoría afín al modelo socialista del presidente Evo Morales. Sin embargo, en el fondo, constituye un retroceso para el sistema democrático de libertades, al aprobar una seria de medidas que solo alientan el divisionismo, la polarización y la abierta discriminación entre ciudadanos.
Efectivamente, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) ha sido concebida por Morales como una especie de refundación de Bolivia según su particular enfoque ideologizado, autárquico y confiscatorio, no exento de una voluntad reeleccionista, al mejor estilo de su mentor Hugo Chávez, y como sucedió antes en nuestro país con el régimen de Alberto Fujimori.
Bolivia, junto con Venezuela, se han convertido así en los lunares autoritarios de la región, lo que es preocupante. Más todavía cuando es conocida la intención de ambos, Morales y Chávez, de “exportar su revolución” e interferir inescrupulosa e indebidamente en la política soberana de los países vecinos.
El controvertido texto constitucional aprobado reconoce cuatro niveles de autonomía (departamental, regional, municipal e indígena), lo que otorga mayores derechos a algunos por su extracción racial y social. Además , se pone límites a la propiedad de tierras y a la actividad económica en diversos sectores, lo que es una restricción de derechos fundamentales a la propiedad y a la libertad económica. En suma, se profundiza el estatismo, a pesar del fracaso de esta política en el mundo contemporáneo.
Para complicar las cosas, se estipula que la sociedad ejercerá control en la gestión pública y privada. Ello resulta particularmente preocupante si no se aclaran bien los conceptos y si se considera que, detrás de esa figura, podría haber la intención de arrinconar a la oposición y enfrentarla con las masas oficialistas.
Tras la aprobación del nuevo texto, el reto ahora es adecuar las leyes actuales, lo que demanda un esfuerzo de acercamiento y conciliación entre las fuerzas políticas dentro y fuera del Congreso. No podemos dejar de considerar aquí que hay importantes regiones que han rechazado la nueva Constitución y que reclaman restablecer el diálogo para que se respeten sus autonomías.
Sin embargo, ayer mismo el presidente Morales volvió a calificar a la Iglesia Católica como la principal “enemiga de las transformaciones pacíficas” que su gobierno quiere implementar en su país, lo que solo atiza la confrontación. Y previamente atacó a la oposición política y la prensa independiente y no adicta, lo que ha sido motivo de pronunciamientos internacionales.
En tal contexto, es incierto lo que pueda venir. Resquebrajada la relación con Estados Unidos, que ha devenido en el recorte de los beneficios del ATPDEA, y en un contexto internacional sumamente crítico en lo político y económico, solo cabe esperar que se abra paso a la cordura y el diálogo para que no se siga afectando más la unidad y estabilidad de la nación boliviana, ni de la región, que están en grave peligro. Eso es lo que deben entender Morales y Chávez.
EL COMERCIO
Efectivamente, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) ha sido concebida por Morales como una especie de refundación de Bolivia según su particular enfoque ideologizado, autárquico y confiscatorio, no exento de una voluntad reeleccionista, al mejor estilo de su mentor Hugo Chávez, y como sucedió antes en nuestro país con el régimen de Alberto Fujimori.
Bolivia, junto con Venezuela, se han convertido así en los lunares autoritarios de la región, lo que es preocupante. Más todavía cuando es conocida la intención de ambos, Morales y Chávez, de “exportar su revolución” e interferir inescrupulosa e indebidamente en la política soberana de los países vecinos.
El controvertido texto constitucional aprobado reconoce cuatro niveles de autonomía (departamental, regional, municipal e indígena), lo que otorga mayores derechos a algunos por su extracción racial y social. Además , se pone límites a la propiedad de tierras y a la actividad económica en diversos sectores, lo que es una restricción de derechos fundamentales a la propiedad y a la libertad económica. En suma, se profundiza el estatismo, a pesar del fracaso de esta política en el mundo contemporáneo.
Para complicar las cosas, se estipula que la sociedad ejercerá control en la gestión pública y privada. Ello resulta particularmente preocupante si no se aclaran bien los conceptos y si se considera que, detrás de esa figura, podría haber la intención de arrinconar a la oposición y enfrentarla con las masas oficialistas.
Tras la aprobación del nuevo texto, el reto ahora es adecuar las leyes actuales, lo que demanda un esfuerzo de acercamiento y conciliación entre las fuerzas políticas dentro y fuera del Congreso. No podemos dejar de considerar aquí que hay importantes regiones que han rechazado la nueva Constitución y que reclaman restablecer el diálogo para que se respeten sus autonomías.
Sin embargo, ayer mismo el presidente Morales volvió a calificar a la Iglesia Católica como la principal “enemiga de las transformaciones pacíficas” que su gobierno quiere implementar en su país, lo que solo atiza la confrontación. Y previamente atacó a la oposición política y la prensa independiente y no adicta, lo que ha sido motivo de pronunciamientos internacionales.
En tal contexto, es incierto lo que pueda venir. Resquebrajada la relación con Estados Unidos, que ha devenido en el recorte de los beneficios del ATPDEA, y en un contexto internacional sumamente crítico en lo político y económico, solo cabe esperar que se abra paso a la cordura y el diálogo para que no se siga afectando más la unidad y estabilidad de la nación boliviana, ni de la región, que están en grave peligro. Eso es lo que deben entender Morales y Chávez.
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