Dolor y tristeza ha causado el asesinato de dos custodios del orden cuando se disponían a dar
cumplimiento a la orden judicial que dispuso el desalojo de invasores de los terrenos pertenecientes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, ubicado en la provincia de Ferreñafe (Lambayeque). Hay también varios policías heridos. A todos los familiares de estos valerosos agentes de la PNP vaya, en primer lugar, nuestro profundo pesar y solidaridad.
En segundo término queremos expresar de cara a los agresores nuestra más enérgica condena por esos actos criminales en los cuales, bajo el disfraz de ser pobladores necesitados, comuneros pauperizados o humildes familias, se esconden traficantes de terrenos y agitadores que suelen encontrar eco en algunas emisoras radiales de provincias, desde donde se altera el orden y la paz social al fomentar entre los pobladores la violencia y el apertrechamiento de armas para infringir la ley.
En tercer lugar, resulta evidente que en este hecho, lamentablemente, la acción de las autoridades del Ministerio del Interior y de la Segunda Dirección Territorial de la Policía de Chiclayo no fueron bien planificadas ya que ni siquiera los policías enviados desde Lima, como refuerzos para apoyar el referido desalojo, contaban con datos de inteligencia que les advirtieran que los agresores de la propiedad estaban premunidos de fusiles AKM y escopetas artesanales. Tampoco contaban con la indumentaria de asalto más moderna, en particular aquella que se hizo conocida en el desalojo del Mercado de Santa Anita cuando entonces era director general de la Policía el general Octavio Salazar –seguramente porque uno de los principales críticos de este exitoso operativo es hoy ministro del Interior–. Lo cierto es que esta dejadez ha cobrado la vida de humildes policías: el suboficial de segunda Carlos Alberto Peralta Padilla y el suboficial de tercera Fernando Hidalgo Ibarra, quienes desde ahora integran la enorme lista de mártires de la PNP.
En último término, nunca deberá escatimarse el menor detalle posible para dar con los autores directos que percutaron los dispararon asesinos, sean comuneros, ronderos o matones contratados. Pero al mismo tiempo tendrá que procesarse a más de una de las personas que invadieron terrenos públicos porque está prohibido hacerlo. Si no se toman desde la Fiscalía las acciones correctivas jamás nadie va a respetar la ley y seguiremos presenciando escenas de este tipo. La letra con sangre entra y si no marcamos una posición firme, mañana o más tarde se producirán otras invasiones y se dejará que echen raíces como ocurrió en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, que viene desde el año 2002.
No obstante hay otra tarea pendiente, y es determinar el grado de responsabilidad administrativa de los altos mandos que no previeron esta situación delicada en la cual mueren efectivos policiales. En este campo tendrá que llegarse hasta las responsabilidades políticas que le conciernen al titular del sector.
EXPRESO
cumplimiento a la orden judicial que dispuso el desalojo de invasores de los terrenos pertenecientes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, ubicado en la provincia de Ferreñafe (Lambayeque). Hay también varios policías heridos. A todos los familiares de estos valerosos agentes de la PNP vaya, en primer lugar, nuestro profundo pesar y solidaridad.
En segundo término queremos expresar de cara a los agresores nuestra más enérgica condena por esos actos criminales en los cuales, bajo el disfraz de ser pobladores necesitados, comuneros pauperizados o humildes familias, se esconden traficantes de terrenos y agitadores que suelen encontrar eco en algunas emisoras radiales de provincias, desde donde se altera el orden y la paz social al fomentar entre los pobladores la violencia y el apertrechamiento de armas para infringir la ley.
En tercer lugar, resulta evidente que en este hecho, lamentablemente, la acción de las autoridades del Ministerio del Interior y de la Segunda Dirección Territorial de la Policía de Chiclayo no fueron bien planificadas ya que ni siquiera los policías enviados desde Lima, como refuerzos para apoyar el referido desalojo, contaban con datos de inteligencia que les advirtieran que los agresores de la propiedad estaban premunidos de fusiles AKM y escopetas artesanales. Tampoco contaban con la indumentaria de asalto más moderna, en particular aquella que se hizo conocida en el desalojo del Mercado de Santa Anita cuando entonces era director general de la Policía el general Octavio Salazar –seguramente porque uno de los principales críticos de este exitoso operativo es hoy ministro del Interior–. Lo cierto es que esta dejadez ha cobrado la vida de humildes policías: el suboficial de segunda Carlos Alberto Peralta Padilla y el suboficial de tercera Fernando Hidalgo Ibarra, quienes desde ahora integran la enorme lista de mártires de la PNP.
En último término, nunca deberá escatimarse el menor detalle posible para dar con los autores directos que percutaron los dispararon asesinos, sean comuneros, ronderos o matones contratados. Pero al mismo tiempo tendrá que procesarse a más de una de las personas que invadieron terrenos públicos porque está prohibido hacerlo. Si no se toman desde la Fiscalía las acciones correctivas jamás nadie va a respetar la ley y seguiremos presenciando escenas de este tipo. La letra con sangre entra y si no marcamos una posición firme, mañana o más tarde se producirán otras invasiones y se dejará que echen raíces como ocurrió en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, que viene desde el año 2002.
No obstante hay otra tarea pendiente, y es determinar el grado de responsabilidad administrativa de los altos mandos que no previeron esta situación delicada en la cual mueren efectivos policiales. En este campo tendrá que llegarse hasta las responsabilidades políticas que le conciernen al titular del sector.
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