POR UNA AUTÉNTICA REFORMA POLICIAL
Por: Samuel Abad Constitucionalista
Cada cierto tiempo sucede lo mismo cuando fallece un policía. Las autoridades piden “mano dura” frente a la delincuencia. Otros reclaman la pena de muerte y critican a quienes defienden los derechos humanos, pues “solo velan por los delincuentes”.
Hay que ser claros. Los policías sí tienen derechos. Vivir en democracia implica el respeto a la ley y a los derechos humanos de todos, con o sin uniforme. Sin embargo, el uso legítimo de la fuerza tiene límites. Esto es particularmente relevante cuando se presentan actos de violencia, como lo sucedido en el Santuario de Pomac. En tales casos se requiere aplicar una estrategia que encuentre un razonable equilibrio entre el uso legítimo de la fuerza, el respeto de las personas y la seguridad de los policías. Un buen ejemplo fue el desalojo en el mercado de Santa Anita. Y es que muchas veces detrás de estos casos subyacen un conflicto social y una violencia latente, pues vivimos en una sociedad fracturada donde algunos sienten que lo ilegal genera derechos. Lo sucedido evidencia que la autoridad civil sigue encargando a los policías “resolver” estos problemas sin el apoyo necesario.
“Al policía se le respeta”. El mensaje no solo va dirigido al ciudadano, sino al propio Estado que sigue sin garantizar sus derechos. Según la Constitución, los policías no pueden sindicalizarse, hacer huelgas ni presentar peticiones colectivas, es decir, no pueden agruparse para exigir sus derechos. Solo reclaman a través de sus familiares o cuando pasan a retiro. Hasta hace poco ni siquiera podían votar en las elecciones.
Los problemas empiezan desde su formación. Las mujeres no pueden quedar embarazadas, pues si no les dan de baja. Cuando egresan, constatan que su derecho a una remuneración “equitativa y suficiente” no se respeta, y que están obligados a “ejercer la función policial en todo momento, situación o circunstancia por considerarse siempre de servicio” (Art. 66.2, Ley 28857). Es decir, policía las 24 horas. Tener vacaciones o pago de horas extras es imposible. ¿Cuándo descansan? Nadie sabe, pues cuidan empresas en sus horas de franco. Si pretenden ascender, constatan que el mérito y la capacidad no siempre se respetan; y si el Poder Judicial los ampara, el procurador denuncia al juez. Tampoco hay garantías de permanencia en el cargo, pues la causal de retiro por renovación los mantiene inestables. Si se enferman, van al Hospital de Policía cuyas limitaciones son públicas. Cuando fallecen, el trámite para acceder a la pensión demora y los familiares deben certificar periódicamente que todo está correcto. Es decir, el Estado apoya escasamente a la policía.
La policía es una de las instituciones públicas que está más cerca de la gente, pues vela por su seguridad. Por eso, el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar sus derechos. Sin ello, no existirá seguridad ciudadana posible. En definitiva, seguimos viendo que a la policía no la respetan. La reforma policial y la defensa de sus derechos constituyen una prioridad. Haría bien el Ejecutivo en reconocerlo y adoptar medidas efectivas para ello.
Por: Samuel Abad Constitucionalista
Cada cierto tiempo sucede lo mismo cuando fallece un policía. Las autoridades piden “mano dura” frente a la delincuencia. Otros reclaman la pena de muerte y critican a quienes defienden los derechos humanos, pues “solo velan por los delincuentes”.
Hay que ser claros. Los policías sí tienen derechos. Vivir en democracia implica el respeto a la ley y a los derechos humanos de todos, con o sin uniforme. Sin embargo, el uso legítimo de la fuerza tiene límites. Esto es particularmente relevante cuando se presentan actos de violencia, como lo sucedido en el Santuario de Pomac. En tales casos se requiere aplicar una estrategia que encuentre un razonable equilibrio entre el uso legítimo de la fuerza, el respeto de las personas y la seguridad de los policías. Un buen ejemplo fue el desalojo en el mercado de Santa Anita. Y es que muchas veces detrás de estos casos subyacen un conflicto social y una violencia latente, pues vivimos en una sociedad fracturada donde algunos sienten que lo ilegal genera derechos. Lo sucedido evidencia que la autoridad civil sigue encargando a los policías “resolver” estos problemas sin el apoyo necesario.
“Al policía se le respeta”. El mensaje no solo va dirigido al ciudadano, sino al propio Estado que sigue sin garantizar sus derechos. Según la Constitución, los policías no pueden sindicalizarse, hacer huelgas ni presentar peticiones colectivas, es decir, no pueden agruparse para exigir sus derechos. Solo reclaman a través de sus familiares o cuando pasan a retiro. Hasta hace poco ni siquiera podían votar en las elecciones.
Los problemas empiezan desde su formación. Las mujeres no pueden quedar embarazadas, pues si no les dan de baja. Cuando egresan, constatan que su derecho a una remuneración “equitativa y suficiente” no se respeta, y que están obligados a “ejercer la función policial en todo momento, situación o circunstancia por considerarse siempre de servicio” (Art. 66.2, Ley 28857). Es decir, policía las 24 horas. Tener vacaciones o pago de horas extras es imposible. ¿Cuándo descansan? Nadie sabe, pues cuidan empresas en sus horas de franco. Si pretenden ascender, constatan que el mérito y la capacidad no siempre se respetan; y si el Poder Judicial los ampara, el procurador denuncia al juez. Tampoco hay garantías de permanencia en el cargo, pues la causal de retiro por renovación los mantiene inestables. Si se enferman, van al Hospital de Policía cuyas limitaciones son públicas. Cuando fallecen, el trámite para acceder a la pensión demora y los familiares deben certificar periódicamente que todo está correcto. Es decir, el Estado apoya escasamente a la policía.
La policía es una de las instituciones públicas que está más cerca de la gente, pues vela por su seguridad. Por eso, el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar sus derechos. Sin ello, no existirá seguridad ciudadana posible. En definitiva, seguimos viendo que a la policía no la respetan. La reforma policial y la defensa de sus derechos constituyen una prioridad. Haría bien el Ejecutivo en reconocerlo y adoptar medidas efectivas para ello.
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