Por: Juan Paredes Castro
La fuerza decisiva que ha puesto la fiscal de la Nación Gladys Echaíz en la investigación del espionaje telefónico difiere sustancialmente del relajado comportamiento del Tercer Juzgado Anticorrupción que tiene a su cargo el proceso instructivo contra los implicados en la oscura concesión exploratoria de lotes petroleros.
El hecho de que los principales protagonistas, el ex ministro aprista Rómulo León y el ex director de Perú Petro Alberto Quimper, estén en prisión, no dice absolutamente nada serio de la marcha del proceso abierto. Es más, la computadora de León no solo no ha pasado por el peritaje judicial respectivo, sino que corre el riesgo de perder su mayor valor: el disco duro detrás del cual debe haber más de un interesado en robárselo.
No es que nos urja ver a León y Quimper condenados a priori. Eso lo determinará la justicia. Lo que no puede ocurrir es que nos quedemos en la luna de Paita, sin saber las raíces y motivaciones que llevaron a ambos personajes a asociarse en las delictivas negociaciones destinadas a la obtención de concesiones petroleras ventajosas para las empresas contratantes de sus servicios. Por los 'petroaudios' revelados el año pasado sabemos, efectivamente, que esas negociaciones representaban una oscura caja de Pandora. De ahí que necesitamos conocer más evidencias y pruebas de las que puedan aportar no únicamente León y Quimper.
Esta operación de corrupción, que requiere pues ser investigada y judicializada a fondo, está asociada a otra operación de corrupción que la sacó a luz: la de la interceptación telefónica, que ahora conocemos que no constituía un acto heroico para liberar al país de una costra de maleantes sino un negocio próspero de chantaje y presión.
Un sector de la prensa hizo sin duda bien en difundir los contenidos de esa interceptación telefónica, pero con el deber adicional de hacerlo de conocimiento pleno del Ministerio Público para su investigación fiscal y su correspondiente denuncia judicial. Con ello no se estaba denunciando un delito y escondiendo otro, sino elevándolos a un mismo plano de esclarecimiento fiscal y judicial, que es lo que finalmente demandaba la naturaleza ilegal de la fuente.
Lamentablemente hay quienes desde dentro del gremio periodístico piensan que no deberíamos mirar demasiado los entretelones del chuponeo telefónico, y quienes desde fuera del gremio pretenden, con ánimo censor y represor, que las penas contra los autores de este delito alcancen también a quienes lo divulgan, esto es los medios de comunicación.
EL COMERCIO
La fuerza decisiva que ha puesto la fiscal de la Nación Gladys Echaíz en la investigación del espionaje telefónico difiere sustancialmente del relajado comportamiento del Tercer Juzgado Anticorrupción que tiene a su cargo el proceso instructivo contra los implicados en la oscura concesión exploratoria de lotes petroleros.
El hecho de que los principales protagonistas, el ex ministro aprista Rómulo León y el ex director de Perú Petro Alberto Quimper, estén en prisión, no dice absolutamente nada serio de la marcha del proceso abierto. Es más, la computadora de León no solo no ha pasado por el peritaje judicial respectivo, sino que corre el riesgo de perder su mayor valor: el disco duro detrás del cual debe haber más de un interesado en robárselo.
No es que nos urja ver a León y Quimper condenados a priori. Eso lo determinará la justicia. Lo que no puede ocurrir es que nos quedemos en la luna de Paita, sin saber las raíces y motivaciones que llevaron a ambos personajes a asociarse en las delictivas negociaciones destinadas a la obtención de concesiones petroleras ventajosas para las empresas contratantes de sus servicios. Por los 'petroaudios' revelados el año pasado sabemos, efectivamente, que esas negociaciones representaban una oscura caja de Pandora. De ahí que necesitamos conocer más evidencias y pruebas de las que puedan aportar no únicamente León y Quimper.
Esta operación de corrupción, que requiere pues ser investigada y judicializada a fondo, está asociada a otra operación de corrupción que la sacó a luz: la de la interceptación telefónica, que ahora conocemos que no constituía un acto heroico para liberar al país de una costra de maleantes sino un negocio próspero de chantaje y presión.
Un sector de la prensa hizo sin duda bien en difundir los contenidos de esa interceptación telefónica, pero con el deber adicional de hacerlo de conocimiento pleno del Ministerio Público para su investigación fiscal y su correspondiente denuncia judicial. Con ello no se estaba denunciando un delito y escondiendo otro, sino elevándolos a un mismo plano de esclarecimiento fiscal y judicial, que es lo que finalmente demandaba la naturaleza ilegal de la fuente.
Lamentablemente hay quienes desde dentro del gremio periodístico piensan que no deberíamos mirar demasiado los entretelones del chuponeo telefónico, y quienes desde fuera del gremio pretenden, con ánimo censor y represor, que las penas contra los autores de este delito alcancen también a quienes lo divulgan, esto es los medios de comunicación.
EL COMERCIO
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