¿DÓNDE QUEDÓ EL RESPETO A LA AUTORIDAD?
Por Ernesto Velit Granda. Analista político
En el Perú de los últimos tiempos, el Estado y la sociedad asumieron responsabilidades que hicieron poco por cumplir, lo cual contribuyó a desnaturalizar los órganos tradicionales de poder y a volver cada vez más precaria a esa democracia que se intentaba, penosamente, construir.
El mantener situaciones sociales críticas, postergar la solución de reivindicaciones salariales, mirar de reojo la corrupción y la violencia, conducen a abatir la fe del pueblo en la institucionalidad política y a volverlo indiferente ante los peligros que acechan a la democracia. Destruir la vida constitucional, es casi siempre producto de la incapacidad de quienes están obligados a preservarla.
Todo apunta a que existe una nueva visión latinoamericana de la democracia, y que proteger los derechos de las personas es también una forma de defender la soberanía. De allí se desprende por qué la crisis económica, si no es enfrentada con responsabilidad, es capaz de acarrear el colapso del sistema democrático. Aun la heterogénea realidad de nuestro hemisferio nos hermana en el compromiso de compartir los mismos desafíos sociales y políticos.
Hace poco escribimos sobre las amenazas al sistema que representa la corrupción, particularmente cuando no recibe del poder la atención y el interés que la sociedad exige. Hoy vemos en actitudes de violencia mortal, repetidas en los últimos tiempos con una frecuencia preocupante y desatada con ocasión de protestas populares, una suerte de acompañante forzoso si se quiere ser escuchado.
Lo sucedido en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, donde dos suboficiales de la policía fueron asesinados, pinta de cuerpo entero la voluntad homicida, por un lado, y la improvisación irresponsable de las autoridades encargadas de realizar las operaciones, por el otro. Cada vez la violencia, por ambas partes, es mayor. Hemos visto morir campesinos y mineros que defendían sus derechos, y ahora asistimos a la muerte de policías al pretender desalojar una ocupación ilegal.
La violencia es inaceptable cualquiera fuese su procedencia. Las autoridades políticas están obligadas a asumir su responsabilidad, frente a hechos como los que comentamos. Las solidaridades equivocadas solo contribuyen a enrarecer más el clima de intolerancia y a desconfiar de la gobernabilidad que se pretende defender. Hay una ética en el ejercicio de la función, cuya vigencia legitima al poder ante los ojos de la sociedad. De ser necesario, debemos replantear de qué manera las garantías que protegen los derechos de las personas, sin excepción, requieren ser defendidas.
No podemos continuar en ese clima de violencia que hace la existencia más difícil y la seguridad más ajena. El Estado tiene la obligación de propiciar la construcción de esa conciencia y no le debe temblar la mano si se trata de elegir a quienes sean capaces de asumir la tarea en reemplazo de la incompetencia.
Todo esto es parte de la cultura política con paradigmas modernizadores, con tendencias democratizadoras que se van abriendo paso, sin importar las dificultades ni los comentarios demoledores.
No debemos permitir que en este laberinto, donde parecen sucumbir las pocas esperanzas que aún alienta nuestro pueblo, la violencia destruya la fe ciudadana y el pesimismo invada el alma de la gente. Una vez más, la prensa honesta resulta un refugio para la dignidad.
EL COMERCIO
Por Ernesto Velit Granda. Analista político
En el Perú de los últimos tiempos, el Estado y la sociedad asumieron responsabilidades que hicieron poco por cumplir, lo cual contribuyó a desnaturalizar los órganos tradicionales de poder y a volver cada vez más precaria a esa democracia que se intentaba, penosamente, construir.
El mantener situaciones sociales críticas, postergar la solución de reivindicaciones salariales, mirar de reojo la corrupción y la violencia, conducen a abatir la fe del pueblo en la institucionalidad política y a volverlo indiferente ante los peligros que acechan a la democracia. Destruir la vida constitucional, es casi siempre producto de la incapacidad de quienes están obligados a preservarla.
Todo apunta a que existe una nueva visión latinoamericana de la democracia, y que proteger los derechos de las personas es también una forma de defender la soberanía. De allí se desprende por qué la crisis económica, si no es enfrentada con responsabilidad, es capaz de acarrear el colapso del sistema democrático. Aun la heterogénea realidad de nuestro hemisferio nos hermana en el compromiso de compartir los mismos desafíos sociales y políticos.
Hace poco escribimos sobre las amenazas al sistema que representa la corrupción, particularmente cuando no recibe del poder la atención y el interés que la sociedad exige. Hoy vemos en actitudes de violencia mortal, repetidas en los últimos tiempos con una frecuencia preocupante y desatada con ocasión de protestas populares, una suerte de acompañante forzoso si se quiere ser escuchado.
Lo sucedido en el Santuario Histórico Bosque de Pomac, donde dos suboficiales de la policía fueron asesinados, pinta de cuerpo entero la voluntad homicida, por un lado, y la improvisación irresponsable de las autoridades encargadas de realizar las operaciones, por el otro. Cada vez la violencia, por ambas partes, es mayor. Hemos visto morir campesinos y mineros que defendían sus derechos, y ahora asistimos a la muerte de policías al pretender desalojar una ocupación ilegal.
La violencia es inaceptable cualquiera fuese su procedencia. Las autoridades políticas están obligadas a asumir su responsabilidad, frente a hechos como los que comentamos. Las solidaridades equivocadas solo contribuyen a enrarecer más el clima de intolerancia y a desconfiar de la gobernabilidad que se pretende defender. Hay una ética en el ejercicio de la función, cuya vigencia legitima al poder ante los ojos de la sociedad. De ser necesario, debemos replantear de qué manera las garantías que protegen los derechos de las personas, sin excepción, requieren ser defendidas.
No podemos continuar en ese clima de violencia que hace la existencia más difícil y la seguridad más ajena. El Estado tiene la obligación de propiciar la construcción de esa conciencia y no le debe temblar la mano si se trata de elegir a quienes sean capaces de asumir la tarea en reemplazo de la incompetencia.
Todo esto es parte de la cultura política con paradigmas modernizadores, con tendencias democratizadoras que se van abriendo paso, sin importar las dificultades ni los comentarios demoledores.
No debemos permitir que en este laberinto, donde parecen sucumbir las pocas esperanzas que aún alienta nuestro pueblo, la violencia destruya la fe ciudadana y el pesimismo invada el alma de la gente. Una vez más, la prensa honesta resulta un refugio para la dignidad.
EL COMERCIO
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