LA INESTABILIDAD BOLIVIANA
Por Alejandro Deustua. Internacionalista
Lejos de consolidar el pacto social que define de manera consensuada el orden interno de un Estado, el referéndum que aprobó la nueva Constitución boliviana ha consolidado la polarización de visiones del mundo y de los principios y normas que deben gobernar la sociedad boliviana.
Tal situación de fragmentación se expresa hoy en algo más que alternativas contrarias de implementación de esa carta (coordinación según el Gobierno, pacto según las regiones opositoras) o que la insuficiencia del 60% para lograr la legitimación plena de la misma. En efecto, su contenido implica la erosión del Estado, la disolución del concepto de nación y la discriminación inversa entre los ciudadanos comunes y los denominados indígenas originarios.
Por lo demás, sustentada en principios antiliberales y antioccidentales (la denuncia del "neoliberalismo" y del "Estado colonial" es extrapolable), el Estado queda atrapado en una maraña conceptual (plurinacional, comunitario, soberano, intercultural, etc.) cuya interpretación permite a las diversas facciones interpretarlas a voluntad.
Esta innata tendencia a la anarquía se agrava cuando el Gobierno se fragmenta en diversas formas de expresión democrática: la representativa, la participativa (que propende la consulta popular como regla y no como excepción), y la comunitaria. Tal receta de ingobernabilidad hace de la autoridad algo más que el fiel de la balanza: será el recurso salvador que, por inercia, tiende hacia el autoritarismo.
Especialmente si el Estado de derecho se disuelve al quebrarse el principio de igualdad ante la ley favoreciendo la representación del indígena originario en los distintos fueros jurisdiccionales y legislativos.
En efecto, esa representación, por razones meramente étnicas, tendrá participación especial en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema mientras que sus usos tendrán equivalencia con el fuero ordinario. La presencia originaria pasa a ser también dominante en el Congreso para no hablar de estamento contralor del pueblo organizado.
En este escenario, la organización territorial se complica enormemente en tanto la carta establece la equivalencia entre los fueros regionales, municipales y, además, originarios.
Así, lejos de reconocer algún mérito cohesionador a la realidad del mestizaje, la Constitución "refundadora" hecha por la borda el concepto de nación en beneficio de 36 nacionalidades con sus respectivos idiomas (todos ellos oficiales). Está claro que esta preferencia por la diversidad, que agrega racismo a la naturaleza económicamente excluyente de la sociedad, generará problemas de competencias.
Disminuido el Estado, será el Gobierno el que tendrá un peso dirimente en la economía más allá de quién detente la propiedad de los recursos. Y, en conjunción con la atomización de la nación, el concepto de interés nacional desaparece para ser reemplazado quizás por el interés popular. Su arbitraria y leninista definición complicará la relación con otros estados generando incertidumbre en la región. Especialmente si el interés popular deviene en ejercicio transnacional y es estimulado desde fuera.
Precedida de la manipulación de la emergencia social generada por la apertura democrática de hace dos décadas y de ilegalidad en su formulación (ausencia de la oposición, presión callejera), esta Carta es una fuente sustancial de incertidumbre que presenta el Gobierno Boliviano. Aunque este lo sepa de sobra, es necesario recordárselo.
EL COMERCIO
Por Alejandro Deustua. Internacionalista
Lejos de consolidar el pacto social que define de manera consensuada el orden interno de un Estado, el referéndum que aprobó la nueva Constitución boliviana ha consolidado la polarización de visiones del mundo y de los principios y normas que deben gobernar la sociedad boliviana.
Tal situación de fragmentación se expresa hoy en algo más que alternativas contrarias de implementación de esa carta (coordinación según el Gobierno, pacto según las regiones opositoras) o que la insuficiencia del 60% para lograr la legitimación plena de la misma. En efecto, su contenido implica la erosión del Estado, la disolución del concepto de nación y la discriminación inversa entre los ciudadanos comunes y los denominados indígenas originarios.
Por lo demás, sustentada en principios antiliberales y antioccidentales (la denuncia del "neoliberalismo" y del "Estado colonial" es extrapolable), el Estado queda atrapado en una maraña conceptual (plurinacional, comunitario, soberano, intercultural, etc.) cuya interpretación permite a las diversas facciones interpretarlas a voluntad.
Esta innata tendencia a la anarquía se agrava cuando el Gobierno se fragmenta en diversas formas de expresión democrática: la representativa, la participativa (que propende la consulta popular como regla y no como excepción), y la comunitaria. Tal receta de ingobernabilidad hace de la autoridad algo más que el fiel de la balanza: será el recurso salvador que, por inercia, tiende hacia el autoritarismo.
Especialmente si el Estado de derecho se disuelve al quebrarse el principio de igualdad ante la ley favoreciendo la representación del indígena originario en los distintos fueros jurisdiccionales y legislativos.
En efecto, esa representación, por razones meramente étnicas, tendrá participación especial en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema mientras que sus usos tendrán equivalencia con el fuero ordinario. La presencia originaria pasa a ser también dominante en el Congreso para no hablar de estamento contralor del pueblo organizado.
En este escenario, la organización territorial se complica enormemente en tanto la carta establece la equivalencia entre los fueros regionales, municipales y, además, originarios.
Así, lejos de reconocer algún mérito cohesionador a la realidad del mestizaje, la Constitución "refundadora" hecha por la borda el concepto de nación en beneficio de 36 nacionalidades con sus respectivos idiomas (todos ellos oficiales). Está claro que esta preferencia por la diversidad, que agrega racismo a la naturaleza económicamente excluyente de la sociedad, generará problemas de competencias.
Disminuido el Estado, será el Gobierno el que tendrá un peso dirimente en la economía más allá de quién detente la propiedad de los recursos. Y, en conjunción con la atomización de la nación, el concepto de interés nacional desaparece para ser reemplazado quizás por el interés popular. Su arbitraria y leninista definición complicará la relación con otros estados generando incertidumbre en la región. Especialmente si el interés popular deviene en ejercicio transnacional y es estimulado desde fuera.
Precedida de la manipulación de la emergencia social generada por la apertura democrática de hace dos décadas y de ilegalidad en su formulación (ausencia de la oposición, presión callejera), esta Carta es una fuente sustancial de incertidumbre que presenta el Gobierno Boliviano. Aunque este lo sepa de sobra, es necesario recordárselo.
EL COMERCIO
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