Después del largo proceso de designación y ratificación del titular de la Contraloría General de la República (CGR), por fin el Parlamento Nacional, a través de la Comisión Permanente, dio luz verde a Ingrid Soraya Suárez Velarde para que asuma el mando del sistema de control del país.
Una gran responsabilidad recae ahora sobre los hombros de esta ciudadana pues, en primer lugar, deberá devolver la fe a los peruanos en el sentido que sí es posible vencer a la corrupción. También tendrá que conseguir que recupere confianza y credibilidad una institución matriz como la CGR, que durante años ha fallado en la prevención del delito, y se ha enredado en mecanismos engorrosos al momento de controlar la marcha de los entes del Estado. Tanto es así que –ante la mirada de los ciudadanos– la CGR es vista como una entidad lenta y sin resultados en la acción contra la inmoralidad pública. Y, para coronar estas deficiencias, se suma la cuestionable falta de voluntad de los líderes políticos. Recordemos que durante la gestión del ex presidente Alejandro Toledo, la denominada Comisión de Lucha contra la Corrupción –a cuyo jefe ridículamente se le llamó “zar anticorrupción”– fracasó, y en el actual mandato del presidente Alan García la llamada Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) colapsó a los pocos meses de haber sido creada. Estas malas señales han puesto los ojos del país nuevamente en la CGR.
Este pesado fardo deberá ser removido por la nueva contralora de la nación, ratificada en el cargo por 18 votos a favor de los 28 miembros que integran la Comisión Permanente del Congreso de la República. Y si desde el Poder Legislativo se aceptó, con este resultado, la propuesta del jefe de Estado –como manda la Constitución Política–, huelga entonces regresar a cuestionamientos que ya fueron motivo de amplio debate entre los congresistas y en la opinión pública sobre el perfil, antecedentes personales y experiencia laboral de la ciudadana Ingrid Suárez. Dos comisiones, la presidida por el economista Richard Webb, y el grupo evaluador presidido por la parlamentaria Mercedes Cabanillas, han revisado con lupa si la hoy Contralora General de la República reunía los requisitos de ley al momento de postular como candidata para tan alto cargo de Estado. Y el resultado fue positivo.
De manera que, superados los cuestionamientos, no hay lugar ni tiempo sino para respaldar el inicio de la gestión de la contralora, con la esperanza que, de una vez por todas, se rompa ese círculo nefasto de denuncias, investigaciones y conclusiones incoherentes, sin resultados efectivos, a la hora de fiscalizar a los funcionarios que supuestamente cometen irregularidades o delitos en el ejercicios de sus atribuciones. Si la profesión de Ingrid Suárez, como contadora colegiada, está acreditada y si ha cumplido con las demás condiciones que señala la ley para ser jefe de la CGR, pues entonces está habilitada para el cargo. Por nuestra parte pedimos, simplemente, que lidere con carácter, solvencia moral y mentalidad ejecutiva la importante misión que la sociedad y el Estado le han encomendado.
EXPRESO
Una gran responsabilidad recae ahora sobre los hombros de esta ciudadana pues, en primer lugar, deberá devolver la fe a los peruanos en el sentido que sí es posible vencer a la corrupción. También tendrá que conseguir que recupere confianza y credibilidad una institución matriz como la CGR, que durante años ha fallado en la prevención del delito, y se ha enredado en mecanismos engorrosos al momento de controlar la marcha de los entes del Estado. Tanto es así que –ante la mirada de los ciudadanos– la CGR es vista como una entidad lenta y sin resultados en la acción contra la inmoralidad pública. Y, para coronar estas deficiencias, se suma la cuestionable falta de voluntad de los líderes políticos. Recordemos que durante la gestión del ex presidente Alejandro Toledo, la denominada Comisión de Lucha contra la Corrupción –a cuyo jefe ridículamente se le llamó “zar anticorrupción”– fracasó, y en el actual mandato del presidente Alan García la llamada Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) colapsó a los pocos meses de haber sido creada. Estas malas señales han puesto los ojos del país nuevamente en la CGR.
Este pesado fardo deberá ser removido por la nueva contralora de la nación, ratificada en el cargo por 18 votos a favor de los 28 miembros que integran la Comisión Permanente del Congreso de la República. Y si desde el Poder Legislativo se aceptó, con este resultado, la propuesta del jefe de Estado –como manda la Constitución Política–, huelga entonces regresar a cuestionamientos que ya fueron motivo de amplio debate entre los congresistas y en la opinión pública sobre el perfil, antecedentes personales y experiencia laboral de la ciudadana Ingrid Suárez. Dos comisiones, la presidida por el economista Richard Webb, y el grupo evaluador presidido por la parlamentaria Mercedes Cabanillas, han revisado con lupa si la hoy Contralora General de la República reunía los requisitos de ley al momento de postular como candidata para tan alto cargo de Estado. Y el resultado fue positivo.
De manera que, superados los cuestionamientos, no hay lugar ni tiempo sino para respaldar el inicio de la gestión de la contralora, con la esperanza que, de una vez por todas, se rompa ese círculo nefasto de denuncias, investigaciones y conclusiones incoherentes, sin resultados efectivos, a la hora de fiscalizar a los funcionarios que supuestamente cometen irregularidades o delitos en el ejercicios de sus atribuciones. Si la profesión de Ingrid Suárez, como contadora colegiada, está acreditada y si ha cumplido con las demás condiciones que señala la ley para ser jefe de la CGR, pues entonces está habilitada para el cargo. Por nuestra parte pedimos, simplemente, que lidere con carácter, solvencia moral y mentalidad ejecutiva la importante misión que la sociedad y el Estado le han encomendado.
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