Negociado y consumado por los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, haciendo tabla rasa del artículo 63 de la Constitución, el Acuerdo Nacional y la gran mayoría de productores y trabajadores del Perú, el injusto Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos comenzará a operar el primer día de febrero, sin que el país haya sido preparado para afrontarlo.
Obviamente, la felicidad de los pocos ganadores internos y externos de tal compromiso, incluyendo a sus arteros procuradores oficiales, sólo es comparable con la irresponsabilidad histórica de los 61 parlamentarios que el 16 último lo convalidaron, sin revisar concienzudamente las casi 30,000 páginas que abarca el texto del TLC y ni siquiera los 99 decretos legislativos y reglamentos conexos recientemente impuestos para viabilizarlo.
Muy pronto la realidad demostrará, como desde hace 15 años en México, el costo cruel de este “acuerdo” lesivo para el agro, la seguridad alimentaria, los recursos naturales, el medio ambiente y el grueso del Perú.
Pues aun cuando el país pueda beneficiarse eventualmente con la apertura permanente del mercado estadounidense para nuestras exportaciones y con el libre flujo de capitales y tecnologías procedentes del imperio, la humedad del progreso no llegará a la mayoría de peruanos; porque el APC-TLC ha sido fundamentalmente diseñado para profundizar la concentración de la propiedad en muy pocas manos e impedir la difusión del capitalismo popular.
Ahora se ve que no fue casual que el 27 de junio del 2006, a sólo siete días de la fecha en que el flamante mandatario electo Alan García prometiera hacer “revisar línea por línea, capítulo por capítulo” el texto del TLC, la bancada aprista del Congreso respaldara la nocturna ratificación de éste, sin honrar tal compromiso. Tampoco sería casual que el 18 de agosto del mismo año, el mismo García anunciara haber encargado al economista Hernando De Soto el desarrollo del “TLC hacia adentro”, para luego no hacer nada en este sentido. Menos aún fue casual que en el primer semestre del 2007 el gobierno impusiera 99 decretos legislativos inconsultos y la mayoría inconstitucionales, a los que después añadiría sus farragosos reglamentos; a la vez de negarse a explicar y difundir los mismos.
En resumen, el TLC está esencialmente armado para despojar al grueso del Perú de su futuro, comenzando por el estrangulamiento económico de los campesinos, mediante la “competencia” desleal de los productos subsidiados por el imperio y ahora adicionalmente subvaluados por la recesión económica, con el fin de forzarlos a entregar sus tierras a los neogamonales en acecho.
Sin embargo, no todo está perdido. Pues, aparte de la resistencia nacional frente a lo injusto, surge una esperanza de corrección hacia la equidad, en la palabra del flamante mandatario estadounidense, Barack Obama: “Una nación no puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a los ricos”.
A partir de conceptos como éste sería posible extirpar el virus del TBC que entraña el TLC de Bush y el binomio Toledo-García.
Obviamente, la felicidad de los pocos ganadores internos y externos de tal compromiso, incluyendo a sus arteros procuradores oficiales, sólo es comparable con la irresponsabilidad histórica de los 61 parlamentarios que el 16 último lo convalidaron, sin revisar concienzudamente las casi 30,000 páginas que abarca el texto del TLC y ni siquiera los 99 decretos legislativos y reglamentos conexos recientemente impuestos para viabilizarlo.
Muy pronto la realidad demostrará, como desde hace 15 años en México, el costo cruel de este “acuerdo” lesivo para el agro, la seguridad alimentaria, los recursos naturales, el medio ambiente y el grueso del Perú.
Pues aun cuando el país pueda beneficiarse eventualmente con la apertura permanente del mercado estadounidense para nuestras exportaciones y con el libre flujo de capitales y tecnologías procedentes del imperio, la humedad del progreso no llegará a la mayoría de peruanos; porque el APC-TLC ha sido fundamentalmente diseñado para profundizar la concentración de la propiedad en muy pocas manos e impedir la difusión del capitalismo popular.
Ahora se ve que no fue casual que el 27 de junio del 2006, a sólo siete días de la fecha en que el flamante mandatario electo Alan García prometiera hacer “revisar línea por línea, capítulo por capítulo” el texto del TLC, la bancada aprista del Congreso respaldara la nocturna ratificación de éste, sin honrar tal compromiso. Tampoco sería casual que el 18 de agosto del mismo año, el mismo García anunciara haber encargado al economista Hernando De Soto el desarrollo del “TLC hacia adentro”, para luego no hacer nada en este sentido. Menos aún fue casual que en el primer semestre del 2007 el gobierno impusiera 99 decretos legislativos inconsultos y la mayoría inconstitucionales, a los que después añadiría sus farragosos reglamentos; a la vez de negarse a explicar y difundir los mismos.
En resumen, el TLC está esencialmente armado para despojar al grueso del Perú de su futuro, comenzando por el estrangulamiento económico de los campesinos, mediante la “competencia” desleal de los productos subsidiados por el imperio y ahora adicionalmente subvaluados por la recesión económica, con el fin de forzarlos a entregar sus tierras a los neogamonales en acecho.
Sin embargo, no todo está perdido. Pues, aparte de la resistencia nacional frente a lo injusto, surge una esperanza de corrección hacia la equidad, en la palabra del flamante mandatario estadounidense, Barack Obama: “Una nación no puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a los ricos”.
A partir de conceptos como éste sería posible extirpar el virus del TBC que entraña el TLC de Bush y el binomio Toledo-García.
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