La otra investigación

Sin duda determinar el castigo ejemplar para los “chuponeadores” es tarea seria que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, como también lo es saber a ciencia cierta quiénes pagaron para interceptar los teléfonos de políticos, empresarios, compañías privadas o entidades públicas. Sin embargo en otro caso similar, donde inclusive no se descarta que pueda tener aristas vinculantes con algunos “chuponeados”, igualmente deberíamos contar ya con elementos más concretos, nos referimos a la investigación del robo de más de 820 cajas de documentos del Ministerio de Salud (Minsa) que estaban depositados en uno de los archivos ubicados en el centro de Lima. Como nación, ciudadanos y autoridades juntos, debemos mantener la decisión inclaudicable de enfrentar a las mafias que, como la de “chuponeadores” o como aquella enquistada en el Minsa, durante años vienen cometiendo fechorías amparados en la impunidad. Pero esta vez debemos ser lo suficientemente perspicaces y enérgicos para no dejar pasar –por ejemplo, a causa de las demoras que suelen tomar los mecanismos procesales– una pizca de ventaja a favor de esas redes de delincuentes morbosos que, con total frescura, ahora declaran que su hobby era escuchar conversaciones privadas o quienes quieren aparecer como cleptómanos recicladores de papel. En ese sentido, en estos dos affaires vamos a medir el verdadero pulso del Ministerio Público y del Poder Judicial contra el delito, lo que permitirá conocer si efectivamente funciona la ley o si existe debilidad revestida por el excesivo garantismo que podría hacer que toda una paciente labor investigadora culmine pasando por agua tibia a los malhechores.

De modo que tan delicado como el “chuponeo” ha sido el atrevimiento de sujetos vinculados, directa o indirectamente, al Minsa para sustraer abundante documentación oficial cuyo peso supera las 30 toneladas. Reconstruir tantos aspectos contenidos en tamaño volumen no debería ser óbice para precisar quiénes son los autores y el móvil del crimen. Se sabe que hay información en las cajas que tiene que ver con la cooperación internacional, con proyectos y tratos para cerrar la adquisición de bines y servicios del Minsa, etc., pero no se descarta que los delincuentes también hayan querido sustraer material intrascendente para confundir las investigaciones. No obstante, la sociedad por medio de sus autoridades tiene que agotar hasta el último recurso para dar con los responsables.

Obviamente, todo esto no deja de estar en el misterio a pesar de las preguntas lógicas que el robo obliga a formular: ¿por qué el enorme número de cajas?, ¿cuáles son los contenidos más importantes que abordan esos papeles?, ¿por qué estaba de licencia el jefe del archivo donde se sustrajo esa información oficial?, ¿qué cajas y cuántas eran motivo de fiscalización por parte del Órgano de Control Interno del Minsa?, o ¿hasta qué punto algunas cajas podrían tener documentos en conexión con aquellos “petroaudios” en los cuales se conversa sobre concesiones para la construcción de hospitales? Detrás hay peces gordos y el Estado tiene la obligación de llegar al fondo del caso.

EXPRESO