En los últimos días, a partir de una revelación del doctor Fernán Altuve en el programa El perro del hortelano de César Hildebrandt (Canal 11), se ha reavivado el escándalo de Collique.
El jurista ha precisado que sobre los terrenos de ese aeródromo pesa un cargo, es decir, una prohibición de que se los dedique a algo que no sea la promoción de la aviación civil.
Esa es su condición de origen, desde que fueron adquiridos y donados, junto con la estructura, gracias a una colecta nacional en la que contribuyeron más de medio millón de personas.
La colecta data de 1944, y todos los gobiernos han respetado la función patriótica que los ciudadanos asignaron al aeródromo.
Tuvo que llegar el gobierno de Alan García, con su entonces ministro de Vivienda Enrique Cornejo, para que se malvendiera el aeródromo a un consorcio formado por la empresa peruana Graña y Montero, y la chilena Besco S.A.
No hubo en esto sólo acto ilegal. Es evidente que se trató de uno de los hechos más graves de corrupción en un régimen que se distingue por una deshonestidad recalcitrante. Los terrenos se vendieron a 28 dólares el metro cuadrado, siendo así que se valoran en por lo menos 150 dólares. El diario El Comercio informó que la tasación de la Cámara Peruana de la Construcción es de 301 dólares el metro cuadrado.
Sobre la complicidad o la autoría del presidente Alan García en este negociado, no caben dudas. Tan interesado está en defender el faenón, que en la última Conferencia Anual de Empresarios (CADE) afirmó que en Collique sólo había una avioneta.
Hizo reír a empresarios dóciles a las cosquillas del poder, pero emitió una mentira de alto octanaje. En verdad, en ese aeródromo emprendían vuelo decenas de avionetas, en las que se entrenaban jóvenes que aspiran a ser aviadores civiles.
Acto de corrupción, la venta fue también acto de traición nacional.
Sabido es que en todos los países la aviación civil no sólo es instrumento comercial y económico, sino también reserva para la defensa aérea.
Si se consumara el despojo al país, el Perú sería uno de los pocos países sin campo de entrenamiento para pilotos civiles. ¿No lo sabían los gobernantes?
Quizás a los García y los Cornejo los guía no sólo el interés personal, sino también la idea de que hay que dejar que los chilenos se lo lleven todo, en sociedad con peruanos que carecen de sentido nacional.
La ministra aprista de la Vivienda, Nidia Vílchez, promete un nuevo aeródromo para la escuela de aviación civil, en el kilómetro 181 de la Panamericana Sur. Sabemos que desde Palacio se ofrece, por otra parte, un refugio provisional en la base de Las Palmas.
Eso no es solución. La solución es que se investigue a fondo el aspecto legal, económico y político de la transacción vendepatria. Y que se anule.
El jurista ha precisado que sobre los terrenos de ese aeródromo pesa un cargo, es decir, una prohibición de que se los dedique a algo que no sea la promoción de la aviación civil.
Esa es su condición de origen, desde que fueron adquiridos y donados, junto con la estructura, gracias a una colecta nacional en la que contribuyeron más de medio millón de personas.
La colecta data de 1944, y todos los gobiernos han respetado la función patriótica que los ciudadanos asignaron al aeródromo.
Tuvo que llegar el gobierno de Alan García, con su entonces ministro de Vivienda Enrique Cornejo, para que se malvendiera el aeródromo a un consorcio formado por la empresa peruana Graña y Montero, y la chilena Besco S.A.
No hubo en esto sólo acto ilegal. Es evidente que se trató de uno de los hechos más graves de corrupción en un régimen que se distingue por una deshonestidad recalcitrante. Los terrenos se vendieron a 28 dólares el metro cuadrado, siendo así que se valoran en por lo menos 150 dólares. El diario El Comercio informó que la tasación de la Cámara Peruana de la Construcción es de 301 dólares el metro cuadrado.
Sobre la complicidad o la autoría del presidente Alan García en este negociado, no caben dudas. Tan interesado está en defender el faenón, que en la última Conferencia Anual de Empresarios (CADE) afirmó que en Collique sólo había una avioneta.
Hizo reír a empresarios dóciles a las cosquillas del poder, pero emitió una mentira de alto octanaje. En verdad, en ese aeródromo emprendían vuelo decenas de avionetas, en las que se entrenaban jóvenes que aspiran a ser aviadores civiles.
Acto de corrupción, la venta fue también acto de traición nacional.
Sabido es que en todos los países la aviación civil no sólo es instrumento comercial y económico, sino también reserva para la defensa aérea.
Si se consumara el despojo al país, el Perú sería uno de los pocos países sin campo de entrenamiento para pilotos civiles. ¿No lo sabían los gobernantes?
Quizás a los García y los Cornejo los guía no sólo el interés personal, sino también la idea de que hay que dejar que los chilenos se lo lleven todo, en sociedad con peruanos que carecen de sentido nacional.
La ministra aprista de la Vivienda, Nidia Vílchez, promete un nuevo aeródromo para la escuela de aviación civil, en el kilómetro 181 de la Panamericana Sur. Sabemos que desde Palacio se ofrece, por otra parte, un refugio provisional en la base de Las Palmas.
Eso no es solución. La solución es que se investigue a fondo el aspecto legal, económico y político de la transacción vendepatria. Y que se anule.
LA PRIMERA
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