¿Costumbre nacional?

Quisiéramos equivocarnos –por lo menos lo alertamos– pero existe entre nosotros una mala costumbre a la hora de sancionar a los responsables de actos de corrupción. El “gasolinazo” destapado al interior de la Policía Nacional es uno de ellos. Lamentablemente, en ese como tantos en otros casos se hacen “profundas” investigaciones, al final del día son pocos los encausados y menos los castigados administrativa y penalmente. Para los corruptos, la benevolencia de los órganos de control interno de cada entidad, la lentitud de la Fiscalía y el garantismo judicial les permite salir airosos y hasta libres de polvo y paja.

La verdad es que el problema del tráfico de gasolina al interior de las Fuerzas Armadas y de la PNP no es reciente. Más de una voz especializada ha señalado que viene de décadas. Pero nunca se le ha llegado a poner coto a tamaña corrupción. Por ello no es raro que, a diferencia de muchos empresarios que a través de un trabajo honrado de años logran constituir estaciones de expendio de combustibles, existan militares en retiro que de la noche a la mañana resultan dueños de tales negocios. ¿Cómo lo hacen? Quizá en parte la respuesta estribe en los escándalos conocidos –ventilados en la prensa– al interior del Ejército y de la Policía. Llegar a decisiones judiciales definitivas sería la gran cuestión.

El periodismo cumple con denunciar. Sin embargo las auditorías que realiza el Estado, la forma como profundiza las pesquisas el Ministerio Público o el modo como resuelven los jueces no siempre se conoce ni es público. En el caso particular del “gasolinazo” en la PNP las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial deben ponerle más atención. No sólo porque constituyen actos delictivos –y consecuentemente implican un serio resquebrajamiento del nivel moral de nuestros uniformados– sino porque lo demanda una ciudadanía indignada que necesita creer en quienes se encargar de garantizar su seguridad.

De modo que lo mejor es advertir a los entes encargados de luchar contra la corrupción a fin de que pongan mayor atención al supuesto tráfico de combustible en cuarteles policiales y comisarías. No confiamos en lo que digan los órganos de control interno, pues por más que existan funcionarios honestos a la larga pesa esa costumbre perversa del falso “espíritu de cuerpo”. Pero también, ya que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía anticorrupción, hay que poner la lupa en lo que haga esta instancia que acaba de ampliar por sesenta días las investigaciones. Tampoco olvidemos que últimamente la compra de gasolinas para abastecer vehículos de la PNP se ha realizó sin concurso público. En este y otros casos, corrijamos esa mala costumbre de dejar a medias las fiscalizaciones y sobre todo la sanción penal, que difícilmente llega a los que se lo merecen.

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