El dúo Alan García-Yehude Simon intenta, por segunda vez en el lapso de dos meses, coartar la libertad de prensa y de expresión.
El anterior proyecto, que condenamos apenas conocido, fue luego sepultado bajo una ola de repudio. Aquella vez, el filo del ataque parecía dirigirse contra las organizaciones no gubernamentales; pero arremetía en el fondo contra todas las sociedades que disgustaran al régimen.
Así, las empresas periodísticas podían ser disueltas si el poder político consideraba que atentaban contra el orden público, las buenas costumbres, la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos.
El proyecto no pasó, pero la voluntad represiva siguió en marcha. La prueba es el intento de comprometer a Raúl Wiener en ilícitos que no existían.
Ahora, el proyecto García-Simon enviado al Congreso el 23 de enero busca, so pretexto de castigar la interceptación telefónica o cualquier otra semejante, sancionar al que difunda hechos, diálogos, escritos o imágenes privados obtenidos por aquel medio.
La pena privativa de la libertad a imponerse es no menor de tres ni mayor de cinco años.
El ambicioso proyecto incluye no sólo la interceptación, sino también “cualquier otra forma de comunicación”.
Si los autores del disparate represivo hubiesen vivido en Estados Unidos en 1974, hubieran servido para blindar al presidente Richard Nixon, colocado en la picota por información obtenida gracias a medios a veces ocultos, por ejemplo la proporcionada por “Garganta Profunda”.
En el Perú, si, por temor a sanciones, se hubiera ocultado el video que mostró al congresista Alberto Kouri recibiendo 30 mil dólares de Vladimiro Montesinos, quizá no se habría resquebrajado la dictadura de Fujimori.
Todo allí era ilícito: el poder de Montesinos, los negocios de éste con el narcotráfico, la filmación de los vladivideos y hasta la sustracción de éstos de los archivos del gran capitán.
Fernando Olivera anunció en conferencia de prensa la existencia del filme del tránsfuga Kouri, que había sido elegido en la lista de Perú Posible. Los medios difundieron la revelación.
Si García y Simon hubieran gobernado en ese momento, y si su actual proyecto de ley hubiera tenido vigencia, habrían mandado a la cárcel a los periodistas que propagaron la información.
Si a un periodista le dieran información, proveniente de interceptación telefónica, sobre un marino -digo, es un decir- que vende secretos de la defensa nacional, ¿debería esconderla?
Mucho depende de la importancia de la revelación en cuanto al interés nacional y social. Depende mucho asimismo del buen juicio del periodista en cuanto a la diligencia en la obtención y confirmación del dato, y el manejo solvente de éste, en fondo y forma.
LA PRIMERA
El anterior proyecto, que condenamos apenas conocido, fue luego sepultado bajo una ola de repudio. Aquella vez, el filo del ataque parecía dirigirse contra las organizaciones no gubernamentales; pero arremetía en el fondo contra todas las sociedades que disgustaran al régimen.
Así, las empresas periodísticas podían ser disueltas si el poder político consideraba que atentaban contra el orden público, las buenas costumbres, la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos.
El proyecto no pasó, pero la voluntad represiva siguió en marcha. La prueba es el intento de comprometer a Raúl Wiener en ilícitos que no existían.
Ahora, el proyecto García-Simon enviado al Congreso el 23 de enero busca, so pretexto de castigar la interceptación telefónica o cualquier otra semejante, sancionar al que difunda hechos, diálogos, escritos o imágenes privados obtenidos por aquel medio.
La pena privativa de la libertad a imponerse es no menor de tres ni mayor de cinco años.
El ambicioso proyecto incluye no sólo la interceptación, sino también “cualquier otra forma de comunicación”.
Si los autores del disparate represivo hubiesen vivido en Estados Unidos en 1974, hubieran servido para blindar al presidente Richard Nixon, colocado en la picota por información obtenida gracias a medios a veces ocultos, por ejemplo la proporcionada por “Garganta Profunda”.
En el Perú, si, por temor a sanciones, se hubiera ocultado el video que mostró al congresista Alberto Kouri recibiendo 30 mil dólares de Vladimiro Montesinos, quizá no se habría resquebrajado la dictadura de Fujimori.
Todo allí era ilícito: el poder de Montesinos, los negocios de éste con el narcotráfico, la filmación de los vladivideos y hasta la sustracción de éstos de los archivos del gran capitán.
Fernando Olivera anunció en conferencia de prensa la existencia del filme del tránsfuga Kouri, que había sido elegido en la lista de Perú Posible. Los medios difundieron la revelación.
Si García y Simon hubieran gobernado en ese momento, y si su actual proyecto de ley hubiera tenido vigencia, habrían mandado a la cárcel a los periodistas que propagaron la información.
Si a un periodista le dieran información, proveniente de interceptación telefónica, sobre un marino -digo, es un decir- que vende secretos de la defensa nacional, ¿debería esconderla?
Mucho depende de la importancia de la revelación en cuanto al interés nacional y social. Depende mucho asimismo del buen juicio del periodista en cuanto a la diligencia en la obtención y confirmación del dato, y el manejo solvente de éste, en fondo y forma.
LA PRIMERA
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