Hace mucho que no sufríamos tanto caos y desorden en el Centro de Lima. Lo sucedido ayer con el inusitado cierre de la avenida Abancay y el consiguiente atolladero en las calles vecinas constituye una muestra de intolerable maltrato y desprecio al ciudadano que tiene que ser investigada y sancionada, para que no se repita.
Peor aun, es absurdo y recusable que los causantes de tal estropicio hayan sido esta vez las propias autoridades judiciales que no piensan en los vecinos y ciudadanos comunes y corrientes a la hora de programar un desalojo.
No estamos poniendo en duda las atribuciones de dichas autoridades para impartir justicia y hacer cumplir la ley. Tampoco entramos a analizar ahora la justeza o no de la sentencia, que involucra a la Beneficencia Pública de Lima como entidad arrendadora de un inmueble que era usado como almacén.
Sin embargo, en lo formal, sí debemos cuestionar severamente la falta de criterio del juez que ordenó un desalojo para la mañana de un día miércoles, a sabiendas de que el inmueble en cuestión se ubica en una avenida principal, a la vez centro conector y paso obligado hacia y desde el Rímac, los conos este y sur y de decenas de miles de vehículos y personas.
Bien es cierto que, finalmente, el desalojo se produjo sin enfrentamientos ni violencia, aunque se hizo extrañar la presencia de un fiscal en vista de las amenazas que se proferían desde uno y otro bando, y de la compleja y previsible tarea de devolver la cuantiosa mercadería a los desalojados.
Pero, cerrada la avenida Abancay, los miles de vehículos de transporte público y privado tuvieron que ser desviados por otras rutas, con lo que el Centro de Lima se convirtió en un insoportable pandemonio.
Todo ello con el agravante del fuerte calor veraniego; y, por si eso fuera poco, un accidente de un tráiler en la Vía de Evitamiento originó otro bloqueo que exacerbó aun más los ánimos de quienes se desplazaban por allí a la avenida Abancay.
Aparte del factor emocional, ¿se han puesto a pensar las autoridades judiciales en la millonaria pérdida de horas-hombre que causan? ¿Cuántos trabajadores no pudieron llegar a tiempo a su centro de labores y cuántas transacciones económicas se vieron afectadas o dejaron de hacerse?
Tenemos que aprender la lección. Finalmente es una cuestión de respetar los procedimientos judiciales, pero también de actuar con lógica y sentido común, pensando en el bienestar de los demás ciudadanos inocentes, que no tienen por qué ser perjudicados.
¿Es eso tan difícil para los jueces y fiscales? Pues pensamos que no.
En tal situación, con la misma energía con que criticamos a quienes arbitrariamente bloquean pistas y carreteras para protestar por cualquier cosa que se les ocurra, conculcando el derecho constitucional a circular libremente de las mayorías ciudadanas, tenemos que rechazar esta indiferencia de los jueces para ponerse en el lugar de quienes, sin tener nada que ver con el tema de fondo, son afectados por sus caprichosas decisiones. ¡Más respeto al ciudadano!
Peor aun, es absurdo y recusable que los causantes de tal estropicio hayan sido esta vez las propias autoridades judiciales que no piensan en los vecinos y ciudadanos comunes y corrientes a la hora de programar un desalojo.
No estamos poniendo en duda las atribuciones de dichas autoridades para impartir justicia y hacer cumplir la ley. Tampoco entramos a analizar ahora la justeza o no de la sentencia, que involucra a la Beneficencia Pública de Lima como entidad arrendadora de un inmueble que era usado como almacén.
Sin embargo, en lo formal, sí debemos cuestionar severamente la falta de criterio del juez que ordenó un desalojo para la mañana de un día miércoles, a sabiendas de que el inmueble en cuestión se ubica en una avenida principal, a la vez centro conector y paso obligado hacia y desde el Rímac, los conos este y sur y de decenas de miles de vehículos y personas.
Bien es cierto que, finalmente, el desalojo se produjo sin enfrentamientos ni violencia, aunque se hizo extrañar la presencia de un fiscal en vista de las amenazas que se proferían desde uno y otro bando, y de la compleja y previsible tarea de devolver la cuantiosa mercadería a los desalojados.
Pero, cerrada la avenida Abancay, los miles de vehículos de transporte público y privado tuvieron que ser desviados por otras rutas, con lo que el Centro de Lima se convirtió en un insoportable pandemonio.
Todo ello con el agravante del fuerte calor veraniego; y, por si eso fuera poco, un accidente de un tráiler en la Vía de Evitamiento originó otro bloqueo que exacerbó aun más los ánimos de quienes se desplazaban por allí a la avenida Abancay.
Aparte del factor emocional, ¿se han puesto a pensar las autoridades judiciales en la millonaria pérdida de horas-hombre que causan? ¿Cuántos trabajadores no pudieron llegar a tiempo a su centro de labores y cuántas transacciones económicas se vieron afectadas o dejaron de hacerse?
Tenemos que aprender la lección. Finalmente es una cuestión de respetar los procedimientos judiciales, pero también de actuar con lógica y sentido común, pensando en el bienestar de los demás ciudadanos inocentes, que no tienen por qué ser perjudicados.
¿Es eso tan difícil para los jueces y fiscales? Pues pensamos que no.
En tal situación, con la misma energía con que criticamos a quienes arbitrariamente bloquean pistas y carreteras para protestar por cualquier cosa que se les ocurra, conculcando el derecho constitucional a circular libremente de las mayorías ciudadanas, tenemos que rechazar esta indiferencia de los jueces para ponerse en el lugar de quienes, sin tener nada que ver con el tema de fondo, son afectados por sus caprichosas decisiones. ¡Más respeto al ciudadano!
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