Antes lo hizo el jefe del Gabinete, Yehude Simon, y ahora la ministra de Justicia, Rosario Fernández, junto con conocidos juristas, ha puesto en evidencia la inaceptable obsolescencia y falta de proporción en la normativa que sanciona el grave delito de violación de comunicaciones.
Tal estado de cosas tiene que ser revisado con urgencia por el Ejecutivo y el Legislativo, para coordinar una propuesta coherente y actualizada que sancione con mucha más severidad a quienes conculcan de una manera tan artera este derecho fundamental. Al respecto, es alentador que el pedido ministerial haya sido bien acogido por el presidente de la Comisión Revisora del Código Penal del Congreso, Carlos Torres Caro.
Efectivamente, es absurdo que el artículo 162 del Código Penal prevea una pena tan nimia: de 1 a 3 años de cárcel, la que se eleva de 3 a 5 años si el infractor es un funcionario público, lo cual resulta una burla, sobre todo para las víctimas.
Adicionalmente, hay un problema de desfase escandaloso, pues solo se define como delito a los actos de interceptación o interferencia telefónica, sin considerar que la revolución tecnológica permite 'chuponear' otro tipo de comunicaciones, desde el correo electrónico hasta una conversación personal cara a cara.
Y, vistos los alcances de los tentáculos del 'chuponeo', que promueve y es parte de complejas redes de corrupción, espionaje industrial y hasta de chantaje, las sanciones no pueden limitarse al personal operativo, sino que deben incluir a quienes comercializan esta actividad ilícita o la encargan como clientes con fines venales, siendo muy rigurosos para diferenciar la paja del trigo.
Empero, la firmeza contra el crimen no puede ser pretexto para una caza de brujas. Así como no se puede involucrar a la Marina como institución, tampoco se puede acusar a todos los clientes de empresas de seguridad. El Comercio mismo contrató a una de ellas para labores de barrido electrónico, luego de que se reveló que la línea telefónica de nuestro editor central de Política habría sido 'chuponeada'. Ello de ninguna manera nos hace cómplices --sino por el contrario, víctimas-- de tan recusable delito.
Luego, el endurecimiento de penas tendría que incluir también a quienes importan equipos interceptadores de modo ilegal. A propósito de ello, nos parece muy riesgosa la propuesta del presidente de la comisión del Congreso que investiga esta modalidad delictiva, Oswaldo Luizar, de plantear una amnistía a quienes entreguen voluntariamente equipos de 'chuponeo'.
Hoy, cuando empezamos a conocer con más detalle la envergadura de dicho delito en nuestro país, podremos colegir que quien importa equipos tan sofisticados y caros lo hace con indudables propósitos criminales, por lo que antes de pensar en amnistiarlos debería culminarse la investigación en proceso para determinar quiénes son los responsables últimos, no solo los funcionales u operativos, y procesarlos judicialmente.
Eso es lo que el país reclama. Reiteramos nuestra posición de principio de que tiene que castigarse tanto a los corruptos 'chuponeados' como a los 'chuponeadores', pero también hacer todos los esfuerzos para arrancar de raíz, y de una vez, las mafias de interceptación. Los peruanos no podemos seguir viviendo bajo la amenaza continua de ser literalmente escuchados por delincuentes e inescrupulosos que utilizan esa información para fines perversos, lo cual es anticonstitucional y denigrante.
Tal estado de cosas tiene que ser revisado con urgencia por el Ejecutivo y el Legislativo, para coordinar una propuesta coherente y actualizada que sancione con mucha más severidad a quienes conculcan de una manera tan artera este derecho fundamental. Al respecto, es alentador que el pedido ministerial haya sido bien acogido por el presidente de la Comisión Revisora del Código Penal del Congreso, Carlos Torres Caro.
Efectivamente, es absurdo que el artículo 162 del Código Penal prevea una pena tan nimia: de 1 a 3 años de cárcel, la que se eleva de 3 a 5 años si el infractor es un funcionario público, lo cual resulta una burla, sobre todo para las víctimas.
Adicionalmente, hay un problema de desfase escandaloso, pues solo se define como delito a los actos de interceptación o interferencia telefónica, sin considerar que la revolución tecnológica permite 'chuponear' otro tipo de comunicaciones, desde el correo electrónico hasta una conversación personal cara a cara.
Y, vistos los alcances de los tentáculos del 'chuponeo', que promueve y es parte de complejas redes de corrupción, espionaje industrial y hasta de chantaje, las sanciones no pueden limitarse al personal operativo, sino que deben incluir a quienes comercializan esta actividad ilícita o la encargan como clientes con fines venales, siendo muy rigurosos para diferenciar la paja del trigo.
Empero, la firmeza contra el crimen no puede ser pretexto para una caza de brujas. Así como no se puede involucrar a la Marina como institución, tampoco se puede acusar a todos los clientes de empresas de seguridad. El Comercio mismo contrató a una de ellas para labores de barrido electrónico, luego de que se reveló que la línea telefónica de nuestro editor central de Política habría sido 'chuponeada'. Ello de ninguna manera nos hace cómplices --sino por el contrario, víctimas-- de tan recusable delito.
Luego, el endurecimiento de penas tendría que incluir también a quienes importan equipos interceptadores de modo ilegal. A propósito de ello, nos parece muy riesgosa la propuesta del presidente de la comisión del Congreso que investiga esta modalidad delictiva, Oswaldo Luizar, de plantear una amnistía a quienes entreguen voluntariamente equipos de 'chuponeo'.
Hoy, cuando empezamos a conocer con más detalle la envergadura de dicho delito en nuestro país, podremos colegir que quien importa equipos tan sofisticados y caros lo hace con indudables propósitos criminales, por lo que antes de pensar en amnistiarlos debería culminarse la investigación en proceso para determinar quiénes son los responsables últimos, no solo los funcionales u operativos, y procesarlos judicialmente.
Eso es lo que el país reclama. Reiteramos nuestra posición de principio de que tiene que castigarse tanto a los corruptos 'chuponeados' como a los 'chuponeadores', pero también hacer todos los esfuerzos para arrancar de raíz, y de una vez, las mafias de interceptación. Los peruanos no podemos seguir viviendo bajo la amenaza continua de ser literalmente escuchados por delincuentes e inescrupulosos que utilizan esa información para fines perversos, lo cual es anticonstitucional y denigrante.
EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario