Para sostener el crecimiento se debe mantener el gasto privado, siempre más eficiente que el estatal. Como parte de los paquetes ante la crisis, en todo el mundo se están llevando a cabo reducciones de impuestos para sostener la capacidad de gasto de los ciudadanos. Por ejemplo, en Inglaterra han reducido de 17.5% a 15% el IGV, lo cual nos hace recordar la promesa electoral de Toledo que, si bien al final de su mandato nos dejó un IGV corregido, esto fue al revés de lo ofrecido, pues lo aumentó a 19% en lugar del 15% prometido.
Ahora tenemos en debate dos medidas que irían por ese correcto sendero. La primera es seguir bajando los precios de combustibles en línea con la caída del petróleo en el mundo. Incluso sería oportuno que el gobierno empiece a modificar la política tributaria para gravar más el uso de combustibles contaminantes e incentivar con menores impuestos el consumo de los más limpios. Estos cambios deberían hacerse pronto porque, así como un petróleo cercano a 150 dólares por barril no podía mantenerse, tampoco son sostenibles los actuales niveles por debajo de 80 dólares que no ofrecen un retorno adecuado a la exploración; así que, tarde o temprano, volverá a subir y, para ese momento, ya deberíamos tener una política tributaria coherente.
Pero la medida más debatida es la eliminación del impuesto a la renta a los pagos de gratificaciones. El gobierno, como era predecible, se ha opuesto –la oposición de la CGTP es más bien sorprendente– con argumentos muy poco convincentes: “que son pocos los beneficiados”, como si la informalidad en el empleo (solo 1 de cada 5 trabajadores paga impuestos) fuera culpa de los contribuyentes siendo más bien consecuencia de sucesivos gobiernos (incluyendo al actual), que han preferido el facilismo de mantener impuestos altos a los pocos trabajadores cautivos en planilla en lugar de bajarlos y ampliar la base tributaria. La otra excusa también es reflejo del facilismo: “esos ingresos ya estaban presupuestados”. Considerando que la medida no entraría en vigor sino hasta julio, el gobierno tiene siete largos meses para encontrar alternativas o ajustarse el cinturón como lo haría cualquier empresa u hogar ante una caída de sus ingresos. No hay peor ejemplo que un gobierno que no está dispuesto a asumir el mismo sacrificio que sí le exige a sus ciudadanos
Ahora tenemos en debate dos medidas que irían por ese correcto sendero. La primera es seguir bajando los precios de combustibles en línea con la caída del petróleo en el mundo. Incluso sería oportuno que el gobierno empiece a modificar la política tributaria para gravar más el uso de combustibles contaminantes e incentivar con menores impuestos el consumo de los más limpios. Estos cambios deberían hacerse pronto porque, así como un petróleo cercano a 150 dólares por barril no podía mantenerse, tampoco son sostenibles los actuales niveles por debajo de 80 dólares que no ofrecen un retorno adecuado a la exploración; así que, tarde o temprano, volverá a subir y, para ese momento, ya deberíamos tener una política tributaria coherente.
Pero la medida más debatida es la eliminación del impuesto a la renta a los pagos de gratificaciones. El gobierno, como era predecible, se ha opuesto –la oposición de la CGTP es más bien sorprendente– con argumentos muy poco convincentes: “que son pocos los beneficiados”, como si la informalidad en el empleo (solo 1 de cada 5 trabajadores paga impuestos) fuera culpa de los contribuyentes siendo más bien consecuencia de sucesivos gobiernos (incluyendo al actual), que han preferido el facilismo de mantener impuestos altos a los pocos trabajadores cautivos en planilla en lugar de bajarlos y ampliar la base tributaria. La otra excusa también es reflejo del facilismo: “esos ingresos ya estaban presupuestados”. Considerando que la medida no entraría en vigor sino hasta julio, el gobierno tiene siete largos meses para encontrar alternativas o ajustarse el cinturón como lo haría cualquier empresa u hogar ante una caída de sus ingresos. No hay peor ejemplo que un gobierno que no está dispuesto a asumir el mismo sacrificio que sí le exige a sus ciudadanos
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