Así como saludamos la firme voluntad del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y Policiales para recuperar el territorio nacional ocupado por un grupo de delincuentes narcoterroristas, debemos lamentar también la muerte de un soldado en una anunciada contraofensiva, un sacrificio que la ciudadanía deplora y reconoce.
Son muchos los avances de las fuerzas del orden, pero es evidente que aún falta mucho para superar los factores adversos y lograr el objetivo final. Todo ello exige un replanteamiento de la estrategia, que pasa necesariamente por una mayor presencia del Estado en tan alejadas como difíciles partes del territorio.
El Comercio ha estado presente en el campo de operaciones, realmente infernal. A la tupida jungla, casi constantemente cubierta por nubes bajas, hay que agregar que allí se han refugiado entre 200 y 300 terroristas que disponen de abundante dinero procedente del narcotráfico y cuentan, además, con buen armamento y conocimiento pleno de la zona que consideran su "santuario". Allí han colocado infinidad de trampas que hacen que el avance de las Fuerzas Armadas sea cauteloso y lento.
No se puede menospreciar la capacidad de ataque de los narcoterroristas, incluso para atacar a un helicóptero militar. Por lo mismo, tiene que abandonarse definitivamente la idea equivocada de que se puede derrotar a este enemigo fácilmente.
Al más alto nivel político y operativo, lo primero que debe considerarse es la necesidad de hacer el máximo esfuerzo económico para reforzar a los combatientes del VRAE y darles ventaja tecnológica sobre los narcoterroristas. Así, no solo podrán enfrentar en mejores condiciones logísticas al enemigo, sino que verán reforzada su moral al sentir que la inmensa mayoría de peruanos aprecia su esfuerzo y sacrificio.
Todo el personal que se destaque al VRAE tiene que contar con un entrenamiento de combate en la selva. Es urgente repotenciar los helicópteros MI-25 de la FAP, que son blindados y artillados, pues los que ahora operan en Vizcatán son del Ejército y carecen de blindaje, con los grandes riesgos implícitos. Se requiere también revisar y, eventualmente derogar, el D.L .824 que no autoriza a las FF.AA. a luchar contra los narcotraficantes.
Dicha política de interdicción tiene que ser complementada con otra de mayor presencia del Estado a través de sus diversos organismos e instrumentos, en ámbitos tan descuidados como educación, salud y apoyo social. La población tiene que sentirse integrada a la peruanidad y confiar en que cuentan con el Gobierno para desarrollarse, ejercer sus derechos fundamentales y acudir a la ley y los mecanismos de diálogo para zanjar diferencias.
Finalmente, debemos recalcar que este nuevo abordaje político debe ser gestado y manejado por autoridades civiles, para no repetir la nefasta experiencia de los comandos político-militares de las décadas pasadas.
No hay tiempo que perder. Lo que se viene haciendo y lo que se proyecta hacer que sea pronto, sin morosidades exasperantes y hasta riesgosas para la vida de la tropa y de la población civil.
Son muchos los avances de las fuerzas del orden, pero es evidente que aún falta mucho para superar los factores adversos y lograr el objetivo final. Todo ello exige un replanteamiento de la estrategia, que pasa necesariamente por una mayor presencia del Estado en tan alejadas como difíciles partes del territorio.
El Comercio ha estado presente en el campo de operaciones, realmente infernal. A la tupida jungla, casi constantemente cubierta por nubes bajas, hay que agregar que allí se han refugiado entre 200 y 300 terroristas que disponen de abundante dinero procedente del narcotráfico y cuentan, además, con buen armamento y conocimiento pleno de la zona que consideran su "santuario". Allí han colocado infinidad de trampas que hacen que el avance de las Fuerzas Armadas sea cauteloso y lento.
No se puede menospreciar la capacidad de ataque de los narcoterroristas, incluso para atacar a un helicóptero militar. Por lo mismo, tiene que abandonarse definitivamente la idea equivocada de que se puede derrotar a este enemigo fácilmente.
Al más alto nivel político y operativo, lo primero que debe considerarse es la necesidad de hacer el máximo esfuerzo económico para reforzar a los combatientes del VRAE y darles ventaja tecnológica sobre los narcoterroristas. Así, no solo podrán enfrentar en mejores condiciones logísticas al enemigo, sino que verán reforzada su moral al sentir que la inmensa mayoría de peruanos aprecia su esfuerzo y sacrificio.
Todo el personal que se destaque al VRAE tiene que contar con un entrenamiento de combate en la selva. Es urgente repotenciar los helicópteros MI-25 de la FAP, que son blindados y artillados, pues los que ahora operan en Vizcatán son del Ejército y carecen de blindaje, con los grandes riesgos implícitos. Se requiere también revisar y, eventualmente derogar, el D.L .824 que no autoriza a las FF.AA. a luchar contra los narcotraficantes.
Dicha política de interdicción tiene que ser complementada con otra de mayor presencia del Estado a través de sus diversos organismos e instrumentos, en ámbitos tan descuidados como educación, salud y apoyo social. La población tiene que sentirse integrada a la peruanidad y confiar en que cuentan con el Gobierno para desarrollarse, ejercer sus derechos fundamentales y acudir a la ley y los mecanismos de diálogo para zanjar diferencias.
Finalmente, debemos recalcar que este nuevo abordaje político debe ser gestado y manejado por autoridades civiles, para no repetir la nefasta experiencia de los comandos político-militares de las décadas pasadas.
No hay tiempo que perder. Lo que se viene haciendo y lo que se proyecta hacer que sea pronto, sin morosidades exasperantes y hasta riesgosas para la vida de la tropa y de la población civil.
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