Resulta que ahora, por obra y gracia del neoliberalismo, el Perú no solamente limita con Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y el océano Pacífico, como aprendimos en la escuela, sino también con China. Un decreto supremo publicado el sábado último concedió a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment la titularidad de ocho denuncios mineros ubicados al borde mismo de la frontera con Ecuador, pese a que la Constitución prohíbe que los extranjeros tengan título alguno en territorios ubicados a menos de 50 kilómetros de las fronteras.
La precaución la toman todos los países, por la experiencia histórica de la expansión pacífica de vecinos poderosos o la presencia de potencias lejanas que después convierten esa expansión económica en conquista territorial.
Los capitalistas ingleses y chilenos fueron la punta de lanza de la conquista chilena de las costas de Bolivia, en las que se establecieron y las que llenaron de población chilena, para luego apoderarse de esos territorios por la fuerza de las armas, en una contienda en la que el Perú, desprevenido e inerme como hoy, fue el plato de fondo de las ambiciones chilenas apadrinadas por la potencia de la época, Inglaterra.
Aún antes, los colonos norteamericanos se instalaron en el lado mexicano de la frontera, con el apoyo de su gobierno, que, cuando los mexicanos quisieron reaccionar, les hizo la guerra en forma feroz y desproporcionada, para conquistar un enorme territorio.
Por recuerdos como los citados, los países prohíben, constitucionalmente, que los extranjeros tengan propiedades o exploten recursos en las zonas fronterizas. Y en el caso peruano, se exceptúan los hechos en los que tal presencia sea de necesidad pública.
Por eso el decreto que comentamos declara de necesidad pública las concesiones otorgadas a la empresa china, invocando decretos previos de los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, que favorecen inversiones en la banda de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras. Con tales referencias el gobierno considera que ha cumplido la formalidad de declarar de necesidad pública la entrega, pero los peruanos se preguntan con justa razón si basta con un trámite burocrático para que la Carta Magna sea perforada en aras de la inversión extranjera, y si la necesidad de esta justifica que se afecte la seguridad nacional con la presencia de una potencia extranjera en un área colindante con un país vecino.
Un debate jurídico y nacional debe abrirse de inmediato sobre el delicado tema. LA PRIMERA aporta a él su posición firme de defensa del territorio peruano; la necesidad pública invocada no está sólidamente fundamentada ni demostrada y los sectores patriotas, de todas las posiciones políticas e ideológicas, que hicieron retroceder a quienes pretendían vender parte del Cuartel General del Ejército, deben pronunciarse para impedir la entrega y dejar en claro que el Perú no está en venta. Deben, en fin, poner coto a la obsesión subastadora del gobierno.
LA PRIMERA
La precaución la toman todos los países, por la experiencia histórica de la expansión pacífica de vecinos poderosos o la presencia de potencias lejanas que después convierten esa expansión económica en conquista territorial.
Los capitalistas ingleses y chilenos fueron la punta de lanza de la conquista chilena de las costas de Bolivia, en las que se establecieron y las que llenaron de población chilena, para luego apoderarse de esos territorios por la fuerza de las armas, en una contienda en la que el Perú, desprevenido e inerme como hoy, fue el plato de fondo de las ambiciones chilenas apadrinadas por la potencia de la época, Inglaterra.
Aún antes, los colonos norteamericanos se instalaron en el lado mexicano de la frontera, con el apoyo de su gobierno, que, cuando los mexicanos quisieron reaccionar, les hizo la guerra en forma feroz y desproporcionada, para conquistar un enorme territorio.
Por recuerdos como los citados, los países prohíben, constitucionalmente, que los extranjeros tengan propiedades o exploten recursos en las zonas fronterizas. Y en el caso peruano, se exceptúan los hechos en los que tal presencia sea de necesidad pública.
Por eso el decreto que comentamos declara de necesidad pública las concesiones otorgadas a la empresa china, invocando decretos previos de los gobiernos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, que favorecen inversiones en la banda de 50 kilómetros adyacentes a las fronteras. Con tales referencias el gobierno considera que ha cumplido la formalidad de declarar de necesidad pública la entrega, pero los peruanos se preguntan con justa razón si basta con un trámite burocrático para que la Carta Magna sea perforada en aras de la inversión extranjera, y si la necesidad de esta justifica que se afecte la seguridad nacional con la presencia de una potencia extranjera en un área colindante con un país vecino.
Un debate jurídico y nacional debe abrirse de inmediato sobre el delicado tema. LA PRIMERA aporta a él su posición firme de defensa del territorio peruano; la necesidad pública invocada no está sólidamente fundamentada ni demostrada y los sectores patriotas, de todas las posiciones políticas e ideológicas, que hicieron retroceder a quienes pretendían vender parte del Cuartel General del Ejército, deben pronunciarse para impedir la entrega y dejar en claro que el Perú no está en venta. Deben, en fin, poner coto a la obsesión subastadora del gobierno.
LA PRIMERA
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