Hace años se viene reclamando la necesidad de reformar a la Policía Nacional ante una creciente sensación de inseguridad ciudadana que ha llevado, por ejemplo, a que el 95% de los limeños se sienta asediado en su propia casa. A ese legítimo reclamo ciudadano, ignorado por sucesivos gobiernos, se suma ahora una grave denuncia de corrupción generalizada en el manejo de los fondos de la institución para el combustible de los patrulleros y el rancho de los efectivos.
Por lo menos, el hecho de que la denuncia la efectúe el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso –encargada del fiscalizar al sector– y que además el congresista Édgar Núñez sea miembro del partido de gobierno, debería asegurar que en esta ocasión sí se sancionará a los responsables. Sin embargo, al margen del eventual resultado de esa investigación, es innegable la urgencia de reformar una institución que, por ineficiencia o por corrupción, simple y llanamente no está cumpliendo con su función.
Las señales de alarma se están dando por todas partes: con el mismo número de policías (90 mil) que hay en Colombia tenemos siete veces más coroneles y generales que en ese país. Por otro lado, nos faltan agentes del orden en las calles al punto que en un turno determinado solo hay 24,000 policías patrullando en todo el país. Sin embargo, se pierde la tercera parte de esa cifra en guardias que realizan labores administrativas por falta de equipamiento adecuado en comisarías o por estar “protegiendo” –suponemos que del electorado o de los contribuyentes– a congresistas y a funcionarios públicos. Si ocurre algún incidente en las carreteras –como los cada vez más frecuentes asaltos a ómnibus o lo que sea– es común que las víctimas tengan que aportar para la gasolina y así permitir que se puedan movilizar las unidades de policía. Estoy seguro de que si realizamos una encuesta entre nuestros lectores, tendremos decenas de ejemplos de experiencias negativas que nacen del manejo inadecuado de la institución y no por falta de voluntad del guardia o del oficial.
El general Hernani tiene tres meses en el cargo –pero toda una vida profesional como policía–, por lo tanto, ya se le debe exigir que presente un programa que permita reformar una institución que si no cambia drásticamente de dirección, va camino al despeñadero.
Por lo menos, el hecho de que la denuncia la efectúe el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso –encargada del fiscalizar al sector– y que además el congresista Édgar Núñez sea miembro del partido de gobierno, debería asegurar que en esta ocasión sí se sancionará a los responsables. Sin embargo, al margen del eventual resultado de esa investigación, es innegable la urgencia de reformar una institución que, por ineficiencia o por corrupción, simple y llanamente no está cumpliendo con su función.
Las señales de alarma se están dando por todas partes: con el mismo número de policías (90 mil) que hay en Colombia tenemos siete veces más coroneles y generales que en ese país. Por otro lado, nos faltan agentes del orden en las calles al punto que en un turno determinado solo hay 24,000 policías patrullando en todo el país. Sin embargo, se pierde la tercera parte de esa cifra en guardias que realizan labores administrativas por falta de equipamiento adecuado en comisarías o por estar “protegiendo” –suponemos que del electorado o de los contribuyentes– a congresistas y a funcionarios públicos. Si ocurre algún incidente en las carreteras –como los cada vez más frecuentes asaltos a ómnibus o lo que sea– es común que las víctimas tengan que aportar para la gasolina y así permitir que se puedan movilizar las unidades de policía. Estoy seguro de que si realizamos una encuesta entre nuestros lectores, tendremos decenas de ejemplos de experiencias negativas que nacen del manejo inadecuado de la institución y no por falta de voluntad del guardia o del oficial.
El general Hernani tiene tres meses en el cargo –pero toda una vida profesional como policía–, por lo tanto, ya se le debe exigir que presente un programa que permita reformar una institución que si no cambia drásticamente de dirección, va camino al despeñadero.
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