Por: Richard Webb
Odiseo debió navegar entre los dos monstruos marinos, Escila y Caribdis, evitando sucumbir ante el uno o el otro. Sobrevivió al viaje, pero su navegación fue menos que perfecta y tuvo que sacrificar tripulantes ante Escila y sufrir una encalladura en Caribdis. Si el examen fuera hoy, se le hubiera denegado el brevete.
El reto para la Contraloría es comparable pues debe navegar entre el monstruo de la corrupción y el monstruo de un Estado maniatado e ineficaz. Su función no es ser un simple tapón. La Contraloría debe ser un filtro contra la contaminación, pero sin impedir el flujo de aire que requiere el motor de la gestión estatal. Desgraciadamente, su performance como marinero no supera al de Odiseo. Cuando visité escuelas y hospitales en varias regiones recientemente, quedé deprimido por la frecuencia con que los maestros y médicos estatales se referían a la corrupción existente en sus centros de trabajo. Un grupo de empresarios entrevistados por IPAE y Proética confirmó la prevalencia de la corrupción, justificando su complicidad como una necesidad para la sobrevivencia. Encallamos con la corrupción, pero tampoco esquivamos al monstruo de la ineficacia estatal, como queda demostrado con la inoperancia del shock de inversiones, de Forsur, y los presupuestos no gastados.
Otra institución pública, la Aduana, ha demostrado que sí es posible fiscalizar y al mismo tiempo apoyar la buena gestión. En 1990 la Aduana era un antro de corrupción y un gran escollo para el empresario; los tiempos y los costos de desaduanaje eran impredecibles. Una reforma que demoró cuatro años la convirtió en un modelo internacional de eficacia fiscalizadora y a la vez facilitadora. En sus lineamientos estratégicos, la Contraloría habla de mejoras fiscalizadoras, pero dice poco del objetivo facilitador. Ciudadanos al Día ha otorgado premios a las buenas prácticas en la gestión pública, pero en varios casos la secuela del premio fue una persecución por la Contraloría. En vez de castigar, la Contraloría debería estar incentivando la mejora de la gestión pública.
Es hora de adecuar la Contraloría, no solo a su doble función institucional, sino también al nuevo Estado del siglo XXI, que no es más un ente aislado y superior sino un socio de la actividad privada y de la sociedad civil, trabajando con ellos mediante contratos, concesiones y convenios, por lo que se requiere flexibilidad, técnica y capacidad de respuesta rápida a los cambios de un mundo acelerado.
Odiseo debió navegar entre los dos monstruos marinos, Escila y Caribdis, evitando sucumbir ante el uno o el otro. Sobrevivió al viaje, pero su navegación fue menos que perfecta y tuvo que sacrificar tripulantes ante Escila y sufrir una encalladura en Caribdis. Si el examen fuera hoy, se le hubiera denegado el brevete.
El reto para la Contraloría es comparable pues debe navegar entre el monstruo de la corrupción y el monstruo de un Estado maniatado e ineficaz. Su función no es ser un simple tapón. La Contraloría debe ser un filtro contra la contaminación, pero sin impedir el flujo de aire que requiere el motor de la gestión estatal. Desgraciadamente, su performance como marinero no supera al de Odiseo. Cuando visité escuelas y hospitales en varias regiones recientemente, quedé deprimido por la frecuencia con que los maestros y médicos estatales se referían a la corrupción existente en sus centros de trabajo. Un grupo de empresarios entrevistados por IPAE y Proética confirmó la prevalencia de la corrupción, justificando su complicidad como una necesidad para la sobrevivencia. Encallamos con la corrupción, pero tampoco esquivamos al monstruo de la ineficacia estatal, como queda demostrado con la inoperancia del shock de inversiones, de Forsur, y los presupuestos no gastados.
Otra institución pública, la Aduana, ha demostrado que sí es posible fiscalizar y al mismo tiempo apoyar la buena gestión. En 1990 la Aduana era un antro de corrupción y un gran escollo para el empresario; los tiempos y los costos de desaduanaje eran impredecibles. Una reforma que demoró cuatro años la convirtió en un modelo internacional de eficacia fiscalizadora y a la vez facilitadora. En sus lineamientos estratégicos, la Contraloría habla de mejoras fiscalizadoras, pero dice poco del objetivo facilitador. Ciudadanos al Día ha otorgado premios a las buenas prácticas en la gestión pública, pero en varios casos la secuela del premio fue una persecución por la Contraloría. En vez de castigar, la Contraloría debería estar incentivando la mejora de la gestión pública.
Es hora de adecuar la Contraloría, no solo a su doble función institucional, sino también al nuevo Estado del siglo XXI, que no es más un ente aislado y superior sino un socio de la actividad privada y de la sociedad civil, trabajando con ellos mediante contratos, concesiones y convenios, por lo que se requiere flexibilidad, técnica y capacidad de respuesta rápida a los cambios de un mundo acelerado.
EL COMERCIO
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