Es claro anti qué es, pero no en favor de qué.
Cuando el gobierno acaba de lanzar el ‘plan antico-rrupción’, poco después de anunciar el ‘plan anticrisis’, su decisión de observar la ley aprobada por el Congreso con el fin de exonerar del pago de impuestos y contribuciones a las gratificaciones, confirma que la segunda Presidencia de Alan García tiene muy claro ‘anti qué’ es, pero no muchas ideas sobre ‘por qué’ está.
La iniciativa legal para que las gratificaciones no paguen impuestos no es descabellada, tiene fundamento y no es, en modo alguno, inconstitucional. El problema de fondo no es su racionalidad, sino el hueco de S/.734 millones por recaudación del impuesto a la renta que tendría el Estado si se aprobara. Según el MEF, esto implicaría, al año, S/.450 millones menos para Essalud y S/.185 millones menos para la ONPE.
Más allá de los típicos argumentos para contrarrestar estas iniciativas –que beneficiaría a muy pocos trabajadores, que se paralizarían las inversiones del Estado, el riesgo del equilibrio fiscal, etcétera–, lo que se suele perder de vista es el problema de la baja calidad de la oferta de los servicios públicos así como la ineficiencia en la prestación de los mismos.
En este caso, por ejemplo, dos preguntas relevantes son si estamos seguros de que Essalud ofrece un buen servicio y de si usa bien la plata, un par de interrogantes que tienen mucho que ver con las reformas pendientes para mejorar la oferta de servicios públicos al ciudadano, y para determinar si se le está sacando ‘lo correcto’ del bolsillo para brindárselos.
Los gobiernos peruanos suelen vanagloriarse del equilibrio en las finanzas públicas, lo cual está muy bien pues ello es fundamental para la estabilidad y el progreso, pero lo que con frecuencia obvian en el debate es que dicho balance se consigue gracias a un profundo desequilibrio social como consecuencia de la pobrísima oferta de servicios públicos en rubros elementales como salud, educación, seguridad y justicia.
Este gobierno sabe muy bien anti qué está, lo cual no es poca cosa pues siempre es muy importante tener claro qué es lo que no se debe hacer. Pero eso es insuficiente. También se necesita una precisión de qué es lo que tiene que lanzar, iniciar y promover, y es en este terreno en el que el segundo gobierno del presidente García es tremendamente conservador.
Desde su arranque, con un premier acomodado en el disfraz de bombero, hasta ahora en que se constata que se le pasó el momento para lanzar esas reformas fundamentales y que desde hace mucho tiempo esperan un liderazgo con la claridad intelectual y el coraje político suficientes para ejecutarlas.
Cuando el gobierno acaba de lanzar el ‘plan antico-rrupción’, poco después de anunciar el ‘plan anticrisis’, su decisión de observar la ley aprobada por el Congreso con el fin de exonerar del pago de impuestos y contribuciones a las gratificaciones, confirma que la segunda Presidencia de Alan García tiene muy claro ‘anti qué’ es, pero no muchas ideas sobre ‘por qué’ está.
La iniciativa legal para que las gratificaciones no paguen impuestos no es descabellada, tiene fundamento y no es, en modo alguno, inconstitucional. El problema de fondo no es su racionalidad, sino el hueco de S/.734 millones por recaudación del impuesto a la renta que tendría el Estado si se aprobara. Según el MEF, esto implicaría, al año, S/.450 millones menos para Essalud y S/.185 millones menos para la ONPE.
Más allá de los típicos argumentos para contrarrestar estas iniciativas –que beneficiaría a muy pocos trabajadores, que se paralizarían las inversiones del Estado, el riesgo del equilibrio fiscal, etcétera–, lo que se suele perder de vista es el problema de la baja calidad de la oferta de los servicios públicos así como la ineficiencia en la prestación de los mismos.
En este caso, por ejemplo, dos preguntas relevantes son si estamos seguros de que Essalud ofrece un buen servicio y de si usa bien la plata, un par de interrogantes que tienen mucho que ver con las reformas pendientes para mejorar la oferta de servicios públicos al ciudadano, y para determinar si se le está sacando ‘lo correcto’ del bolsillo para brindárselos.
Los gobiernos peruanos suelen vanagloriarse del equilibrio en las finanzas públicas, lo cual está muy bien pues ello es fundamental para la estabilidad y el progreso, pero lo que con frecuencia obvian en el debate es que dicho balance se consigue gracias a un profundo desequilibrio social como consecuencia de la pobrísima oferta de servicios públicos en rubros elementales como salud, educación, seguridad y justicia.
Este gobierno sabe muy bien anti qué está, lo cual no es poca cosa pues siempre es muy importante tener claro qué es lo que no se debe hacer. Pero eso es insuficiente. También se necesita una precisión de qué es lo que tiene que lanzar, iniciar y promover, y es en este terreno en el que el segundo gobierno del presidente García es tremendamente conservador.
Desde su arranque, con un premier acomodado en el disfraz de bombero, hasta ahora en que se constata que se le pasó el momento para lanzar esas reformas fundamentales y que desde hace mucho tiempo esperan un liderazgo con la claridad intelectual y el coraje político suficientes para ejecutarlas.
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