La lucha contra la corrupción debería encontrarnos con mejor pie en el 2009. Partamos de la premisa de que es un flagelo global que existe en naciones desarrolladas, ricas, emergentes y pobres. Pero a los inmorales no les vamos a ganar si es que como peruanos tenemos una baja autoestima o seguimos considerando que el nuestro es el país más corrupto. No es así, los casos de corrupción aparecen en diversas latitudes.
Sin embargo, esto no debería entenderse como una visión contemplativa del problema y menos debilidad. Al contrario, si asumimos una visión optimista y practicamos una campaña victoriosa contra la corrupción, todas las acciones del Estado y la participación de la sociedad encaminadas en ese objetivo no sólo estarán respaldadas por la iniciativa y la coordinación más transparente sino que darán resultados. Es decir, hay que comunicarle al país que sí es posible derrotar a la corrupción.
De otro lado, consideramos que las bases de la lucha anticorrupción pasan por mantener –en primer lugar– un sistema democrático, respetuoso de las libertades y pluralista. No cabe duda que cambiar este sistema por un régimen totalitario o autoritario sólo permitiría multiplicar la corrupción y encubrirla sin posibilidad de mayor –o mejor– fiscalización. En segundo lugar, los medios de prensa deberán fortalecer sus unidades de investigación y su capacidad de recepción de las denuncias de los ciudadanos o de los funcionarios de Estado que conocen de actos delictivos que se enmarcan dentro de la inmoralidad pública. En tercer término, en la guerra contra la corrupción el Estado necesita fortalecer la prevención y la detección (a tiempo) de los casos de inmoralidad. La inteligencia en este campo juega un rol insoslayable.
Esos fundamentos son importantes tenerlos en cuenta para corregir errores, ya que en todos estos años hemos visto cómo la Contraloría General de la República se ha entrampado en sus procedimientos y mecanismos de control; o hemos constatado la lentitud y parsimonia de las fiscalías y juzgados, que no siempre han podido sancionar a los responsables de los casos de corrupción; o hemos comprobado cómo la Comisión de Fiscalización del Parlamento o las comisiones investigadoras que el Congreso crea para determinados affaires han caído presa de la politización; o cuando vemos cómo ha fracasado la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción durante el gobierno de Toledo, o la ONA durante la actual administración del presidente García. Pero no debemos olvidar que a pesar de estas deficiencias, la institución de la sociedad que ha salido a luchar contra los corruptos ha sido el periodismo independiente.
Ahora el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha presentado el Plan Anticorrupción, el que deberá ser enriquecido porque el enemigo es demasiado versátil y sofisticado. Sin embargo también deberá ser difundido para empoderar a todos los ciudadanos de cara a su responsabilidad de contribuir en la construcción de una nación más respetable. Para cumplir este propósito también será necesario facilitar un marco legal coherente de protección al denunciante.
Sin embargo, esto no debería entenderse como una visión contemplativa del problema y menos debilidad. Al contrario, si asumimos una visión optimista y practicamos una campaña victoriosa contra la corrupción, todas las acciones del Estado y la participación de la sociedad encaminadas en ese objetivo no sólo estarán respaldadas por la iniciativa y la coordinación más transparente sino que darán resultados. Es decir, hay que comunicarle al país que sí es posible derrotar a la corrupción.
De otro lado, consideramos que las bases de la lucha anticorrupción pasan por mantener –en primer lugar– un sistema democrático, respetuoso de las libertades y pluralista. No cabe duda que cambiar este sistema por un régimen totalitario o autoritario sólo permitiría multiplicar la corrupción y encubrirla sin posibilidad de mayor –o mejor– fiscalización. En segundo lugar, los medios de prensa deberán fortalecer sus unidades de investigación y su capacidad de recepción de las denuncias de los ciudadanos o de los funcionarios de Estado que conocen de actos delictivos que se enmarcan dentro de la inmoralidad pública. En tercer término, en la guerra contra la corrupción el Estado necesita fortalecer la prevención y la detección (a tiempo) de los casos de inmoralidad. La inteligencia en este campo juega un rol insoslayable.
Esos fundamentos son importantes tenerlos en cuenta para corregir errores, ya que en todos estos años hemos visto cómo la Contraloría General de la República se ha entrampado en sus procedimientos y mecanismos de control; o hemos constatado la lentitud y parsimonia de las fiscalías y juzgados, que no siempre han podido sancionar a los responsables de los casos de corrupción; o hemos comprobado cómo la Comisión de Fiscalización del Parlamento o las comisiones investigadoras que el Congreso crea para determinados affaires han caído presa de la politización; o cuando vemos cómo ha fracasado la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción durante el gobierno de Toledo, o la ONA durante la actual administración del presidente García. Pero no debemos olvidar que a pesar de estas deficiencias, la institución de la sociedad que ha salido a luchar contra los corruptos ha sido el periodismo independiente.
Ahora el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha presentado el Plan Anticorrupción, el que deberá ser enriquecido porque el enemigo es demasiado versátil y sofisticado. Sin embargo también deberá ser difundido para empoderar a todos los ciudadanos de cara a su responsabilidad de contribuir en la construcción de una nación más respetable. Para cumplir este propósito también será necesario facilitar un marco legal coherente de protección al denunciante.
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