En entrevista exclusiva con El Comercio, el saliente presidente del Poder Judicial Francisco Távara ha hecho un balance de su gestión tan crudo y realista que no puede pasar desapercibido.
En su diagnóstico debe resaltarse una buena dosis de autocrítica, sobre todo cuando reconoce que no ha podido llegar adecuadamente a la opinión pública para demostrar su voluntad de cambio. Por tanto, las nuevas autoridades del sector tendrán que mejorar sus estrategias de comunicación e imagen, pero teniendo cuidado en entender que cualquier esfuerzo será inútil si no se retoma a fondo la reforma judicial.
Es cierto que hubo avances notables el último año, especialmente en el mayor control interno, como lo demuestran la nueva facultad para levantar el secreto bancario de los magistrados y las diferentes acciones preventivas y sancionadoras de la OCMA. Sin embargo, aún queda mucho por hacer tanto para superar las deficiencias estructurales en la administración de justicia, cuanto para moralizar a un poder del Estado actualmente vilipendiado por la mayor parte de los ciudadanos.
Por ejemplo, es urgente disminuir los excesivos plazos procesales, seguir desconcentrando las salas especializadas, acabar con la provisionalidad de algunos magistrados y, sobre todo, desterrar la corrupción que se produce desde los escalones más bajos. También es prioritaria la revisión del marco normativo y de actuación del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia Nacional de la Magistratura para asegurar que quienes accedan a la judicatura tengan los méritos profesionales y la capacidad ética necesarias.
Del balance presentado por el doctor Távara fluye, por supuesto, que los problemas presupuestales son tan graves que por ello precisamente la corrupción encuentra un campo fértil entre muchos magistrados y servidores paralegales, cuyos ingresos están atrasados y resultan irrisorios frente a la tremenda responsabilidad que les toca asumir. Pero nada justifica el nivel de venalidad que, por desgracia, prevalece en el PJ. Y, al mismo tiempo, eso tampoco justifica las arremetidas avasallantes, tanto del Ejecutivo como del Congreso, porque el drama presupuestal debe resolverse respetando estrictamente la autonomía jurisdiccional que reconoce la Constitución al Poder Judicial.
Los recursos magros y la desmoralización consiguiente han venido atentando contra gestiones singularmente alentadoras como la del Dr. Távara, que, pese a su empeño, poco han podido hacer para avanzar en retos cruciales como la aplicación del Código Procesal Penal, la renovación administrativa y tecnológica de las diferentes instancias, el fortalecimiento de la carrera judicial, etc.
En otro nivel de análisis, el informe de gestión del doctor Távara hace bien en demostrar que, pese a todas las restricciones materiales, con la voluntad de sanear y preservar el prestigio de la institución judicial se puede dar pasos interesantes, como la capacitación continua de magistrados, el abordaje conjunto de proyectos con otros gremios (como en el caso del Consejo de la Prensa Peruana y la búsqueda de descriminalización de los delitos mediáticos), y la mayor presencia de la Corte Suprema en el interior de la República (según ha podido verse con las sesiones plenarias descentralizadas).
Frente a este panorama, en el cual puede concluirse que hay estrechos límites financieros, pero con amplios espacios para la gestión basada en la iniciativa, la buena voluntad y la búsqueda de recursos de la cooperación internacional, la agenda de trabajo del entrante presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, será ardua. Y para que pueda afrontarla de la mejor manera, sin duda, desde la prensa habrá que apoyarlo en lo que corresponda, aunque al mismo tiempo se deberá fiscalizar sus acciones, especialmente en lo que toca a independencia política y jurídica de las sentencias judiciales.
EL COMERCIO
En su diagnóstico debe resaltarse una buena dosis de autocrítica, sobre todo cuando reconoce que no ha podido llegar adecuadamente a la opinión pública para demostrar su voluntad de cambio. Por tanto, las nuevas autoridades del sector tendrán que mejorar sus estrategias de comunicación e imagen, pero teniendo cuidado en entender que cualquier esfuerzo será inútil si no se retoma a fondo la reforma judicial.
Es cierto que hubo avances notables el último año, especialmente en el mayor control interno, como lo demuestran la nueva facultad para levantar el secreto bancario de los magistrados y las diferentes acciones preventivas y sancionadoras de la OCMA. Sin embargo, aún queda mucho por hacer tanto para superar las deficiencias estructurales en la administración de justicia, cuanto para moralizar a un poder del Estado actualmente vilipendiado por la mayor parte de los ciudadanos.
Por ejemplo, es urgente disminuir los excesivos plazos procesales, seguir desconcentrando las salas especializadas, acabar con la provisionalidad de algunos magistrados y, sobre todo, desterrar la corrupción que se produce desde los escalones más bajos. También es prioritaria la revisión del marco normativo y de actuación del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Academia Nacional de la Magistratura para asegurar que quienes accedan a la judicatura tengan los méritos profesionales y la capacidad ética necesarias.
Del balance presentado por el doctor Távara fluye, por supuesto, que los problemas presupuestales son tan graves que por ello precisamente la corrupción encuentra un campo fértil entre muchos magistrados y servidores paralegales, cuyos ingresos están atrasados y resultan irrisorios frente a la tremenda responsabilidad que les toca asumir. Pero nada justifica el nivel de venalidad que, por desgracia, prevalece en el PJ. Y, al mismo tiempo, eso tampoco justifica las arremetidas avasallantes, tanto del Ejecutivo como del Congreso, porque el drama presupuestal debe resolverse respetando estrictamente la autonomía jurisdiccional que reconoce la Constitución al Poder Judicial.
Los recursos magros y la desmoralización consiguiente han venido atentando contra gestiones singularmente alentadoras como la del Dr. Távara, que, pese a su empeño, poco han podido hacer para avanzar en retos cruciales como la aplicación del Código Procesal Penal, la renovación administrativa y tecnológica de las diferentes instancias, el fortalecimiento de la carrera judicial, etc.
En otro nivel de análisis, el informe de gestión del doctor Távara hace bien en demostrar que, pese a todas las restricciones materiales, con la voluntad de sanear y preservar el prestigio de la institución judicial se puede dar pasos interesantes, como la capacitación continua de magistrados, el abordaje conjunto de proyectos con otros gremios (como en el caso del Consejo de la Prensa Peruana y la búsqueda de descriminalización de los delitos mediáticos), y la mayor presencia de la Corte Suprema en el interior de la República (según ha podido verse con las sesiones plenarias descentralizadas).
Frente a este panorama, en el cual puede concluirse que hay estrechos límites financieros, pero con amplios espacios para la gestión basada en la iniciativa, la buena voluntad y la búsqueda de recursos de la cooperación internacional, la agenda de trabajo del entrante presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, será ardua. Y para que pueda afrontarla de la mejor manera, sin duda, desde la prensa habrá que apoyarlo en lo que corresponda, aunque al mismo tiempo se deberá fiscalizar sus acciones, especialmente en lo que toca a independencia política y jurídica de las sentencias judiciales.
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