La elección en la Contraloría es crucial.
La votación prevista para este martes en el Congreso, con el fin de elegir a la persona que conducirá la Contraloría General de la República hasta el año 2015, es una oportunidad crucial para la recuperación de la institucionalidad democrática, la cual se encuentra muy desprestigiada por la sensación legítima que la población tiene sobre la gravedad de la corrupción.
El presidente Alan García le ha propuesto al Congreso, a partir de la terna seleccionada por la comisión liderada por Richard Webb, y de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que la ingeniera Soraya Suárez sea la nueva contralora.
No conozco a la nominada, pero su hoja de vida la presenta como una profesional preparada. La Comisión Permanente del Congreso debiera evaluarla con cuidado y sin apresuramiento pues estamos, por varias razones, ante una votación clave.
Primero, porque el ciudadano considera, y razón no le falta, que la corrupción es un grave problema. Muchos políticos de todo nivel de la administración pública creen que su elección o nombramiento es una patente de corso para levantarse en peso lo que encuentren en el camino. Esto desprestigia a la democracia pues la pinta como una cueva de ladrones.
Segundo, porque, más allá de la apariencia, la corrupción es, en efecto, un problema grave. Por un lado, reduce los recursos disponibles en el sector público para fines importantes como el combate a la pobreza. Por el otro, induce al gobierno a tomar decisiones inadecuadas; por ejemplo, carreteras más costosas de lo requerido porque son pensadas más en el interés del constructor que del ciudadano, y –claro– del político aceitado para tomar la decisión o hacerse de la vista gorda.
Tercero, es crucial que no haya sombras en la elección de la persona que dirigirá la Contraloría hasta el año 2015, lo que le permitiría –si actuara interesadamente– cuidarle las espaldas a un régimen que tiene un déficit de confianza relevante, tanto por lo sucedido la primera vez que el Apra estuvo en el poder, como por lo ocurrido en lo que va de su segundo gobierno.
Desde el fracaso clamoroso de la Oficina Nacional Anticorrupción, el sello aprista en las procuradurías, las críticas constantes y muchas veces injustas al ex contralor, hasta la lamentable constatación de que, cuando un aprista está bajo la lupa, los principios fiscalizadores se relajan: para no hablar de los petroaudios, está el papel lamentable y cómplice del partido en el escándalo de Tula Benites.
Ojalá que esta vez el Apra, en el caso de la nueva contralora, no se vuelva a ‘equivocar’, pues esta elección es crucial para el sistema
La votación prevista para este martes en el Congreso, con el fin de elegir a la persona que conducirá la Contraloría General de la República hasta el año 2015, es una oportunidad crucial para la recuperación de la institucionalidad democrática, la cual se encuentra muy desprestigiada por la sensación legítima que la población tiene sobre la gravedad de la corrupción.
El presidente Alan García le ha propuesto al Congreso, a partir de la terna seleccionada por la comisión liderada por Richard Webb, y de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que la ingeniera Soraya Suárez sea la nueva contralora.
No conozco a la nominada, pero su hoja de vida la presenta como una profesional preparada. La Comisión Permanente del Congreso debiera evaluarla con cuidado y sin apresuramiento pues estamos, por varias razones, ante una votación clave.
Primero, porque el ciudadano considera, y razón no le falta, que la corrupción es un grave problema. Muchos políticos de todo nivel de la administración pública creen que su elección o nombramiento es una patente de corso para levantarse en peso lo que encuentren en el camino. Esto desprestigia a la democracia pues la pinta como una cueva de ladrones.
Segundo, porque, más allá de la apariencia, la corrupción es, en efecto, un problema grave. Por un lado, reduce los recursos disponibles en el sector público para fines importantes como el combate a la pobreza. Por el otro, induce al gobierno a tomar decisiones inadecuadas; por ejemplo, carreteras más costosas de lo requerido porque son pensadas más en el interés del constructor que del ciudadano, y –claro– del político aceitado para tomar la decisión o hacerse de la vista gorda.
Tercero, es crucial que no haya sombras en la elección de la persona que dirigirá la Contraloría hasta el año 2015, lo que le permitiría –si actuara interesadamente– cuidarle las espaldas a un régimen que tiene un déficit de confianza relevante, tanto por lo sucedido la primera vez que el Apra estuvo en el poder, como por lo ocurrido en lo que va de su segundo gobierno.
Desde el fracaso clamoroso de la Oficina Nacional Anticorrupción, el sello aprista en las procuradurías, las críticas constantes y muchas veces injustas al ex contralor, hasta la lamentable constatación de que, cuando un aprista está bajo la lupa, los principios fiscalizadores se relajan: para no hablar de los petroaudios, está el papel lamentable y cómplice del partido en el escándalo de Tula Benites.
Ojalá que esta vez el Apra, en el caso de la nueva contralora, no se vuelva a ‘equivocar’, pues esta elección es crucial para el sistema
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