En paralelo al desarrollo económico y a la aplicación del plan anticrisis del gobierno y de la propuesta de los gremios empresariales ante la situación económica mundial, hay una tarea pendiente que se olvida.
Nos referimos a la urgencia de limpiar la maraña normativa legal peruana. Vale decir, necesitamos corregir la montaña de leyes, resoluciones legislativas, ordenanzas, decretos supremos, decretos de alcaldía, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales que atosigan la marcha institucional del país y complican la vida de millones de ciudadanos.
EXPRESO lleva bastante tiempo advirtiendo que una nación progresa en la medida que su acervo jurídico conforme un sistema legal simple, eficiente, ágil, ordenado y proactivo, pues está comprobado que cuando el número de leyes y decretos es excesivo el sistema se torna complicado e inconsistente. ¿Qué hacer ante tamaña evidencia retardataria que lastima nuestra evolución social, política y económica?
La respuesta parte por acometer de inmediato –y en diversos frentes– la proliferación de nuestras normas legales, pero con medidas coherentes, siendo la principal de ellas el establecimiento de comisiones revisoras en cada sector del Ejecutivo y conformar una comisión especial de alto nivel en el Parlamento que canalice los progresos logrados por estas. El análisis de nuestro árbol normativo deberá ser implacable a fin de llegar a saber a ciencia cierta cuantas leyes existen, cuáles fueron derogadas, cuales se sobreponen, cuáles son en exceso interpretativas, cuáles son inútiles; y asimismo conocer qué decretos sobran u obstaculizan lo que otras normas de mayor jerarquía solucionan. No olvidemos que existen innumerables leyes que norman aspectos abordados en otras, o aún ven la luz decretos que modifican leyes que están derogadas, etc.
De manera que la tarea es hercúlea porque hay que bucear en anaqueles y archivos oficiales del Congreso de la República y los ministerios. Pero hay que hacerlo; de lo contrario las acciones del propio Estado y el normal desenvolvimiento de los actores de la sociedad (personas naturales y jurídicas) seguirán amenazados por los vericuetos engorrosos del sistema legal nacional y perjudicados en la práctica por enormes barreras legales. Al margen del cáncer de la corrupción que se beneficia por aquella miríada de normas imprecisas que abren la puerta a interpretaciones múltiples-
Finalmente, otra forma de encarar la maraña legislativa es que, de una vez por todas, los congresistas sean conscientes que frecuentemente su trabajo lo quieren reducir a una ley. Lo peor es que en no pocas oportunidades las leyes que proponen o aprueban sólo buscan sacarle la vuelta a la Constitución o a otras normas legales. Ello es sumamente cuestionable porque el propio legislador adrede usa su investidura para crear problemas en lugar de solucionarlos, por ejemplo cuando aprueba leyes con nombre propio o en beneficio particular.
Nos referimos a la urgencia de limpiar la maraña normativa legal peruana. Vale decir, necesitamos corregir la montaña de leyes, resoluciones legislativas, ordenanzas, decretos supremos, decretos de alcaldía, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales que atosigan la marcha institucional del país y complican la vida de millones de ciudadanos.
EXPRESO lleva bastante tiempo advirtiendo que una nación progresa en la medida que su acervo jurídico conforme un sistema legal simple, eficiente, ágil, ordenado y proactivo, pues está comprobado que cuando el número de leyes y decretos es excesivo el sistema se torna complicado e inconsistente. ¿Qué hacer ante tamaña evidencia retardataria que lastima nuestra evolución social, política y económica?
La respuesta parte por acometer de inmediato –y en diversos frentes– la proliferación de nuestras normas legales, pero con medidas coherentes, siendo la principal de ellas el establecimiento de comisiones revisoras en cada sector del Ejecutivo y conformar una comisión especial de alto nivel en el Parlamento que canalice los progresos logrados por estas. El análisis de nuestro árbol normativo deberá ser implacable a fin de llegar a saber a ciencia cierta cuantas leyes existen, cuáles fueron derogadas, cuales se sobreponen, cuáles son en exceso interpretativas, cuáles son inútiles; y asimismo conocer qué decretos sobran u obstaculizan lo que otras normas de mayor jerarquía solucionan. No olvidemos que existen innumerables leyes que norman aspectos abordados en otras, o aún ven la luz decretos que modifican leyes que están derogadas, etc.
De manera que la tarea es hercúlea porque hay que bucear en anaqueles y archivos oficiales del Congreso de la República y los ministerios. Pero hay que hacerlo; de lo contrario las acciones del propio Estado y el normal desenvolvimiento de los actores de la sociedad (personas naturales y jurídicas) seguirán amenazados por los vericuetos engorrosos del sistema legal nacional y perjudicados en la práctica por enormes barreras legales. Al margen del cáncer de la corrupción que se beneficia por aquella miríada de normas imprecisas que abren la puerta a interpretaciones múltiples-
Finalmente, otra forma de encarar la maraña legislativa es que, de una vez por todas, los congresistas sean conscientes que frecuentemente su trabajo lo quieren reducir a una ley. Lo peor es que en no pocas oportunidades las leyes que proponen o aprueban sólo buscan sacarle la vuelta a la Constitución o a otras normas legales. Ello es sumamente cuestionable porque el propio legislador adrede usa su investidura para crear problemas en lugar de solucionarlos, por ejemplo cuando aprueba leyes con nombre propio o en beneficio particular.
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