El Ejecutivo dio marcha atrás en la venta de 16 ha. de terreno de la Comandancia General del Ejército en tiempo relativamente corto. Pero ello no se ha producido en la transacción (entrega de la buena pro a un consorcio peruano-chileno) sobre los terrenos del Aeroclub de Collique y de Indaer (Industria Aeronáutica Nacional).
¿Por qué? Quizá, entre otras razones, porque la reacción de rechazo ciudadano no fue lo suficientemente fuerte y unitaria como ocurrió con San Borja, a través de la acción conjunta de congresistas, el municipio distrital, vecinos, militares y medios de comunicación.
Sobran argumentos para repugnar e impugnar la adjudicación de un extenso predio ubicado en el corazón de Lima Norte. Empezando por señalar que no se debe batir un récord de construcción de viviendas (y de centros comerciales) pisoteando la prohibición legal que de manera expresa impide la venta del terreno –llamado– Collique; afectando a terceros; o ejerciendo abusivamente el poder. La primera de estas razones –por cierto la de más peso– ha sido precisada con elocuencia por el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Acaso el oficialismo pretendería entenderla como un contraataque del parlamentario tras haber sido salvado de la censura (por el APRA y Unidad Nacional) el entonces ministro de Vivienda y Construcción Enrique Cornejo Ramírez. Pero no es así. Existen motivos jurídicos, históricos y de costo-beneficio que no pueden dejarse de lado.
En ese orden de ideas no se debe saltar alegremente el fundamento de iure que corrobora la existencia de una carga –en la titulación respectiva inscrita en el Registro Público– que explica per se que el Aeroclub se asienta en un terreno donado al Estado ex profesamente para ese fin. El Estado no puede desconocer la voluntad de medio millón de peruanos que donaron aquel terreno –sacrificando sus bienestar personal– para comprar más de 64 ha. a fin de destinarlas –de manera exclusiva– a la aviación civil de nuestra nación.
Por ello, al margen de la taxativa que prohíbe su venta para otros fines, con el remate del terreno de Collique el Estado resulta perjudicado puesto que entrega una costosísima pista de aterrizaje –además de una zona estratégica para construir un gran parque nacional– a precio de terreno rústico, supuestamente para que un consorcio chileno-peruano construya 20 mil viviendas económicas. Si el gobierno quiere dinamizar la construcción de este tipo de locales, existen millones de metros cuadrados disponibles, por ejemplo, en los arenales de Piedras Gordas, en plena Panamericana Norte.
Al respecto, sostenemos que la democracia tiene herramientas para lograr que la sensatez prime sobre los caprichos oficiales. Y así como ocurrió en el caso del denominado “Pentagonito”, consideramos indispensable que el presidente Alan García ponga las cosas en orden. Debe evitar un grave encontronazo con la legalidad, luego que su ministro de Vivienda rematara un inmueble cuya titulación impide venderlo para cualquier otro fin que no sea el indicado. El Ejecutivo está pues obligado a anular la subasta de Collique. Mejor que lo haga ahora, antes de verse forzado a hacerlo en circunstancias en que dañen aún más la gobernabilidad, por presión del Congreso y otros estamentos que representan a la sociedad.
¿Por qué? Quizá, entre otras razones, porque la reacción de rechazo ciudadano no fue lo suficientemente fuerte y unitaria como ocurrió con San Borja, a través de la acción conjunta de congresistas, el municipio distrital, vecinos, militares y medios de comunicación.
Sobran argumentos para repugnar e impugnar la adjudicación de un extenso predio ubicado en el corazón de Lima Norte. Empezando por señalar que no se debe batir un récord de construcción de viviendas (y de centros comerciales) pisoteando la prohibición legal que de manera expresa impide la venta del terreno –llamado– Collique; afectando a terceros; o ejerciendo abusivamente el poder. La primera de estas razones –por cierto la de más peso– ha sido precisada con elocuencia por el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Acaso el oficialismo pretendería entenderla como un contraataque del parlamentario tras haber sido salvado de la censura (por el APRA y Unidad Nacional) el entonces ministro de Vivienda y Construcción Enrique Cornejo Ramírez. Pero no es así. Existen motivos jurídicos, históricos y de costo-beneficio que no pueden dejarse de lado.
En ese orden de ideas no se debe saltar alegremente el fundamento de iure que corrobora la existencia de una carga –en la titulación respectiva inscrita en el Registro Público– que explica per se que el Aeroclub se asienta en un terreno donado al Estado ex profesamente para ese fin. El Estado no puede desconocer la voluntad de medio millón de peruanos que donaron aquel terreno –sacrificando sus bienestar personal– para comprar más de 64 ha. a fin de destinarlas –de manera exclusiva– a la aviación civil de nuestra nación.
Por ello, al margen de la taxativa que prohíbe su venta para otros fines, con el remate del terreno de Collique el Estado resulta perjudicado puesto que entrega una costosísima pista de aterrizaje –además de una zona estratégica para construir un gran parque nacional– a precio de terreno rústico, supuestamente para que un consorcio chileno-peruano construya 20 mil viviendas económicas. Si el gobierno quiere dinamizar la construcción de este tipo de locales, existen millones de metros cuadrados disponibles, por ejemplo, en los arenales de Piedras Gordas, en plena Panamericana Norte.
Al respecto, sostenemos que la democracia tiene herramientas para lograr que la sensatez prime sobre los caprichos oficiales. Y así como ocurrió en el caso del denominado “Pentagonito”, consideramos indispensable que el presidente Alan García ponga las cosas en orden. Debe evitar un grave encontronazo con la legalidad, luego que su ministro de Vivienda rematara un inmueble cuya titulación impide venderlo para cualquier otro fin que no sea el indicado. El Ejecutivo está pues obligado a anular la subasta de Collique. Mejor que lo haga ahora, antes de verse forzado a hacerlo en circunstancias en que dañen aún más la gobernabilidad, por presión del Congreso y otros estamentos que representan a la sociedad.
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