El Estado, por mandato constitucional, está obligado a defender la vida de la persona humana. Por ello es inaceptable que el ciudadano Édgar Núñez, a la sazón congresista de la República y presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, se encuentre amenazado de muerte por investigar corruptelas. Nos referimos a la indagación que ha anunciado sobre el nada claro reparto de gasolina a miles de unidades motorizadas de la Policía Nacional del Perú PNP.
El caso amerita una profunda y detallada investigación por la forma como se ha presupuestado, distribuido y consumido el diésel y las gasolinas de distinto octanaje en la institución policial cuando menos en los últimos cinco años. Se necesita entonces conocer todos los antecedentes para precisar cuánto combustible se ha quedado en el camino engordando la billetera de malos funcionarios públicos y personajillos del sector privado que se habrían prestado a tamaño desfalco contra los contribuyentes del país.
No hay lugar a retrocesos. Respaldaremos a plenitud el trabajo de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República. Es tiempo que se siga el hilo de la madeja y se llegué hasta los más altos responsables de esta estafa al Erario. Para ello se necesita que todas las instituciones de control e inteligencia estatales investiguen los signos exteriores de riqueza, si lo hubiera, de quienes ocuparon –y ocupan– cargos administrativos estratégicos vinculados al reparto de combustible a todas las comisarías y cuarteles policiales de la costa, sierra y selva. Si la PNP tiene que pasar un trago amargo, debe hacerlo. Pero no se debe dejar que se frustre esta fiscalización. Es la manera de recobrar la moral y honestidad de esa institución nacional. Al margen de si el “gasolinazo” es mayor o no al que ocurrió en el Ejército, pues nadie tiene derecho a robar ni siquiera un litro de combustible destinado a los vehículos que sirven a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
Determinar a ciencia cierta qué monto y quiénes estarían detrás de una irregularidad como esta –acaso delito– es punto elemental de la agenda del año 2009. Formulamos votos para que no transcurran semanas y el tema del combustible policial se vea entrampado. Con mayor razón si hay amenazas contra la vida de un congresista, hecho que debe generar inmediatamente la reacción de toda la representación nacional contra los posibles autores de semejante temeridad. Por último, en este asunto de corrupción también nos preguntamos si en medio de las existentes mafias del combustible está la explicación de por qué hasta hoy no se convierten los patrulleros a gas natural vehicular (GNV).
El caso amerita una profunda y detallada investigación por la forma como se ha presupuestado, distribuido y consumido el diésel y las gasolinas de distinto octanaje en la institución policial cuando menos en los últimos cinco años. Se necesita entonces conocer todos los antecedentes para precisar cuánto combustible se ha quedado en el camino engordando la billetera de malos funcionarios públicos y personajillos del sector privado que se habrían prestado a tamaño desfalco contra los contribuyentes del país.
No hay lugar a retrocesos. Respaldaremos a plenitud el trabajo de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República. Es tiempo que se siga el hilo de la madeja y se llegué hasta los más altos responsables de esta estafa al Erario. Para ello se necesita que todas las instituciones de control e inteligencia estatales investiguen los signos exteriores de riqueza, si lo hubiera, de quienes ocuparon –y ocupan– cargos administrativos estratégicos vinculados al reparto de combustible a todas las comisarías y cuarteles policiales de la costa, sierra y selva. Si la PNP tiene que pasar un trago amargo, debe hacerlo. Pero no se debe dejar que se frustre esta fiscalización. Es la manera de recobrar la moral y honestidad de esa institución nacional. Al margen de si el “gasolinazo” es mayor o no al que ocurrió en el Ejército, pues nadie tiene derecho a robar ni siquiera un litro de combustible destinado a los vehículos que sirven a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
Determinar a ciencia cierta qué monto y quiénes estarían detrás de una irregularidad como esta –acaso delito– es punto elemental de la agenda del año 2009. Formulamos votos para que no transcurran semanas y el tema del combustible policial se vea entrampado. Con mayor razón si hay amenazas contra la vida de un congresista, hecho que debe generar inmediatamente la reacción de toda la representación nacional contra los posibles autores de semejante temeridad. Por último, en este asunto de corrupción también nos preguntamos si en medio de las existentes mafias del combustible está la explicación de por qué hasta hoy no se convierten los patrulleros a gas natural vehicular (GNV).
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