Lento pero seguro las ONG políticas, y en particular el Instituto de Defensa Legal IDL, vienen perdiendo terreno en la batalla entre el derecho versus la persecución judicial contra militares y policías que combatieron dentro de ley al terrorismo.
Resulta que –por razones que deberán ser aclaradas por tres miembros del Tribunal Constitucional TC– el IDL logró introducir por la ventana del TC una demanda bajo la figura del agravio constitucional. El objetivo fue deshacer el hábeas corpus que el marino Teodorico Bernabé ya había ganado en segunda –y última– instancia en el Poder Judicial, tratando desesperadamente de evitar la prescripción de supuestos delitos cometidos en la intervención en el penal “El Frontón” hace más de 22 años. Ante esta jugarreta, en la cual el IDL participó bajo la taimada figura del amicus curiae, el TC ha marcado una definición jurídica firme y razonable al declarar improcedente la queja de la ONG IDL.
Pero el IDL, creyéndose como es su costumbre la máxima instancia del país en todo orden de ideas, intenta cuestionar y desacreditar el fallo el TC. Pero los lobbies de esta ONG política –y sus insolentes presiones mediáticas sobre la máxima magistratura constitucional– ya no funcionan como antes. De ahí que ahora el IDL quiera avasallar la sólida doctrina del derecho penal, desfigurándola bajo el capricho de trasvolar al pasado figuras jurídicas contemporáneas, como en el caso de los delitos de lesa humanidad, figura instituida en 1986, aunque nunca estuvo legislada positivamente. El objetivo enfermizo del IDL en éste –como en muchísimos otros casos– es perseguir a los uniformados, sin reparar un ápice en la justicia ni en los principios del debido proceso de sus perseguidos.
Señalar que la lucha contra la impunidad implica sentenciar o castigar a todas las personas que lucharon por la paz de la que hoy gozan 27 millones de peruanos –como en el colmo de la arbitrariedad reitera el IDL– significa poner la carreta delante de los caballos. Según la ONG IDL, sólo habrá “justicia” en la medida que los tribunales hagan oídos sordos a la Constitución y procedan sin miramientos a encarcelar a todos los soldados y policías que, en nombre de la democracia y de la ley, restablecieron el orden y la autoridad en los penales en junio de 1986, precisamente cuando Sendero Luminoso y en MRTA habían convertido las penitenciarías peruanas en “luminosas trincheras de combate”. Recordemos que las ONG políticas no distinguen entre uniformados buenos y aquel ínfimo número de malos militares o policías que sobrepasaron órdenes superiores. Para ellas todos son asesinos. Todos deben ser sentenciados.
Queda en evidencia la artera intención del IDL de extorsionar al Tribunal Constitucional para que fallara sobre el fondo del caso “El Frontón”, a pesar de que aquello es jurisdicción exclusiva del Poder Judicial. Ahora bien, como el IDL vive del pingüe negocio de los dd hh, sus directivos amenazan con recurrir a la Corte IDH. Estaremos atentos a cualquier intento de connivencia entre los togados de San José de Costa Rica y la ONG política IDL.
Resulta que –por razones que deberán ser aclaradas por tres miembros del Tribunal Constitucional TC– el IDL logró introducir por la ventana del TC una demanda bajo la figura del agravio constitucional. El objetivo fue deshacer el hábeas corpus que el marino Teodorico Bernabé ya había ganado en segunda –y última– instancia en el Poder Judicial, tratando desesperadamente de evitar la prescripción de supuestos delitos cometidos en la intervención en el penal “El Frontón” hace más de 22 años. Ante esta jugarreta, en la cual el IDL participó bajo la taimada figura del amicus curiae, el TC ha marcado una definición jurídica firme y razonable al declarar improcedente la queja de la ONG IDL.
Pero el IDL, creyéndose como es su costumbre la máxima instancia del país en todo orden de ideas, intenta cuestionar y desacreditar el fallo el TC. Pero los lobbies de esta ONG política –y sus insolentes presiones mediáticas sobre la máxima magistratura constitucional– ya no funcionan como antes. De ahí que ahora el IDL quiera avasallar la sólida doctrina del derecho penal, desfigurándola bajo el capricho de trasvolar al pasado figuras jurídicas contemporáneas, como en el caso de los delitos de lesa humanidad, figura instituida en 1986, aunque nunca estuvo legislada positivamente. El objetivo enfermizo del IDL en éste –como en muchísimos otros casos– es perseguir a los uniformados, sin reparar un ápice en la justicia ni en los principios del debido proceso de sus perseguidos.
Señalar que la lucha contra la impunidad implica sentenciar o castigar a todas las personas que lucharon por la paz de la que hoy gozan 27 millones de peruanos –como en el colmo de la arbitrariedad reitera el IDL– significa poner la carreta delante de los caballos. Según la ONG IDL, sólo habrá “justicia” en la medida que los tribunales hagan oídos sordos a la Constitución y procedan sin miramientos a encarcelar a todos los soldados y policías que, en nombre de la democracia y de la ley, restablecieron el orden y la autoridad en los penales en junio de 1986, precisamente cuando Sendero Luminoso y en MRTA habían convertido las penitenciarías peruanas en “luminosas trincheras de combate”. Recordemos que las ONG políticas no distinguen entre uniformados buenos y aquel ínfimo número de malos militares o policías que sobrepasaron órdenes superiores. Para ellas todos son asesinos. Todos deben ser sentenciados.
Queda en evidencia la artera intención del IDL de extorsionar al Tribunal Constitucional para que fallara sobre el fondo del caso “El Frontón”, a pesar de que aquello es jurisdicción exclusiva del Poder Judicial. Ahora bien, como el IDL vive del pingüe negocio de los dd hh, sus directivos amenazan con recurrir a la Corte IDH. Estaremos atentos a cualquier intento de connivencia entre los togados de San José de Costa Rica y la ONG política IDL.
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