Por Samuel B. Abad Yupanqui. Constitucionalista
Hoy 31 de diciembre se cumplen 15 años desde que entró en vigencia la Constitución de 1993, que como ha sido frecuente en nuestra historia republicana surgió luego de un golpe de Estado. No obstante, desde que se reinstauró la democracia importantes fuerzas políticas anunciaron volver al texto de 1979, vigente desde julio de 1980, es decir, volver al texto firmado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Quince años después ello no ha ocurrido.
Diversas razones contribuyeron a ese resultado. Por un lado, el infundado temor de que volver al texto anterior produciría un caos o un vacío. No es exacto, se podía volver actualizándolo tal como lo propuso el informe de la comisión convocada por el presidente Paniagua en julio del 2001. También, se alegó la defensa del modelo económico introducido por la Constitución de 1993 y la preocupación porque el cambio afectaría las inversiones. Sin embargo, la mayoría de actividades económicas podían realizarse con el texto anterior, salvo --obviamente-- la estatización de la banca que ahora el presidente no la plantearía. Es decir, había razones y fórmulas normativas para volver al régimen constitucional de 1979 sin generar vacíos ni desestabilizar el país.
Lo que ha ocurrido es que las fuerzas políticas en el Congreso no se han puesto de acuerdo. Hemos tenido avances, como el informe de la comisión Paniagua (2001) y las propuestas de reforma lideradas por el ex congresista Pease (2002-2003), pero innumerables retrocesos. No ha habido consenso para un cambio. Pareciera que en buena parte de nuestra clase política --con notables excepciones-- no existiera un sentimiento constitucional, es decir, una búsqueda por construir una institucionalidad democrática respetuosa de los derechos humanos. Un ejemplo, reciente es insistir en que el presidente de la República designe a los jueces militares, afectando como lo ha dicho el Tribunal Constitucional (TC) su autonomía e independencia, pues según la Constitución quien nombra a los jueces es el Consejo Nacional de la Magistratura. Como expresamente dijo el TC: "La intervención del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, en el nombramiento de los jueces militares, representa un atentado contra la independencia judicial y la garantía de imparcialidad. Ese ha sido también el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (STC 023-2003-AI/TC, fundamentos 58 y 59).
Quince años después la Constitución de 1993 subsiste. Sin duda con cambios importantes como la reforma a la descentralización y el rediseño del modelo económico fijado por el TC que en los últimos años ha cumplido un importante papel para revitalizar el texto constitucional. Ahora solo resta afianzar nuestra institucionalidad con esa Constitución, reconociendo que tenemos una débil clase política. Ha resultado más fácil ordenar nuestra economía que fortalecer nuestra institucionalidad.
En definitiva, hubiera sido posible volver al texto anterior. Hubiera sido un mensaje histórico y simbólico. Quince años después el texto de 1993 ha superado la vigencia de la Carta anterior que no llegó a cumplir doce años y volver a ella parece imposible. Ello da cuenta que en nuestro país aún no hemos logrado interiorizar un sentimiento constitucional y que los golpes de Estado siguen dejando huella.
Hoy 31 de diciembre se cumplen 15 años desde que entró en vigencia la Constitución de 1993, que como ha sido frecuente en nuestra historia republicana surgió luego de un golpe de Estado. No obstante, desde que se reinstauró la democracia importantes fuerzas políticas anunciaron volver al texto de 1979, vigente desde julio de 1980, es decir, volver al texto firmado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Quince años después ello no ha ocurrido.
Diversas razones contribuyeron a ese resultado. Por un lado, el infundado temor de que volver al texto anterior produciría un caos o un vacío. No es exacto, se podía volver actualizándolo tal como lo propuso el informe de la comisión convocada por el presidente Paniagua en julio del 2001. También, se alegó la defensa del modelo económico introducido por la Constitución de 1993 y la preocupación porque el cambio afectaría las inversiones. Sin embargo, la mayoría de actividades económicas podían realizarse con el texto anterior, salvo --obviamente-- la estatización de la banca que ahora el presidente no la plantearía. Es decir, había razones y fórmulas normativas para volver al régimen constitucional de 1979 sin generar vacíos ni desestabilizar el país.
Lo que ha ocurrido es que las fuerzas políticas en el Congreso no se han puesto de acuerdo. Hemos tenido avances, como el informe de la comisión Paniagua (2001) y las propuestas de reforma lideradas por el ex congresista Pease (2002-2003), pero innumerables retrocesos. No ha habido consenso para un cambio. Pareciera que en buena parte de nuestra clase política --con notables excepciones-- no existiera un sentimiento constitucional, es decir, una búsqueda por construir una institucionalidad democrática respetuosa de los derechos humanos. Un ejemplo, reciente es insistir en que el presidente de la República designe a los jueces militares, afectando como lo ha dicho el Tribunal Constitucional (TC) su autonomía e independencia, pues según la Constitución quien nombra a los jueces es el Consejo Nacional de la Magistratura. Como expresamente dijo el TC: "La intervención del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, en el nombramiento de los jueces militares, representa un atentado contra la independencia judicial y la garantía de imparcialidad. Ese ha sido también el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (STC 023-2003-AI/TC, fundamentos 58 y 59).
Quince años después la Constitución de 1993 subsiste. Sin duda con cambios importantes como la reforma a la descentralización y el rediseño del modelo económico fijado por el TC que en los últimos años ha cumplido un importante papel para revitalizar el texto constitucional. Ahora solo resta afianzar nuestra institucionalidad con esa Constitución, reconociendo que tenemos una débil clase política. Ha resultado más fácil ordenar nuestra economía que fortalecer nuestra institucionalidad.
En definitiva, hubiera sido posible volver al texto anterior. Hubiera sido un mensaje histórico y simbólico. Quince años después el texto de 1993 ha superado la vigencia de la Carta anterior que no llegó a cumplir doce años y volver a ella parece imposible. Ello da cuenta que en nuestro país aún no hemos logrado interiorizar un sentimiento constitucional y que los golpes de Estado siguen dejando huella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario