Llama poderosamente la atención la contradictoria actitud de la Municipalidad de Lima respecto a la riesgosa proliferación de paneles publicitarios, sobre todo en la Panamericana Sur.
Así, por un lado reitera con firmeza que los paneles peligrosos serán retirados lo antes posible. Pero, por el otro lado, señala a renglón seguido que el plazo para el retiro vence recién el 31 de marzo de 2009. Es decir, justo cuando termina la temporada estival y cuando prácticamente la exposición al peligro ha disminuido notablemente junto con la concurrencia de veraneantes al sur.
Esto, que parece una burla al sentido común y a la seguridad pública, tiene que ser aclarado a la brevedad posible por las autoridades municipales para pasar de inmediato a tomar las medidas correctivas.
Según un estudio elaborado por la Municipalidad de Lima, 76 de los 228 paneles ubicados en los primeros 56 kilómetros de la Panamericana Sur no cumplen con la ordenanza 1094 del año 2007, que establece que los paneles deben estar separados por 300 metros de distancia uno de otro y no pueden invadir los aires de la pista. La disposición también prohíbe colocar avisos publicitarios en la berma central y fija multas para los infractores, que hasta ahora no se aplican. Como es evidente, todo esto es letra muerta para muchos.
¿Qué está pasando? No se trata solo de la contaminación visual, que afecta el sentido estético, sino que, como bien ha resumido el alcalde Luis Castañeda Lossio, "se está poniendo en peligro la vida de las personas", por lo que debe prevalecer el criterio de seguridad y defensa de la integridad.
Es mucho lo que está en juego. No estamos en contra de una actividad comercial que ha crecido en los últimos años, sino del abuso que se hace de ella en contra del ordenamiento legal.
El caos que genera la profusión de paneles publicitarios, que no respetan las disposiciones sobre ubicación, tamaño ni distancia entre uno y otro, debe terminar ya con su erradicación definitiva. No podemos esperar que sucedan accidentes para recién actuar, simplemente por la indolencia de las autoridades o por la prevalencia de intereses económicos.
La llamada de atención va dirigida también a algunos controvertidos jueces del Poder Judicial que aceptan írritas acciones de amparo para mantener los paneles ilegales.
La Municipalidad de Lima tiene que accionar para hacer valer sus atribuciones y sus derechos, que son los de los vecinos, mientras que la OCMA y los órganos contralores deben investigar y denunciar a aquellos magistrados que sospechosamente aceptan dichas acciones.
La política de hechos consumados, es decir, de dejar pasar el tiempo porque los paneles ya fueron colocados y algunos sí pagaron los derechos a pesar de pisotear disposiciones reglamentarias, resulta especialmente nefasta, indignante y culposa, sobre todo cuando se pone en riesgo la vida de miles de personas.
Así, por un lado reitera con firmeza que los paneles peligrosos serán retirados lo antes posible. Pero, por el otro lado, señala a renglón seguido que el plazo para el retiro vence recién el 31 de marzo de 2009. Es decir, justo cuando termina la temporada estival y cuando prácticamente la exposición al peligro ha disminuido notablemente junto con la concurrencia de veraneantes al sur.
Esto, que parece una burla al sentido común y a la seguridad pública, tiene que ser aclarado a la brevedad posible por las autoridades municipales para pasar de inmediato a tomar las medidas correctivas.
Según un estudio elaborado por la Municipalidad de Lima, 76 de los 228 paneles ubicados en los primeros 56 kilómetros de la Panamericana Sur no cumplen con la ordenanza 1094 del año 2007, que establece que los paneles deben estar separados por 300 metros de distancia uno de otro y no pueden invadir los aires de la pista. La disposición también prohíbe colocar avisos publicitarios en la berma central y fija multas para los infractores, que hasta ahora no se aplican. Como es evidente, todo esto es letra muerta para muchos.
¿Qué está pasando? No se trata solo de la contaminación visual, que afecta el sentido estético, sino que, como bien ha resumido el alcalde Luis Castañeda Lossio, "se está poniendo en peligro la vida de las personas", por lo que debe prevalecer el criterio de seguridad y defensa de la integridad.
Es mucho lo que está en juego. No estamos en contra de una actividad comercial que ha crecido en los últimos años, sino del abuso que se hace de ella en contra del ordenamiento legal.
El caos que genera la profusión de paneles publicitarios, que no respetan las disposiciones sobre ubicación, tamaño ni distancia entre uno y otro, debe terminar ya con su erradicación definitiva. No podemos esperar que sucedan accidentes para recién actuar, simplemente por la indolencia de las autoridades o por la prevalencia de intereses económicos.
La llamada de atención va dirigida también a algunos controvertidos jueces del Poder Judicial que aceptan írritas acciones de amparo para mantener los paneles ilegales.
La Municipalidad de Lima tiene que accionar para hacer valer sus atribuciones y sus derechos, que son los de los vecinos, mientras que la OCMA y los órganos contralores deben investigar y denunciar a aquellos magistrados que sospechosamente aceptan dichas acciones.
La política de hechos consumados, es decir, de dejar pasar el tiempo porque los paneles ya fueron colocados y algunos sí pagaron los derechos a pesar de pisotear disposiciones reglamentarias, resulta especialmente nefasta, indignante y culposa, sobre todo cuando se pone en riesgo la vida de miles de personas.
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