El año 2007 el Perú fue sede de aquellas naciones de cinco continentes que prohíben la fabricación y el uso de las llamadas bombas de racimo. Países como EE UU, Chile o Israel tienen sin embargo una antigua –y activa– industria que produce y vende esos artefactos letales. Precisamente, en el actual conflicto del Medio Oriente el mundo es testigo del lanzamiento de bombas de racimo por parte de la artillería y la aviación israelí sobre la Franja de Gaza.
Como país respetuoso de los acuerdos internacionales –como aquel que ha suscrito junto a más de setenta naciones, condenando el uso de esas bombas por sus efectos devastadores– Perú debería alzar su voz de protesta contra aquella práctica israelí. No hacerlo sentaría un mal precedente que iría en contra de la decisión mundial por proscribirlas. Así nuestro país demostraría liderazgo, seriedad y coherencia con sus políticas tanto exterior como interna.
Por ejemplo, en este momento nuestras Fuerzas Armadas combaten al terrorismo –para ser exactos, en Vizcatán, zona del VRAE donde se encuentran remanentes de Sendero Luminoso–. Pero en este asunto hay una diferencia que debe distinguirse en relación con las tropas israelíes. Las fuerzas del orden peruanas saben que para derrotar al terrorismo no se debe hacer uso desproporcionado e irracional de la fuerza. Es decir, no es dable “rocketear” las zonas donde se esconden los terroristas puesto que esto pondría en peligro la vida de civiles (mujeres y niños, especialmente, que como siempre con su actitud cobarde, el terrorismo usa de escudos) que nada tienen que ver con el enfrentamiento militar. Peor aún si se disparan bombas de racimo (armas que, dicho sea de paso, Perú no posee y que tienen la característica de ser lanzadas por aviones o por piezas de artillería para que exploten en el aire y dejen caer, a su vez, centenares de pequeñas bombas que cubren un radio de mil metros a la redonda, para acabar detonando al impacto con el suelo o con los edificios).
Sin embargo, muchas de esas partículas de explosivos no llegan a detonar, quedando intactas en jardines, ramas de árboles, azoteas, veredas, etc., y al ser manipuladas o pisadas por seres humanos –o animales– estallan mutilando las extremidades de las víctimas. O dejándolas ciegas, o cuando no muertas. De modo que las bombas de racimo quedan sembradas como centenares de pequeñas minas antipersonas. Además está demostrado que, por más que esas armas sean usadas por las fuerzas militares en las zonas de conflicto, lo cierto es que debido a la larga duración que tienen, el campo donde han sido regadas quedará como una potencial tumba para los civiles que tengan la mala suerte de toparse con una de ellas cuando regresan a sus hogares después de la guerra.
La Santa Sede ratificó el 3 de diciembre de 2008 la “Convención sobre la prohibición de las bombas de racimo”. El Vaticano formó parte de los primeros Estados en prohibir el uso de estos artilugios, junto a Austria, Irlanda, México, Noruega y Perú. En consecuencia, todos los firmantes del documento están obligados a protestar severamente por el atentado que viene cometiéndose en la Franja de Gaza, al seguir usando estos artefactos mortíferos.
Como país respetuoso de los acuerdos internacionales –como aquel que ha suscrito junto a más de setenta naciones, condenando el uso de esas bombas por sus efectos devastadores– Perú debería alzar su voz de protesta contra aquella práctica israelí. No hacerlo sentaría un mal precedente que iría en contra de la decisión mundial por proscribirlas. Así nuestro país demostraría liderazgo, seriedad y coherencia con sus políticas tanto exterior como interna.
Por ejemplo, en este momento nuestras Fuerzas Armadas combaten al terrorismo –para ser exactos, en Vizcatán, zona del VRAE donde se encuentran remanentes de Sendero Luminoso–. Pero en este asunto hay una diferencia que debe distinguirse en relación con las tropas israelíes. Las fuerzas del orden peruanas saben que para derrotar al terrorismo no se debe hacer uso desproporcionado e irracional de la fuerza. Es decir, no es dable “rocketear” las zonas donde se esconden los terroristas puesto que esto pondría en peligro la vida de civiles (mujeres y niños, especialmente, que como siempre con su actitud cobarde, el terrorismo usa de escudos) que nada tienen que ver con el enfrentamiento militar. Peor aún si se disparan bombas de racimo (armas que, dicho sea de paso, Perú no posee y que tienen la característica de ser lanzadas por aviones o por piezas de artillería para que exploten en el aire y dejen caer, a su vez, centenares de pequeñas bombas que cubren un radio de mil metros a la redonda, para acabar detonando al impacto con el suelo o con los edificios).
Sin embargo, muchas de esas partículas de explosivos no llegan a detonar, quedando intactas en jardines, ramas de árboles, azoteas, veredas, etc., y al ser manipuladas o pisadas por seres humanos –o animales– estallan mutilando las extremidades de las víctimas. O dejándolas ciegas, o cuando no muertas. De modo que las bombas de racimo quedan sembradas como centenares de pequeñas minas antipersonas. Además está demostrado que, por más que esas armas sean usadas por las fuerzas militares en las zonas de conflicto, lo cierto es que debido a la larga duración que tienen, el campo donde han sido regadas quedará como una potencial tumba para los civiles que tengan la mala suerte de toparse con una de ellas cuando regresan a sus hogares después de la guerra.
La Santa Sede ratificó el 3 de diciembre de 2008 la “Convención sobre la prohibición de las bombas de racimo”. El Vaticano formó parte de los primeros Estados en prohibir el uso de estos artilugios, junto a Austria, Irlanda, México, Noruega y Perú. En consecuencia, todos los firmantes del documento están obligados a protestar severamente por el atentado que viene cometiéndose en la Franja de Gaza, al seguir usando estos artefactos mortíferos.
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