Fedadoi

Según el Ministerio de Justicia, de los 183 millones de dólares recuperados por el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (Fedadoi), sólo quedan 337 mil dólares. Ese dinero provino principalmente de los latrocinios incautados al montesinismo. De otro lado, creemos que lo más aconsejable que debió hacer el gobierno de Alan García, apenas asumió el mando, fue realizar una auditoría a los saldos –recuperado por el Estado– que recibía de manos de la administración toledista, con el fin principal de precisar en qué había invertido el gobierno anterior esa enorme cantidad de recursos –183 millones de dólares–, así como de confirmar el importe restante.

Hoy, sin embargo, resulta necesario hacer una investigación al uso de ese fondo. Pero esta indagación no debería formularse sobre suspicacias caprichosas sino a partir de principios éticos que obligan a las personas –o a las instituciones– a rendir cuenta del dinero público que administran. En ese sentido, lo central es descartar si Fedadoi fue la caja chica de los toledistas que gobernaron entre 2001 y julio de 2006, en vista de que el grueso de los recursos de la referida entidad se gastó en ese período. Para tener una visión cabal del tema, reparemos que por Decreto de Urgencia N° 122-2001, promulgado el 27 de octubre de 2001, se creó el Fedadoi. Posteriormente, mediante D. U. N° 125-2001 y 139-2001 aumentaron las facilidades del uso de ese dinero recuperado.

El Fedadoi es un ente integrado por representantes de la PCM, del Ministerio de Justicia, del Interior y de Economía y Finanzas. A ellos se les encomendó supervisar los fondos provenientes de actividades ilícitas en agravio del Estado. Para ello abrieron cuentas en el Banco de la Nación. Sus miembros estaban obligados a reunirse dos veces por mes o cuando su presidente convocara a sesión extraordinaria. Sus acuerdos deben constar en algún libro de actas. El artículo 11 de su reglamento señala expresamente la necesidad de invertir parte de aquel dinero en la construcción de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, previa aprobación del Ministerio de Justicia. Hasta donde se tiene conocimiento, sin embargo, el Fedadoi destinó ingentes recursos para pagar costosas asesorías legales, servicios y honorarios de las procuradurías penales y anticorrupción. Asimismo la Contraloría de la República figuraba en la lista para recibir fondos, así como las recompensas a los colaboradores eficaces y las reparaciones. Es más, en el colmo de la temeridad, el artículo 13 de su reglamento dispuso que el Fedadoi habilitara gruesas sumas de dinero para la inefable Comisión de la Verdad CVR.

Pero sucede que cuando el Fedadoi fue requerido para que detalle la lista de sus ingresos y egresos, sencillamente respondió –con carta del 5 de febrero de 2003 firmada por el entonces viceministro de Justicia y presidente de Fedadoi, Alfredo Solf Monsalve– que era imposible hacerlo porque todo el acervo documental “se lo llevó” el Ministerio de Justicia a la PCM. Peloteo que ha servido para no explicar cuánto dinero recibió y gastó el Fedadoi. Por eso tiene que investigarse si resultó ser una caja chica para hacer pagos de carácter incompatible o, peor aún, ilegítimos. Política, administrativa y contablemente urge determinar si Fedadoi se apartó del objetivo para el cual fue creado.

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