Nuestro diario reveló el domingo último que la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos adiestra y suministra equipos para la interceptación telefónica que preocupa al país.
El mismo día, el Presidente Alan García admitió que los “chuponeadores”, por lo general marinos, son entrenados por la CIA.
Esto es algo que viene de lejos. Sumamente peligroso es que un mecanismo de espionaje comunicacional esté en manos de personal marino, que, según se afirma, actúa a espaldas de sus mandos altos.
La CIA, órgano del gobierno de Washington, tiene el equipo técnico adecuado no sólo para recibir la información captada, sino también para transmitirla con prontitud a sus aliados.
Se ha visto que hasta el ministro de Defensa era chuponeado. ¿Quién garantiza que la información pertinente no ha sido enviada a Chile, por ejemplo?
Los marinos comprendidos en el caso deben ser rigurosamente investigados, sin importar que sean amigos íntimos del vicepresidente Luis Giampietri.
Aparte de lo oficial y militar, la captación ilegal de comunicaciones viola la Constitución. Esta consagra, en efecto, en su artículo segundo, inciso 10, el derecho de toda persona al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
El texto constitucional precisa que “las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”.
Esto quiere decir que la protección constitucional puede ser interrumpida únicamente en casos como los de investigaciones sobre narcotráfico, terrorismo, negocio turbio, homicidio o atentados contra la seguridad nacional.
Es esa una válvula legal que se abre en todos los países y todos los regímenes.
Pero lo que no se puede admitir es que un Estado extranjero o una compañía foránea intercepten, con ayuda de funcionarios y oficiales peruanos, para fines de negocios u otros, las comunicaciones privadas.
En 1981, El Diario Marka acogió una denuncia del congresista Javier Diez Canseco respecto a un centro de interceptación telefónica. Luego de ubicar el local, los redactores tocaron insistentemente a la puerta. Nadie abrió. Entonces se decidió montar guardia las 24 horas del día. Días después, agotados por el asedio, los espías salieron. Fueron fotografiados.
Se supo así que la interceptación contaba con la complicidad de la Compañía Peruana de Teléfonos. El local de los acechadores estaba a pocos metros de la sede central de esa empresa.
Ahora, como destacó ayer nuestro diario, Alan García no descarta que personal de la empresa española Telefónica S.A. esté involucrado en la tramoya inconstitucional y antinacional.
Todo hay que investigarlo a fondo. No cabe aquí el “no se oye, padre”.
LA PRIMERA
El mismo día, el Presidente Alan García admitió que los “chuponeadores”, por lo general marinos, son entrenados por la CIA.
Esto es algo que viene de lejos. Sumamente peligroso es que un mecanismo de espionaje comunicacional esté en manos de personal marino, que, según se afirma, actúa a espaldas de sus mandos altos.
La CIA, órgano del gobierno de Washington, tiene el equipo técnico adecuado no sólo para recibir la información captada, sino también para transmitirla con prontitud a sus aliados.
Se ha visto que hasta el ministro de Defensa era chuponeado. ¿Quién garantiza que la información pertinente no ha sido enviada a Chile, por ejemplo?
Los marinos comprendidos en el caso deben ser rigurosamente investigados, sin importar que sean amigos íntimos del vicepresidente Luis Giampietri.
Aparte de lo oficial y militar, la captación ilegal de comunicaciones viola la Constitución. Esta consagra, en efecto, en su artículo segundo, inciso 10, el derecho de toda persona al secreto y la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
El texto constitucional precisa que “las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”.
Esto quiere decir que la protección constitucional puede ser interrumpida únicamente en casos como los de investigaciones sobre narcotráfico, terrorismo, negocio turbio, homicidio o atentados contra la seguridad nacional.
Es esa una válvula legal que se abre en todos los países y todos los regímenes.
Pero lo que no se puede admitir es que un Estado extranjero o una compañía foránea intercepten, con ayuda de funcionarios y oficiales peruanos, para fines de negocios u otros, las comunicaciones privadas.
En 1981, El Diario Marka acogió una denuncia del congresista Javier Diez Canseco respecto a un centro de interceptación telefónica. Luego de ubicar el local, los redactores tocaron insistentemente a la puerta. Nadie abrió. Entonces se decidió montar guardia las 24 horas del día. Días después, agotados por el asedio, los espías salieron. Fueron fotografiados.
Se supo así que la interceptación contaba con la complicidad de la Compañía Peruana de Teléfonos. El local de los acechadores estaba a pocos metros de la sede central de esa empresa.
Ahora, como destacó ayer nuestro diario, Alan García no descarta que personal de la empresa española Telefónica S.A. esté involucrado en la tramoya inconstitucional y antinacional.
Todo hay que investigarlo a fondo. No cabe aquí el “no se oye, padre”.
LA PRIMERA
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