En octubre del año pasado se hicieron públicas cintas magnetofónicas ilícitas conocidas como los “petroaudios”, que trajeron como consecuencia la caída del gabinete Del Castillo. Pero también concitaron –de parte de la ciudadanía– el rechazo y repudio más enérgico, debido a que tan cuestionable como sus contenidos puestos de manifiesto a través de los medios de prensa era su origen absolutamente delictivo.
En su momento zanjamos sobre el particular: No debe perseguirse un supuesto delito cometiendo otros más graves.
En un país democrático y libre como el Perú, donde la Constitución prescribe como derecho humano la confidencialidad de las comunicaciones y el respeto a la intimidad personal, no podía permitirse que permanezcan en la impunidad los autores materiales e intelectuales del ilícito espionaje telefónico. Así, sectores respetables de la sociedad pidieron a las autoridades una investigación completa para dar con los culpables de la interceptación telefónica que sistemáticamente aparece en nuestra vida política, y con mayor descaro y morbosidad desde que Vladimiro Montesinos montó la más grande red de corrupción y “chuponeo” que ahora otros agazapados siguen su mal ejemplo.
Pero la buena noticia para el país, frente a esa lacra dedicada a la ilegal interceptación de las comunicaciones –disfrazada inclusive con RUC de la Sunat y razón social para figurar como empresas que brindan asesoría en seguridad u otros giros postizos–, la ha dado la Fiscalía de la Nación, al comunicar al país la captura de varias personas integrantes de la firma Business Track SAC, algunos de cuyos integrantes –dicho sea de paso– son miembros de la Marina de Guerra del Perú (unos en actividad y otros en situación de retiro), empresa aquella que habría realizado el espionaje al empresario puertorriqueño Fortunato Canaán y a Rómulo León. Pero cuidado que tan culpables como los presuntos implicados en “chuponeo” –ahora detenidos gracias a la labor del Ministerio Público y de la Dinandro–, son quienes contrataron los servicios de Business Track con fines protervos.
Ahora bien, individualizadas las responsabilidades e identificados los presuntos “chuponeadores”, la Marina de Guerra –en tanto institución evidentemente por encima de este deshonor– necesita abrir todos sus canales de información y cooperación para brindar detalles y antecedentes en relación a su personal en actividad que se encontraría comprometido en este entuerto, así como del inmueble que en apariencia fungía de sede de actividades de contrainteligencia. Con sujetos inescrupulosos o delincuentes –a quienes gusta espiar por dinero– no sólo se pone en vergüenza la imagen del país, sino también en peligro la estabilidad democrática (recordemos que así cayó un gabinete), y al final del día en riesgo la seguridad nacional. Por tanto hay que destacar la labor de la Fiscalía y la PNP, pero a la vez respaldar a ambas instancias para que dirijan a fondo sus pesquisas a fin de desbaratar todas las redes de interceptación telefónica a nivel nacional y, en virtud de las pruebas que se obtengan, sancionar drástica y ejemplarmente tanto a los “chuponeadores” como a quienes pagan por “chuponear”.
EXPRESO
En su momento zanjamos sobre el particular: No debe perseguirse un supuesto delito cometiendo otros más graves.
En un país democrático y libre como el Perú, donde la Constitución prescribe como derecho humano la confidencialidad de las comunicaciones y el respeto a la intimidad personal, no podía permitirse que permanezcan en la impunidad los autores materiales e intelectuales del ilícito espionaje telefónico. Así, sectores respetables de la sociedad pidieron a las autoridades una investigación completa para dar con los culpables de la interceptación telefónica que sistemáticamente aparece en nuestra vida política, y con mayor descaro y morbosidad desde que Vladimiro Montesinos montó la más grande red de corrupción y “chuponeo” que ahora otros agazapados siguen su mal ejemplo.
Pero la buena noticia para el país, frente a esa lacra dedicada a la ilegal interceptación de las comunicaciones –disfrazada inclusive con RUC de la Sunat y razón social para figurar como empresas que brindan asesoría en seguridad u otros giros postizos–, la ha dado la Fiscalía de la Nación, al comunicar al país la captura de varias personas integrantes de la firma Business Track SAC, algunos de cuyos integrantes –dicho sea de paso– son miembros de la Marina de Guerra del Perú (unos en actividad y otros en situación de retiro), empresa aquella que habría realizado el espionaje al empresario puertorriqueño Fortunato Canaán y a Rómulo León. Pero cuidado que tan culpables como los presuntos implicados en “chuponeo” –ahora detenidos gracias a la labor del Ministerio Público y de la Dinandro–, son quienes contrataron los servicios de Business Track con fines protervos.
Ahora bien, individualizadas las responsabilidades e identificados los presuntos “chuponeadores”, la Marina de Guerra –en tanto institución evidentemente por encima de este deshonor– necesita abrir todos sus canales de información y cooperación para brindar detalles y antecedentes en relación a su personal en actividad que se encontraría comprometido en este entuerto, así como del inmueble que en apariencia fungía de sede de actividades de contrainteligencia. Con sujetos inescrupulosos o delincuentes –a quienes gusta espiar por dinero– no sólo se pone en vergüenza la imagen del país, sino también en peligro la estabilidad democrática (recordemos que así cayó un gabinete), y al final del día en riesgo la seguridad nacional. Por tanto hay que destacar la labor de la Fiscalía y la PNP, pero a la vez respaldar a ambas instancias para que dirijan a fondo sus pesquisas a fin de desbaratar todas las redes de interceptación telefónica a nivel nacional y, en virtud de las pruebas que se obtengan, sancionar drástica y ejemplarmente tanto a los “chuponeadores” como a quienes pagan por “chuponear”.
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