Se sentía últimamente desgano –y hasta “fuga de talentos”– entre los especialistas y técnicos más calificados de la administración pública. Es más, esta desazón también llegó al seno del Gabinete, donde no pocos ministros –a confesión de parte– declararon que pasaban apuros económicos. El propio primer mandatario, Alan García Pérez, hace meses se dio cuenta de la situación y declaró públicamente en algunas oportunidades que los sueldos de los ministros no eran suficientes.
Pues bien, el Poder Ejecutivo procedió la semana pasada a aprobar el Decreto de Urgencia Nº 01–2009, mediante el cual se homologaron los ingresos remunerativos de los ministros con el de los congresistas de la República. Pero ante las críticas de algunos políticos y sectores populares –a pesar de que la medida no dejaba de ser procedente– el premier Yehude Simon y los miembros acordaron ayer pedir al jefe de Estado la derogatoria de la referida norma.
¿Qué argumenta el gabinete ministerial para sostener tamaño retroceso? El presidente del Consejo de Ministros manifestó que, “si bien el incremento era justo y acorde con la ley, debido a algunas voces, como las del pueblo, que afirma que no es armónico el aumento de sueldos, y por respeto a ellos, los ministros consideran necesario pedirle al Presidente de la República que derogue el decreto” y que todo vuelva al estado anterior a la publicación del mismo. Luego acotó el Premier: necesitamos trabajar en normalidad. En otros términos, la decisión del Gabinete es sacrificarse para no generar más ruido sobre la propuesta –legal– de homologar sus emolumentos con los de los parlamentarios.
Consideramos que estas cosas generalmente suceden en la política, que no deja ser paradójica, folclórica y a ratos impredecible. No obstante creemos que esta marcha atrás no es lo más aconsejable, pues por debatir sobre soles más o soles menos ante la platea, se deja de lado una necesaria y justa nivelación que garantizaría precisamente que profesionales de primer nivel se mantengan –o incorporen– en puestos clave de la gestión del Estado. Se requiere que los altos funcionarios públicos tengan sueldos decorosos, ingresos acordes con la dedicación y compromiso que representan las funciones de ministros y viceministros.
Además es claro que derogando ese decreto no se resuelve el caos existente en los sueldos de la administración pública, agudizado luego que los congresistas decidieran incorporar los inefables “gastos operativos” a su remuneración básica mensual. Lo propio hicieron los vocales del Poder Judicial. De manera que el Ejecutivo simplemente intentaba sincerar los emolumentos de los ministros que –al no aplicarse la norma aprobada por el Legislativo– han quedado rezagados ante esos otros altos funcionarios de Estado. En puridad, ese sinceramiento no es cuestionable. Ahora, frente a lo que decida el presidente García en relación con la solicitud de sus ministros respecto a la homologación, lo que sí debe corregirse cuanto antes es el frondoso árbol normativo, problema de fondo que complota contra toda simplificación y coherencia en la gestión pública para que los buenos técnicos no sigan emigrando al sector privado.
expreso
Pues bien, el Poder Ejecutivo procedió la semana pasada a aprobar el Decreto de Urgencia Nº 01–2009, mediante el cual se homologaron los ingresos remunerativos de los ministros con el de los congresistas de la República. Pero ante las críticas de algunos políticos y sectores populares –a pesar de que la medida no dejaba de ser procedente– el premier Yehude Simon y los miembros acordaron ayer pedir al jefe de Estado la derogatoria de la referida norma.
¿Qué argumenta el gabinete ministerial para sostener tamaño retroceso? El presidente del Consejo de Ministros manifestó que, “si bien el incremento era justo y acorde con la ley, debido a algunas voces, como las del pueblo, que afirma que no es armónico el aumento de sueldos, y por respeto a ellos, los ministros consideran necesario pedirle al Presidente de la República que derogue el decreto” y que todo vuelva al estado anterior a la publicación del mismo. Luego acotó el Premier: necesitamos trabajar en normalidad. En otros términos, la decisión del Gabinete es sacrificarse para no generar más ruido sobre la propuesta –legal– de homologar sus emolumentos con los de los parlamentarios.
Consideramos que estas cosas generalmente suceden en la política, que no deja ser paradójica, folclórica y a ratos impredecible. No obstante creemos que esta marcha atrás no es lo más aconsejable, pues por debatir sobre soles más o soles menos ante la platea, se deja de lado una necesaria y justa nivelación que garantizaría precisamente que profesionales de primer nivel se mantengan –o incorporen– en puestos clave de la gestión del Estado. Se requiere que los altos funcionarios públicos tengan sueldos decorosos, ingresos acordes con la dedicación y compromiso que representan las funciones de ministros y viceministros.
Además es claro que derogando ese decreto no se resuelve el caos existente en los sueldos de la administración pública, agudizado luego que los congresistas decidieran incorporar los inefables “gastos operativos” a su remuneración básica mensual. Lo propio hicieron los vocales del Poder Judicial. De manera que el Ejecutivo simplemente intentaba sincerar los emolumentos de los ministros que –al no aplicarse la norma aprobada por el Legislativo– han quedado rezagados ante esos otros altos funcionarios de Estado. En puridad, ese sinceramiento no es cuestionable. Ahora, frente a lo que decida el presidente García en relación con la solicitud de sus ministros respecto a la homologación, lo que sí debe corregirse cuanto antes es el frondoso árbol normativo, problema de fondo que complota contra toda simplificación y coherencia en la gestión pública para que los buenos técnicos no sigan emigrando al sector privado.
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