26.3.09

Carteles: cuentas o trampolín

Por: Beatriz Boza

¿Puede una ministra poner su nombre en el cartel de las obras que ejecuta su institución? ¿Puede una reguladora anunciar en calles y plazas que la rebaja de tarifas fue por iniciativa de su presidente? ¿Puede un alcalde poner su foto en carteles y banderolas? ¿Puede un presidente regional usar fondos públicos para “publicitarse”? Más allá de si es huachafo o no llenar parques y avenidas con fotos, firmas y nombre de la autoridad, la publicidad estatal es un tema de interés ciudadano. No solo porque esas banderolas, carteles y pancartas suelen ser financiados con recursos públicos sino porque reflejan una concepción caudillista del ejercicio del poder y de la gestión del Estado.

¿Quién hace la carretera, la modificación tarifaria, el hospital, la conexión de agua potable o electrificación? ¿Es fruto de la labor de un individuo o de todo un equipo humano? ¿Quién financia la obra, convoca a los proveedores y es la contraparte que firma los contratos? ¿Será la persona que en ese momento ostenta el cargo o la entidad? Claramente, el presupuesto municipal, regional o ministerial es el que paga por la obra pública y la entidad es quien contrata y supervisa la misma. No es el alcalde ni el presidente regional, ministro o superintendente quien lo hace personalmente, sino el equipo de la propia institución.

Entender que el municipio, gobierno regional, ministerio o superintendencia es una persona jurídica distinta y diferente de quien ocupa el cargo contribuye a democratizar el ejercicio del poder y a institucionalizar la gestión estatal. Muchas veces, nos resulta difícil entender eso, pues aún estamos marcados por una tradición caudillista fruto de nuestra historia.

El Congreso hace bien en poner a debate un proyecto de ley para regular la publicidad estatal en la ejecución de obras públicas. Pero la propuesta parecería tener nombre y apellido, pues solo se aplica a obras municipales y regionales, y deja de lado la publicidad realizada por el resto de entidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo.

El presupuesto de inversión pública de este año asciende a S/.22 mil millones, de los cuales 43% (S/.9,5 mil millones) es municipal, 18% (S/.3,9 mil millones) es de los gobiernos regionales y 39% (S/.8,6 mil millones) del gobierno nacional. Ad portas de un año electoral, nos toca cuidar que el “piso” sea igual para todos y no generar más diferencias entre los distintos niveles de gobierno.

EL COMERCIO

No hay comentarios: