Por: Beatriz Boza
¿Puede una ministra poner su nombre en el cartel de las obras que ejecuta su institución? ¿Puede una reguladora anunciar en calles y plazas que la rebaja de tarifas fue por iniciativa de su presidente? ¿Puede un alcalde poner su foto en carteles y banderolas? ¿Puede un presidente regional usar fondos públicos para “publicitarse”? Más allá de si es huachafo o no llenar parques y avenidas con fotos, firmas y nombre de la autoridad, la publicidad estatal es un tema de interés ciudadano. No solo porque esas banderolas, carteles y pancartas suelen ser financiados con recursos públicos sino porque reflejan una concepción caudillista del ejercicio del poder y de la gestión del Estado.
¿Quién hace la carretera, la modificación tarifaria, el hospital, la conexión de agua potable o electrificación? ¿Es fruto de la labor de un individuo o de todo un equipo humano? ¿Quién financia la obra, convoca a los proveedores y es la contraparte que firma los contratos? ¿Será la persona que en ese momento ostenta el cargo o la entidad? Claramente, el presupuesto municipal, regional o ministerial es el que paga por la obra pública y la entidad es quien contrata y supervisa la misma. No es el alcalde ni el presidente regional, ministro o superintendente quien lo hace personalmente, sino el equipo de la propia institución.
Entender que el municipio, gobierno regional, ministerio o superintendencia es una persona jurídica distinta y diferente de quien ocupa el cargo contribuye a democratizar el ejercicio del poder y a institucionalizar la gestión estatal. Muchas veces, nos resulta difícil entender eso, pues aún estamos marcados por una tradición caudillista fruto de nuestra historia.
El Congreso hace bien en poner a debate un proyecto de ley para regular la publicidad estatal en la ejecución de obras públicas. Pero la propuesta parecería tener nombre y apellido, pues solo se aplica a obras municipales y regionales, y deja de lado la publicidad realizada por el resto de entidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo.
El presupuesto de inversión pública de este año asciende a S/.22 mil millones, de los cuales 43% (S/.9,5 mil millones) es municipal, 18% (S/.3,9 mil millones) es de los gobiernos regionales y 39% (S/.8,6 mil millones) del gobierno nacional. Ad portas de un año electoral, nos toca cuidar que el “piso” sea igual para todos y no generar más diferencias entre los distintos niveles de gobierno.
EL COMERCIO
¿Puede una ministra poner su nombre en el cartel de las obras que ejecuta su institución? ¿Puede una reguladora anunciar en calles y plazas que la rebaja de tarifas fue por iniciativa de su presidente? ¿Puede un alcalde poner su foto en carteles y banderolas? ¿Puede un presidente regional usar fondos públicos para “publicitarse”? Más allá de si es huachafo o no llenar parques y avenidas con fotos, firmas y nombre de la autoridad, la publicidad estatal es un tema de interés ciudadano. No solo porque esas banderolas, carteles y pancartas suelen ser financiados con recursos públicos sino porque reflejan una concepción caudillista del ejercicio del poder y de la gestión del Estado.
¿Quién hace la carretera, la modificación tarifaria, el hospital, la conexión de agua potable o electrificación? ¿Es fruto de la labor de un individuo o de todo un equipo humano? ¿Quién financia la obra, convoca a los proveedores y es la contraparte que firma los contratos? ¿Será la persona que en ese momento ostenta el cargo o la entidad? Claramente, el presupuesto municipal, regional o ministerial es el que paga por la obra pública y la entidad es quien contrata y supervisa la misma. No es el alcalde ni el presidente regional, ministro o superintendente quien lo hace personalmente, sino el equipo de la propia institución.
Entender que el municipio, gobierno regional, ministerio o superintendencia es una persona jurídica distinta y diferente de quien ocupa el cargo contribuye a democratizar el ejercicio del poder y a institucionalizar la gestión estatal. Muchas veces, nos resulta difícil entender eso, pues aún estamos marcados por una tradición caudillista fruto de nuestra historia.
El Congreso hace bien en poner a debate un proyecto de ley para regular la publicidad estatal en la ejecución de obras públicas. Pero la propuesta parecería tener nombre y apellido, pues solo se aplica a obras municipales y regionales, y deja de lado la publicidad realizada por el resto de entidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo.
El presupuesto de inversión pública de este año asciende a S/.22 mil millones, de los cuales 43% (S/.9,5 mil millones) es municipal, 18% (S/.3,9 mil millones) es de los gobiernos regionales y 39% (S/.8,6 mil millones) del gobierno nacional. Ad portas de un año electoral, nos toca cuidar que el “piso” sea igual para todos y no generar más diferencias entre los distintos niveles de gobierno.
EL COMERCIO
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