Finalmente, el Instituto Metropolitano de Planificación del concejo provincial limeño (IMP) y la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM acaban de informar cuál es la situación real en que se encuentran los diferentes conflictos limítrofes de Lima. Y también han precisado los posibles canales de solución, por lo menos en 15 de los 40 casos pendientes, de aquí al 2011.
Tal vez ahora, ante la inminencia de las próximas elecciones municipales, los alcaldes involucrados salgan de su singular mutismo para enfrentar estos diferendos a través de mesas de diálogo, consultas populares u otros mecanismos viables.
Ante el descuido y desinterés que han mostrado hasta hoy, en realidad no merecerían ser reelegidos, porque han defraudado la confianza y expectativas de los ciudadanos, verdaderas víctimas de las imprecisiones limítrofes.
De un lado, estas comunas ni siquiera han cumplido con aplicar la Ley de Demarcación Territorial (Ley 27795), dada en el 2003, que precisamente señala que los pobladores tienen la potestad y la oportunidad de expresar su voluntad sobre la jurisdicción a la que quieren pertenecer. ¡Bajo este mecanismo, cuántos problemas podrían haberse resuelto en los últimos seis años si se hubiera cumplido la ley!
Del otro lado, tampoco han trabajado para lograr que el Congreso de la República promulgue la ley de creación de por lo menos siete distritos de Lima (Bellavista, Ate-Vitarte, Carabayllo, Chosica, Pueblo Libre, Pachacámac y Santiago de Surco), lo cual genera grandes dificultades. Allí, los residentes no saben a ciencia cierta a qué gobierno local pertenecen, aunque la ley de tributación municipal exige que paguen impuestos en comunas que muchas veces no se responsabilizan por los servicios que otorgan, en materia de ornato, parques y jardines o serenazgo.
En lo más inmediato, sin embargo, una primera salida es que las municipalidades recuperen la práctica de la audiencia pública que, como los antiguos cabildos, puede permitir ventilar estas y otras dificultades, así como definir la realización de las consultas vecinales. No puede permitirse tanta informalidad. De acuerdo con la información difundida, resulta que Chorrillos tiene conflictos limítrofes con Barranco, Surco, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores; Magdalena con San Isidro y Pueblo Libre; Santa María del Mar con San Bartolo y Pucusana, entre otros.
En este desorden, se requiere que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, a través del IMP, asuma el papel rector que le corresponde, como cabeza del concejo provincial, y lidere un proceso que acabe con el caos urbano que existe en Lima. Los límites distritales de la capital no pueden seguir en el limbo.
En cuanto al resto del país, la PCM tiene el enorme reto de demarcar territorialmente los 1.459 distritos que carecen de límites precisos (80% del total), un tema que pone sobre el tapete la fusión distrital y una zonificación más rigurosa. La situación actual es imprecisa e irregular, y solo favorece la manipulación de terrenos por parte de traficantes e invasores.
Tal vez ahora, ante la inminencia de las próximas elecciones municipales, los alcaldes involucrados salgan de su singular mutismo para enfrentar estos diferendos a través de mesas de diálogo, consultas populares u otros mecanismos viables.
Ante el descuido y desinterés que han mostrado hasta hoy, en realidad no merecerían ser reelegidos, porque han defraudado la confianza y expectativas de los ciudadanos, verdaderas víctimas de las imprecisiones limítrofes.
De un lado, estas comunas ni siquiera han cumplido con aplicar la Ley de Demarcación Territorial (Ley 27795), dada en el 2003, que precisamente señala que los pobladores tienen la potestad y la oportunidad de expresar su voluntad sobre la jurisdicción a la que quieren pertenecer. ¡Bajo este mecanismo, cuántos problemas podrían haberse resuelto en los últimos seis años si se hubiera cumplido la ley!
Del otro lado, tampoco han trabajado para lograr que el Congreso de la República promulgue la ley de creación de por lo menos siete distritos de Lima (Bellavista, Ate-Vitarte, Carabayllo, Chosica, Pueblo Libre, Pachacámac y Santiago de Surco), lo cual genera grandes dificultades. Allí, los residentes no saben a ciencia cierta a qué gobierno local pertenecen, aunque la ley de tributación municipal exige que paguen impuestos en comunas que muchas veces no se responsabilizan por los servicios que otorgan, en materia de ornato, parques y jardines o serenazgo.
En lo más inmediato, sin embargo, una primera salida es que las municipalidades recuperen la práctica de la audiencia pública que, como los antiguos cabildos, puede permitir ventilar estas y otras dificultades, así como definir la realización de las consultas vecinales. No puede permitirse tanta informalidad. De acuerdo con la información difundida, resulta que Chorrillos tiene conflictos limítrofes con Barranco, Surco, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores; Magdalena con San Isidro y Pueblo Libre; Santa María del Mar con San Bartolo y Pucusana, entre otros.
En este desorden, se requiere que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, a través del IMP, asuma el papel rector que le corresponde, como cabeza del concejo provincial, y lidere un proceso que acabe con el caos urbano que existe en Lima. Los límites distritales de la capital no pueden seguir en el limbo.
En cuanto al resto del país, la PCM tiene el enorme reto de demarcar territorialmente los 1.459 distritos que carecen de límites precisos (80% del total), un tema que pone sobre el tapete la fusión distrital y una zonificación más rigurosa. La situación actual es imprecisa e irregular, y solo favorece la manipulación de terrenos por parte de traficantes e invasores.
EL COMERCIO
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