Hace tres meses, el magistrado César Vega, estrechamente vinculado al APRA, fue extrañamente elegido titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, a pesar de estar duramente cuestionado por haber suscrito una serie de resoluciones judiciales que favorecieron la corrupción, cuando se desempeñaba como vocal supremo provisional junto al tremendo juez Robinson Gonzáles; además, tuvo el atrevimiento de hacer funcionar una oficina legal en la azotea de su domicilio, a cargo del ex personero legal del APRA, donde preparaban la defensa de uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos. Los compañeros trabajaban juntos, en la misma causa, uno alegaba como letrado y el otro resolvía como magistrado, esa era la magnitud del escándalo. Los responsables de aquella designación fueron vocales superiores que pensaron en algunas prebendas o cargos jurisdiccionales preferentes, prefirieron sus intereses personales y obviaron la necesidad de mejorar la administración de justicia y de lucha frontalmente contra la corrupción y la impunidad.
El APRA aseguró dicha elección y por eso se entregó Rómulo León; tenían que lograr que Alan García y Jorge Del Castillo no fueran tocados ni con el pétalo de una rosa. Alberto Quimper estaba feliz en su arresto domiciliario. Posteriormente, aparecieron nuevas capturas y colaboraciones eficaces, con lo cual se agravó el tema de las interceptaciones telefónicas, se comprometía seriamente a Luis Giampietri y se complicaban las altas esferas del gobierno; Vega necesitaba una jueza ad hoc que le reciba una llave para guardar las “pruebas” y le permita enterarse de los hechos, ya que existen audios que lo comprometerían, como aquel donde se dice “lo que pida el doctor Rómulo León lo va a hacer en mi nombre”. Si esta afirmación es veraz, Vega está descalificado, ética y moralmente, para seguir siendo el titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; la OCMA ha iniciado una pesquisa y en su oportunidad el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) podría destituirlo. Sin embargo, llama la atención el sospechoso comunicado del Consejo Ejecutivo Distrital de Lima que manifiesta su pleno respaldo a la gestión y a las acciones que lleva a cabo; estamos seguros que la población y, especialmente, los justiciables rechazarán aquel documento efectuado, únicamente, para favorecer a un magistrado seriamente cuestionado, ya que en los juzgados y salas, permanentemente, se cometen abusos y atropellos contra la ciudadanía. Nada ha variado; todo sigue igual.
El Poder Judicial necesita cambios radicales y magistrados que demuestren estar decididos a combatir la corrupción y la impunidad; César Vega no tiene esa sintonía legal. No queremos jueces, ni fiscales prevaricadores; menos aún, que sean timoratos, miedosos o sometidos ante el poder político partidario. La justicia mejorará, realmente, el día que se destituyan jueces y fiscales inmorales; y, cuando sean condenados a penas efectivas de prisión.
LA PRIMERA
El APRA aseguró dicha elección y por eso se entregó Rómulo León; tenían que lograr que Alan García y Jorge Del Castillo no fueran tocados ni con el pétalo de una rosa. Alberto Quimper estaba feliz en su arresto domiciliario. Posteriormente, aparecieron nuevas capturas y colaboraciones eficaces, con lo cual se agravó el tema de las interceptaciones telefónicas, se comprometía seriamente a Luis Giampietri y se complicaban las altas esferas del gobierno; Vega necesitaba una jueza ad hoc que le reciba una llave para guardar las “pruebas” y le permita enterarse de los hechos, ya que existen audios que lo comprometerían, como aquel donde se dice “lo que pida el doctor Rómulo León lo va a hacer en mi nombre”. Si esta afirmación es veraz, Vega está descalificado, ética y moralmente, para seguir siendo el titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; la OCMA ha iniciado una pesquisa y en su oportunidad el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) podría destituirlo. Sin embargo, llama la atención el sospechoso comunicado del Consejo Ejecutivo Distrital de Lima que manifiesta su pleno respaldo a la gestión y a las acciones que lleva a cabo; estamos seguros que la población y, especialmente, los justiciables rechazarán aquel documento efectuado, únicamente, para favorecer a un magistrado seriamente cuestionado, ya que en los juzgados y salas, permanentemente, se cometen abusos y atropellos contra la ciudadanía. Nada ha variado; todo sigue igual.
El Poder Judicial necesita cambios radicales y magistrados que demuestren estar decididos a combatir la corrupción y la impunidad; César Vega no tiene esa sintonía legal. No queremos jueces, ni fiscales prevaricadores; menos aún, que sean timoratos, miedosos o sometidos ante el poder político partidario. La justicia mejorará, realmente, el día que se destituyan jueces y fiscales inmorales; y, cuando sean condenados a penas efectivas de prisión.
LA PRIMERA
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