El reciente anuncio de que el Ejecutivo solicitará al Congreso el recorte de las funciones de la Contraloría General de la República ha generado explicables y muy justificadas suspicacias.
Y es que estando ese órgano acéfalo y visto el manejo corrupto de la administración pública —denunciado de manera reiterada últimamente en materia de adquisiciones, inversiones, contrataciones o concesiones amañadas— la propuesta no solo es inoportuna sino que incluso va contra lo que señala la Constitución.
En efecto, el artículo 82 de la Carta Magna es claro: la contraloría es ante todo una entidad descentralizada y autónoma, según lo establece además su ley orgánica, que debe “supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control”.
En otras palabras, una vigilancia sin cortapisas e integral sobre las técnicas de gestión aplicadas para prevenir la corrupción y luego una evaluación posterior sobre los resultados alcanzados; una tarea indispensable en la que la participación de las oficinas de control interno de cada entidad estatal es fundamental.
Estas últimas capacidades son, entre otras, las que se propone recortar mediante un proyecto que modificaría la Ley Orgánica 27785 del 23 de julio del 2002, porque, como aduce el Gobierno, en su aplicación hoy se imponen demasiados candados que están frenando el ritmo y la velocidad del “shock” de inversiones.
Lo que llama la atención es que gracias a esa norma, aprobada en el gobierno anterior, el órgano contralor realizó varias innovaciones en su estructura, como la incorporación de la evaluación de riesgos y la descentralización del control en 17 regiones, que si bien podrían mejorarse, no deben eliminarse ante las amenazas que se ciernen sobre el manejo de los recursos públicos.
Otro paso importante fue la institucionalización de la facultad de la contraloría para investigar y denunciar la corrupción administrativa, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción. Esta función, de acuerdo con lo informado, también se suprimiría inexplicablemente.
¡Cuidado! No se puede condicionar el impulso y velocidad que el Gobierno, con toda legitimidad, quiere imprimir a la promoción de capitales en la economía, al buen uso de los recursos públicos que constitucionalmente corresponde al órgano de control cautelar.
Mientras se mantenga esta falsa dicotomía, no avanzaremos ni en la lucha contra la corrupción enquistada en el aparato estatal ni en la puesta en marcha eficiente de las inversiones que el país necesita en carreteras, comunicaciones, servicios públicos, etc.
Si se quiere flexibilizar los procesos, vayamos poco a poco. Pero lo que corresponde es garantizar el control transparente e independiente como paso obligatorio e indispensable en la materialización de los buenos proyectos.
La Contraloría General de la República, en funcionamiento desde hace 79 años, requiere sobre todo mayor apoyo para modernizarse, sobre todo en un país como el nuestro, que demanda centralizar sus adquisiciones, controlar el derroche de recursos y ejecutar con responsabilidad las inversiones de envergadura que el país necesita .
Y es que estando ese órgano acéfalo y visto el manejo corrupto de la administración pública —denunciado de manera reiterada últimamente en materia de adquisiciones, inversiones, contrataciones o concesiones amañadas— la propuesta no solo es inoportuna sino que incluso va contra lo que señala la Constitución.
En efecto, el artículo 82 de la Carta Magna es claro: la contraloría es ante todo una entidad descentralizada y autónoma, según lo establece además su ley orgánica, que debe “supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control”.
En otras palabras, una vigilancia sin cortapisas e integral sobre las técnicas de gestión aplicadas para prevenir la corrupción y luego una evaluación posterior sobre los resultados alcanzados; una tarea indispensable en la que la participación de las oficinas de control interno de cada entidad estatal es fundamental.
Estas últimas capacidades son, entre otras, las que se propone recortar mediante un proyecto que modificaría la Ley Orgánica 27785 del 23 de julio del 2002, porque, como aduce el Gobierno, en su aplicación hoy se imponen demasiados candados que están frenando el ritmo y la velocidad del “shock” de inversiones.
Lo que llama la atención es que gracias a esa norma, aprobada en el gobierno anterior, el órgano contralor realizó varias innovaciones en su estructura, como la incorporación de la evaluación de riesgos y la descentralización del control en 17 regiones, que si bien podrían mejorarse, no deben eliminarse ante las amenazas que se ciernen sobre el manejo de los recursos públicos.
Otro paso importante fue la institucionalización de la facultad de la contraloría para investigar y denunciar la corrupción administrativa, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción. Esta función, de acuerdo con lo informado, también se suprimiría inexplicablemente.
¡Cuidado! No se puede condicionar el impulso y velocidad que el Gobierno, con toda legitimidad, quiere imprimir a la promoción de capitales en la economía, al buen uso de los recursos públicos que constitucionalmente corresponde al órgano de control cautelar.
Mientras se mantenga esta falsa dicotomía, no avanzaremos ni en la lucha contra la corrupción enquistada en el aparato estatal ni en la puesta en marcha eficiente de las inversiones que el país necesita en carreteras, comunicaciones, servicios públicos, etc.
Si se quiere flexibilizar los procesos, vayamos poco a poco. Pero lo que corresponde es garantizar el control transparente e independiente como paso obligatorio e indispensable en la materialización de los buenos proyectos.
La Contraloría General de la República, en funcionamiento desde hace 79 años, requiere sobre todo mayor apoyo para modernizarse, sobre todo en un país como el nuestro, que demanda centralizar sus adquisiciones, controlar el derroche de recursos y ejecutar con responsabilidad las inversiones de envergadura que el país necesita .
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