26.3.09

La demanda peruana y sus sólidos derechos

D esde que nuestro país cumplió con presentar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la memoria que sustenta la demanda peruana sobre la delimitación marítima, se avizoraba que Chile presentaría objeciones preliminares de acuerdo con lo que establece la propia normativa de las Naciones Unidas.

Lo que no se imaginó es que tan rápidamente algunas autoridades chilenas recurrirían a mecanismos que ni siquiera están al nivel de un descargo colateral, como aseverar de manera errada y tendenciosa que el Perú transgredió la reserva del proceso al publicar en un suplemento especial la demanda entregada a La Haya el 16 de enero del 2008, entre otros argumentos que respaldan la posición peruana.

Lo que no se dice, y allí está la mala intención, es que dicha información no solo es antigua y de acceso público, sino que fue difundida por la propia corte en su espacio web el mismo 16 de enero del 2008. En cuanto al resto de documentos publicados, se trata de legislación ampliamente conocida que da cuenta de los sólidos derechos que nuestro país ha venido sustentando por décadas, mucho antes de la elaboración de la memoria peruana. Es el caso de los acuerdos pesqueros de 1952 y de 1954, la Ley de Líneas de Base del Perú, la Cartografía Marítima, entre otras disposiciones jurídicas ajustadas al derecho internacional.

Llama la atención, por eso, que se acuse al Estado Peruano de haber incurrido en una transgresión contra la confidencialidad del litigio en marcha cuando, como reconocen incluso algunos medios de comunicación de Chile, lo único que ha hecho el Perú es difundir al país las razones jurídicas, históricas y geográficas que sustentan una justa demanda que ahora está en las manos del máximo tribunal de justicia del mundo.

Es más, criticar este esfuerzo solo apunta a desconocer que el Perú y también Chile, como estados involucrados en la controversia, tienen la potestad de participar a sus ciudadanos de las gestiones que realizan sus gobiernos para zanjar un problema histórico que de no resolverse tampoco permitirá consolidar un clima de sana convivencia bilateral y regional.

Más bien, lo que sí ha resultado impertinente y poco edificante es la actitud asumida inexplicablemente por el presidente Evo Morales quien, reiterando declaraciones expresadas por su cancillería, anotó el último lunes que la demanda presentada por el Perú contra Chile podría “perjudicar una solución a la demanda histórica de los bolivianos” de tener salida al mar.

No es la primera vez que el Gobierno Boliviano incurre en estos deslices, para involucrarse en un tema de soberanía, de interés solo para el Perú y Chile, que no le compete ni atañe directamente.

Como ha recalcado el canciller José Antonio García Belaunde, desde el punto de vista histórico y legal, la demanda peruana no afecta a Bolivia ni sus aspiraciones de mediterraneidad; por lo que “imaginar que una demanda bilateral puede afectar a un tercer país, es buscarle tres pies al gato”. Menos aun cuando, hasta donde se sabe, ni Bolivia ni Chile han negociado un acuerdo que evidentemente solo involucra a esas dos naciones.

Por el contrario, el gobierno de Evo Morales debería reconocer que el Perú ha concurrido a cuanto foro se ha convocado para tratar de hallar soluciones a una eventual salida de su país al mar. Sin embargo, recordemos que ese delicado tema debe ser abordado primero por Bolivia y por Chile de modo bilateral, y solo después de eso, y si es que la solución pasa por ceder territorios que fueron peruanos, sería necesaria la opinión del Perú.

EL COMERCIO

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